Las plagas del páramo

Aplausos de pie ha recibido la Corte Constitucional por el fallo que frena la explotación minera y de hidrocarburos en los páramos. Obvio. No hay que ser un ambientalista fundamentalista para hacerse una pregunta simple: ¿y desde cuándo en Colombia está permitido a los particulares extraer riquezas de las zonas donde nace el agua de todos?

La respuesta agria es: desde siempre. Es histórica la inconciencia sobre el oficio callado y laborioso de los páramos en la generación del agua, y no basta con rasgarnos las vestiduras por la explotación minera en tierras de frailejones porque desde siempre los ganados, la papa, la amapola y otros sembrados legales e ilegales han devastado enormes extensiones de páramo. Como si la riqueza que brota en manantiales fuera inagotable, y la vegetación de los páramos fuera un simple adorno, agricultores y ganaderos han explotado y envenenado las cimas de las montañas en beneficio propio con el silencio de las autoridades y casi siempre con su bendición cómplice.

Ya era suficiente con este daño sobre el suelo de las cimas de las montañas para que se permitiera, además, romper también el subsuelo. En los 8 años del gobierno de Álvaro Uribe se feriaron títulos mineros de punta a punta del país, a lo ancho y a lo alto, entre esos 26 en páramos. La “confianza inversionista” le abrió las puertas a una inversión extranjera malsana, que con dragas y retroexcavadoras arrasa con miles de hectáreas de donde brota el agua que surte el 70% de los colombianos. Hay 364 títulos mineros en zona de páramo, más de 100 mil hectáreas de tierra hurgada.

Un título minero es, en palabras simples, un contrato entre el estado y un particular en el que la empresa paga algo y se lleva el resto, mientras el estado deja hacer y se come callado la ensaladita del medio ambiente. Mantener el silencio hace parte de lo que se denomina “estabilidad jurídica”, respetar los derechos adquiridos de las empresas por sobre todas las cosas, sostener el miedo a las demandas que se interpondrían en caso de incumplirles el voto de comer callados.

El Plan de Desarrollo de Santos permitía la continuación de la exploración y explotación minera en páramos para los contratos otorgadas antes de 2010; es decir, no entregaba nuevas licencias pero reconocía los derechos adquiridos de las actuales. Lo mismo que nada. El ciclo natural del páramo y el agua se afecta cada día, no se puede pensar que valen más los riesgos de demandas que la falta de agua en unos años. O que las exploraciones y explotaciones de estos próximos años van a ser “de mentiritas” y que cuando se vayan los mineros nada habrá sucedido. No nos crean tan pendejos.

Como todo lo decente que nos rige en el país, con el fallo de esta semana la Corte Constitucional ha dado una orden que nunca nos iba a llegar emanada por el Congreso, y menos por el Gobierno, ¡Los páramos se respetan! Podrán patalear las empresas mineras, lo que el fallo señala es que vale más el agua que una demanda. Sacarán sus cuentas el Ministerio de Hacienda y la Agencia para la Defensa del Estado, habrá que dar muchas peleas y seguramente saldrán caras, pero estamos hablando de un bien no renovable. Se romperán la cabeza lobistas y funcionarios disfrazados de medio ambiente para mantener los intereses de las mineras, lo que la Corte dijo es que el agua de todos vale más que la coima que abunda en los bolsillos de los corruptos.

No va a ser fácil desmontar los taladros y la maquinaria pesada que escarba en los páramos, pero ojalá se haga más pronto que tarde. Esta medida, que tanto disgusta a algunos y satisface a todos, debe abrir los ojos a las autoridades sobre las otras afectaciones a los páramos, las de la agricultura y la ganadería. Pero sobre todo, abre una posible ruta jurídica para frenar otra cara del daño de la minería en zonas protegidas, como son los Parques Nacionales Naturales y las selvas proveedoras del oxígeno que respiramos. ¿Será que en el Ministerio del Medio Ambiente nadie se ha visto Colombia Magia Salvaje?

@anaruizpe