Procurador Carrillo, por segunda vez le hace “el favor” a la patria

En 1991 fue el promotor del movimiento estudiantil de la séptima papeleta que sirvió para convocar en un momento histórico de crisis institucional la Asamblea Nacional Constituyente que dio lugar a la Constitución Política de Colombia con mayores garantías fundamentales para los más necesitados. 

Ahora, en un momento parecido al de esa época, en términos propios del deporte de la pelota caliente, “la sacó del estadio, a lo profundo”, apelando la decisión adoptada por la sección de revisión de la Jurisdicción Especial de Paz que le aplicó la garantía de no extradición a Santrich y que causó una convulsión de magnitudes letales a la institucionalidad. 

En esa decisión, la sala de revisión en el análisis probatorio concluyente se encontró en un escenario de “imposibilidad de evaluar la conducta con miras a determinar la fecha precisa de su realización, puesto que ninguna de las allegadas a esta actuación reveló el comportamiento por el cual se elevó la solicitud de extradición en contra de…” Santrich. 

Con esta frase, que en nuestro concepto es el núcleo esencial del asunto, contrarió la intervención del Ministerio Público en la actuación, cuando sostuvo contundentemente que “de los elementos fácticos y probatorios que reposan en el expediente se evidencia que la conducta, por la cual el ciudadano Hernández Solarte es solicitado en extradición fue cometida con posterioridad a la firma del acuerdo final.” 

Al paso de la sala de revisión le salió el salvamento de voto de la magistrada Claudia López Díaz, quien, en su sentir, la sección se sustrajo de su deber constitucional de examinar si se configuraban concurrentemente los criterios temporal y material para otorgar el beneficio de no extradición, y en un sentido fuerte y radical dijo que hubo una deficiente estructura argumentativa en la providencia utilizando distractores que impidieron el análisis adecuado de la garantía deprecada, desnaturalizándola, con deficiencias probatorias, declarando la ilicitud de algunas pruebas y compulsando copia a algunos funcionarios de la fiscalía sin justificación y desconociendo el régimen de condicionalidad inherente a la concesión de todo tratamiento jurídico especial de la JEP. 

Ante el remezón de la decisión, de un salvamento de voto fulminante y de los argumentos del Ministerio Público en la actuación, que desde la materialidad y la temporalidad concluían que la conducta de Santrich se había realizado con posterioridad al acuerdo final por lo que los hechos no guardaban relación con el conflicto armado, el procurador, mostrando su perfil de antaño, como hombre de Estado decidió en forma inmediata interponer el recurso de apelación contra la decisión que causó la hecatombe jurídica. 

A esta altura no se conoce el contenido integral del recurso, pero todo muestra que irá en el mismo sentido para que el superior jerárquico de la sala de revisión de la JEP estudie y sopese las circunstancias jurídicas y políticas que rodean el debate, con unas pruebas que aparecieron post-decisión, lo que augura un resultado ajustado a la verdad que se desprende a primera vista de los expuesto en los medos de comunicación en los últimos días. 

No olvidemos que los tribunales de paz que se han implementado posterior a los acuerdos a nivel internacional, tienen un alto contenido político por encima de lo jurídico, que en últimas es lo que justifica razonablemente que la justicia deba ceder en favor de la paz, situación no muy digerible por las mayorías y las víctimas que esperan mayores índices de castigo. 

Señor procurador, como en los momentos épicos de nuestra independencia, por segunda vez usted le hace “el favor” a la patria.

(*) Abogado Constitucionalista.