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Opinión

  • | 2018/10/05 00:55

    Ojo con la unificación de periodos

    El debate sobre la propuesta de unificar los periodos de los alcaldes y gobernadores, por un lado, con los del presidente y congresistas, por el otro, se contaminó por cuenta del mecanismo de transición que plantearon sus promotores: prolongar los periodos de los actuales mandatarios locales y departamentales hasta el 2022 (esto es, darles dos años y medio adicionales en el poder).

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La idea de unificar tiene argumentos válidos que deben ser analizados, así como interrogantes por resolver. Sin embargo, tratar de hacerla realidad con una transición antidemocrática e inconstitucional es un grave error.

La Constitución de 1991 amplió el periodo de los alcaldes de 2 a 3 años y estableció la elección popular de los gobernadores. Luego, en 2002, un acto legislativo amplió el periodo de las autoridades locales de 3 a 4 años (para los alcaldes que serían elegidos en 2003) igualándolo en duración al del presidente de la República.  Sin embargo, el desfase que existe entre los periodos de los diferentes niveles –los mandatarios locales inician su periodo un año y medio después del presidente- ha generado dificultades.

Los planes locales de desarrollo están condenados a coexistir con dos planes nacionales distintos, lo cual genera incertidumbre para muchas inversiones y dificulta la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno. Adicionalmente, las autoridades locales deben enfrentar la problemática que se genera por cuenta de la ley de garantías, que paraliza buena parte de su labor durante cuatro meses. La idea, que ya hace trámite en el Congreso, busca resolver principalmente esos dos inconvenientes.  

Sin embargo, el Congreso tiene que resolver dos enormes interrogantes para que pueda avanzar el trámite del proyecto: ¿cómo podemos garantizar que los debates sobre asuntos locales, que deben ser el eje de la discusión electoral en el nivel territorial, no sean eclipsados por los debates nacionales? Y ¿cómo lograr una transición que sea acorde con nuestros principios constitucionales? 

Sobre lo primero, la propuesta en estudio contempla que las autoridades locales sean elegidas el segundo domingo de marzo, el mismo día que se vota por Senado y Cámara. Como si ello fuera poco, en esa fecha también se realizan las consultas de los partidos para escoger candidato presidencial e inclusive se podrían convocar consultas interpartidistas para definir candidatos presidenciales de coalición. Si hoy en día lamentamos que muchos electores lleguen a las urnas sin haber conocido las propuestas de los candidatos, ¿cómo sería la situación si, además, los obligamos a votar por autoridades locales y nacionales el mismo día? ¿Habrá lugar en los medios de comunicación y espacios de opinión para debatir y analizar temas locales? ¿Habrá interés de los electores en escuchar las propuestas de los candidatos al concejo o a la JAL, cuando el debate presidencial está caliente? 

No es sano para la democracia local que se minimicen los temas de relevancia del municipio o del departamento, que de unificarse los períodos no serían más que un reflejo del debate nacional o, en el mejor de los casos, pasarían a un segundo plano. Debe entonces contemplarse la posibilidad de que la elección local se haga el mismo año, para resolver todos los problemas que hemos visto, pero conservando la sana separación entre las fechas en que ocurren las elecciones nacionales y las locales. Solo así preservaríamos el debate local como prioridad del elector a la hora de escoger su alcalde, gobernador, y de votar por su concejal y su diputado.                                                                                                         

Otra discusión debe darse alrededor del mecanismo de transición. Resulta a todas luces inconstitucional y antidemocrático pensar que vía reforma en el Congreso se amplíe el periodo de mandatarios que fueron elegidos por cuatro años. La razón no es porque nos guste o no un cierto alcalde, como lo han planteado (de manera equivocada, a mi juicio) Claudia López y Rodrigo Lara. La reacción de la ex senadora a la propuesta fue del siguiente tenor: “la fecha de la revocatoria del alcalde Peñalosa está fijada para el  26 de octubre de 2019”, mientras que el vocero de Cambio Radical manifestó que no está de acuerdo con “ampliarle el periodo a Peñalosa”. Así como se le ha criticado al uribismo su reforma con nombre propio y se critica a algunos de los que promueven este parágrafo transitorio por hacerlo pensando en los actuales mandatarios, la oposición debe ser coherente y, si vamos a criticarlo, ello debe hacerse por encima de las personas que hoy ocupan los cargos. ¿Si López y Lara apoyaran a Peñalosa, entonces la ampliación de los períodos de los actuales alcaldes sí sería constitucional y conveniente? Así no es como funciona una democracia, pues las instituciones deben estar por encima de quienes detentan cargos públicos.  

En este caso la democracia les preguntó a los electores quiénes querían que los gobernaran por cuatro años y fue con esa premisa, y bajo esas reglas de juego, que la gente votó. No puede ahora el Congreso, sin que medie participación alguna del elector, alargar el periodo por dos años y medio adicionales, por meritoria que sea la propuesta de unificar períodos. Sería mejor pensar que los próximos mandatarios locales sean elegidos por dos años y medio como un periodo de transición para poder hacer la unificación o que sean elegidos por 6 años para hacer la unificación en 2026. De esa manera los electores sabrán por cuántos años están eligiendo a su mandatario local y aquel que sea elegido tendrá claro, de antemano, por cuántos años debe gobernar y cómo debe estructurar su programa de gobierno. Un alargue de dos años y medio sacado del sombrero no puede ser la fórmula para hacer la transición. Ello es perjudicial para la democracia, es un irrespeto al elector, y abriría la puerta para todo tipo de improvisaciones en lo que queda del período ampliado.   

La unificación tiene sentido, entonces, siempre y cuando se preserve la discusión de temas locales en la elección de alcaldes y gobernadores y se garantice una transición constitucional que respete a los electores.

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