De la pirotecnia verbal a las soluciones estructurales

Por fin parece que se dejarán los insultos, al menos por ahora, para centrar la discusión en las condiciones necesarias para evitar la infiltración de los violentos en los procesos electorales futuros. Esa es la política que exige el momento y no la pandita de la pirotecnia verbal.

Cualquier respuesta al problema, sin embargo, debe partir del hecho de que mientras narcotráfico y grupos armados ilegales pervivan y se alimenten mutuamente, seguirán coexistiendo la intención de los violentos de influir en las decisiones públicas y la tentación de los políticos de obtener ventajas a partir de la amenaza del fusil o la seducción del dinero. Habrá que admitir entonces que las soluciones propuestas en estos días, si bien pueden contribuir a disminuir el impacto de esa alianza maldita, no podrán eliminarlo del todo. Seguiremos asistiendo cada cierto tiempo al afloramiento de información sobre vínculos de políticos con violentos y mafiosos. Si antes fue la presencia de Pablo Escobar en el Congreso, y el asesinato de Galán, después los 'Pepes', más tarde el 8.000 y ahora la para-política, mañana conoceremos el escándalo pendiente de los vínculos entre las Farc y algunos dirigentes de izquierda. Eso, faltaba más, no es resignación. Es el reconocimiento de que la solución definitiva no se dará sino cuando consigamos erradicar para siempre las mafias violentas. Por eso, la estrategia fundamental debe seguir siendo la de no aflojar en la política de seguridad democrática y en el combate contra narcotraficantes, paras y guerrillas.

En el entretanto hay mucho para hacer. Curiosamente, del Polo no ha venido nada constructivo. Más allá del dedo acusador, no hay de ellos un proyecto de ley o una propuesta concreta. En cambio, Gina Parody, Marta Lucía Ramírez y Rodrigo Rivera han puesto sobre la mesa ideas muy interesantes y que van en la dirección correcta.

Un primer bloque de soluciones busca establecer responsabilidades políticas que vayan más allá de las penales, individuales por naturaleza. Los partidos políticos que avalen candidatos a los que se les prueben vínculos con grupos armados ilegales deben pagar por su error. El costo iría desde la pérdida del escaño que corresponda al elegido que haya sido condenado por esos vínculos, hasta la obligación de devolver las sumas recibidas como reposición de votos. Aunque hay que afinarla, es interesante la posibilidad de descontar del total de votos del partido los obtenidos por el condenado, de manera que si después del descuento el partido no alcanza el umbral, pierda toda su representación en el cuerpo colegiado. El punto es obligar a que los partidos sean diligentes y tengan sistemas adecuados de selección de sus candidatos.

Un segundo paquete busca la reforma definitiva de la organización electoral, tantas veces hundida en los pasillos del Congreso. Hay que crear un verdadero tribunal electoral, independiente de los partidos, y establecer competencias claras para el Consejo Nacional, de manera que tenga dientes y pueda controlar de manera efectiva el flujo de fondos y la publicidad. Hay que cerrar la puerta de acceso de la infiltración criminal: los costos excesivos de las campañas.

El tercer grupo hace referencia a la necesidad de veedurías ciudadanas que permitan a cualquiera denunciar los delitos contra los mecanismos de participación democrática y poner en marcha investigaciones expeditas que eviten que quienes no tienen derecho a ellas por tramposos, ocupen las curules que corresponden a otros.

Por último, es indispensable que los partidos vayan más allá de la búsqueda de réditos políticos en la coyuntura y acepten la propuesta del gobierno de hacer un pacto para impulsar propuestas como las enunciadas y permitir que las elecciones de octubre sean limpias y transparentes.



Puntilla: El obstinado deseo de quien, sin méritos y con rabo de paja, quiere erigirse en el nuevo catón de la patria, lo ha llevado a hacer el ridículo y pedir la aplicación en Colombia de la Carta Democrática de la OEA, aplicable sólo cuando la democracia en un Estado se ve en verdadero peligro. No deja de sorprender, además, la incoherencia de quien considera que lo que acontece hoy en Venezuela es la panacea que deberíamos importar.