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Opinión

  • | 2003/07/27 00:00

    De mercaderes, mercenarios y mentiras

    Hernando Llano Angel, profesor de la Universidad de Javeriana de Cali, califica como mercaderes y mercenarios a los actores de la política colombiana pues, según el autor, "combaten por la paga y venden su lealtad y ferocidad al mejor postor".

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Los mercaderes y los mercenarios son los actores protagónicos de nuestra realidad política, pues están presentes con sus mentiras tanto en el Congreso como en el campo de batalla. En el escenario del Congreso, destaca el ministro del Interior y de Justicia, el litigioso Fernando Londoño Hoyos, y en el de la jungla, la compañía de soldados extraviados por la codicia y la ambición, al igual que las autodefensas y la guerrilla. Cada actor, en su respectivo escenario, se esfuerza por cumplir magistralmente los papeles de mercader y mercenario, actualizando todos los días su libreto de mentiras. Empecemos por el primero, prototipo del abogado litigante exitoso, cuya principal habilidad es hacer prevalecer el interés privado sobre el público, como lo ha demostrado con creces defendiendo el patrimonio de compañías internacionales contra el superior interés de la Nación en el Metro de Medellín pero también en el caso de Invercolsa. Labor comprensible y hasta encomiable en un abogado litigante, pero absolutamente inaceptable en un ministro de la política y la justicia, pues se convierte así en el estereotipo del alto funcionario que consagra como práctica y estilo de gobernar el acuerdo interpersonal, el cinismo y la mentira. Ejemplos de lo anterior abundan en la funesta gestión del llamado superministro. El más grave de todos, se encuentra en su peculiar estilo para agilizar en el Congreso el trámite de la ley de referendo, sustituyendo el debate y la divulgación pública del mismo por los almuerzos, encuentros y acuerdos con los honorables congresistas en el club El Nogal. En tamaña irregularidad se sustenta el concepto del Procurador General para solicitar la inexequibilidad de los principales artículos del referendo. Y esa irregularidad no es otra cosa que la sustitución del Congreso y su Gaceta, escenario y medio de difusión por excelencia para el debate y la divulgación del interés general, por un club privado como El Nogal apropiado para sellar y celebrar acuerdos y negocios entre particulares. Es claro que el carácter y el estilo de un abogado litigante no desaparece de la noche a la mañana y mucho menos por obra y gracia de una investidura ministerial. Más bien sucede todo lo contrario, traslada a su cargo todas las argucias y prácticas del litigante exitoso, como la adulación o la intimidación, según lo amerite cada situación. Así, un día adula al Congreso con el adjetivo de admirable y al siguiente lo ridiculiza al compararlo con una Cámara dedicada el consumo de estupefacientes. También hace de la mentira y el cinismo sus principales recursos retóricos para cautivar a la galería, como cuando afirmó que en el Putumayo no quedaba ni una sola mata de coca. O, lo que es más grave, cuando inventó toda una historia falsa contra el juez de ejecución de penas de Tunja para intimidarlo y demeritar su cumplimiento del deber legal. Quizá esto último haya sido una proyección de su mala conciencia, cuando se lucró como abogado defensor de Fernando Botero Zea, único condenado en el proceso 8.000 por haber desviado a sus cuentas dinero procedente de los Rodríguez. Al respecto, cómo no dudar si el dinero de sus honorarios como abogado defensor no procedió de dichas fuentes, que ahora lo escandalizan como superministro. Pero todo lo anterior sería una simple anécdota más de la picaresca nacional, si no fuera por dos factores que aseguran la permanencia del superministro en su cargo. El primero, el respaldo incondicional del Presidente, quien además de nominarlo ha sido el artífice de la fusión de dos ministerios que en todo auténtico Estado de derecho se conservan celosamente separados, como son el de la política y la justicia. Pero entre nosotros semejante politización de la justicia ha pasado inadvertida y sus consecuencias pueden ser funestas en áreas como la libertad de expresión y la esfera de una opinión pública independiente y plural, cada vez más censuradas y sutilmente controladas por el superministro. Esto ya se empieza a notar en el semanario El Espectador con la renuncia del periodista e investigador Fabio Castillo, quien develó todas las maniobras ventajosas de Londoño para enriquecer a sus socios y acrecentar su propio patrimonio cuando estuvo en la junta directiva del Banco Pacífico. Banco que curiosamente defraudó al fisco nacional al desviar a sus cuentas en el exterior más de 56.000 millones de pesos, producto del pago de impuestos y parafiscales consignados en dicha entidad bancaria por particulares. Semejante cuadro de irregularidades y faltas a la decencia y la ética pública demuestra a las claras el sentido de la lucha contra la corrupción y la politiquería del presidente Uribe, que corre paralelo al de su flexibilidad ética para promover acuerdos con las autodefensas. Así las cosas, uno tiene que concluir que entre el Presidente y el superministro existe mucho más que una indestructible amistad personal. Lo que existe es una identidad monolítica, pues son el derecho y el revés de una forma de gobernar que precisa de ambas caras: la amable que disculpa y la arrogante que insulta; la liberal pluralista y la conservadora dogmática; la austera que trabaja y la codiciosa que engaña. La una no puede existir sin la otra, pues ambas constituyen la esencia de este gobierno. De allí que la moción de censura que se promueve en el Congreso revista especial importancia, pues de prosperar sería la mejor forma de ejercer un efectivo control político sobre el Ejecutivo al ser privado de la más preciada joya de su corona. El segundo factor es todavía más revelador de la profundidad de la crisis nacional, pues tiene que ver con el amplio respaldo que aún tiene el superministro entre sectores de la opinión ciudadana, no obstante haberse demostrado judicialmente que su maniobra en Invercolsa fue fraudulenta, además de haberse tenido que retractar por inventar cargos sin prueba alguna contra el juez de Tunja. Lo anterior significa que dicha opinión ciudadana, cuya mayoría se precia de haber elegido al presidente Uribe, respalda ahora como ministro de la política y la justicia a un impostor y un mentiroso. Magistralmente lo escribió nuestro Nobel García Márquez en su proclama "Por un país al alcance de los niños": "En cada uno de nosotros cohabitan, de la manera más arbitraria la justicia y la impunidad; somos fanáticos del legalismo, pero llevamos bien despierto en el alma un leguleyo de mano maestra para burlar las leyes sin violarlas, o para violarlas sin castigo". En este caso también hay que concluir que para la autodenominada gente de bien que acompaña en forma entusiasta a este gobierno lo importante no es la verdad probada sino la mentira institucionalizada. No es la realidad social o económica sino el informe gubernamental lo que cuenta. Quizá por ello el ministro de Hacienda, Roberto Junguito, renunció a su cargo después de haber cumplido exitosamente la misión que le encomendó el presidente Uribe. El lugar a donde nos puede conducir semejante divorcio entre las palabras y los hechos parece ser la verdadera razón de la renuncia del Ministro de Hacienda. Amanecerá y veremos las nuevas "recomendaciones" del Fondo Monetario Internacional sobre el crecimiento del déficit fiscal y la deuda externa. Ya no dispongo de espacio para escribir algo sobre los mercenarios. Pero los hay en todas la filas, desde las internacionales, pasando por las estatales y las paraestatales hasta en las antiestatales, y dado su papel cada vez más publicitado en la política nacional merecen una segunda parte y oportunidad. Pero será en la próxima entrega... de autodefensas y guerrilleros, plenamente reconvertidos y reinsertados como ciudadanos de bien comprometidos desinteresadamente con la paz y la reconciliación nacional. Continuación
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