Los derechos humanos son esenciales para la Fiscalía General de la Nación. En ese sentido, la labor constitucional y legal de la entidad, que hace parte de la rama judicial, se ha fundamentado en el esclarecimiento de los crímenes cometidos contra las personas en el territorio nacional, y el desmantelamiento judicial de las organizaciones criminales detrás de los crímenes. Todas las investigaciones por homicidios en Colombia merecen una investigación diligente del ente acusador.

A pesar del trabajo investigativo frente a homicidios de toda índole, la entidad ha puesto énfasis en aquellos que se producen contra reincorporados y defensores de derechos humanos.

Frente al caso de los reincorporados, el esclarecimiento aumentó 13 puntos porcentuales. Es decir, pasó de 40 por ciento en febrero de 2020 a 53,66 por ciento. Del mismo modo, y gracias al fortalecimiento investigativo y los recursos que esta administración ha puesto, se pudo determinar que 76,63 por ciento de los crímenes contra los reincorporados se cometieron por las estructuras delincuenciales que operan en diferentes territorios del país, principalmente en los departamentos del Cauca, Nariño, Norte de Santander y Antioquia. El 24 por ciento restante, por otras organizaciones sin impacto nacional y casos de criminalidad aislada.

Dentro de las estructuras que actúan contra esos reincorporados, se encuentran las Farc-EP, que están asesinando a sus antiguos compañeros. El porcentaje de asesinato, según las investigaciones, es del 61 por ciento.

Como se sabe, hoy las Farc-EP, como ellos mismos se denominan y actúan, aglutinan las diversas organizaciones, en especial la Jaime Martínez, la Dagoberto Ramos, Carlos Patiño, Urías Rondón, Franco Benavidez, el frente de guerra de occidente Alfonso Cano, Oliver Sinisterra, los Contadores en la zona de Nariño, Valle y Cauca. En Tolima y Valle, el frente Adán Izquierdo y la Ismael Ruiz. En Campoalegre y Algeciras (Huila), opera la Teófilo Forero. En el Caquetá y el Putumayo, el frente 62, el frente 1 o la Carolina Ramírez y el frente 48 de las Farc, que fusionaron las antiguas estructuras de la Constru y Sinaloa. En Guaviare y Meta, el frente Jorge Briceño. En Antioquia, las Farc-EP están operando con alias Cabuyo y alias Ramiro, y, en Arauca, opera el frente 10 de las Farc, en cabeza de alias Arturo, aliados con el frente 28, en cabeza de Antonio Medina. Gran parte de todas estas estructuras se encuentran lideradas por alias Iván Mordisco.

El Clan del Golfo, que opera en el Bajo Cauca antioqueño, sur de Córdoba, el Urabá antioqueño y chocoano, el Catatumbo y en la costa atlántica, ha matado al 13 por ciento de los reincorporados. Y el ELN, que opera en el Catatumbo, Argelia (Cauca), Nariño, Chocó, sur de Bolívar, Arauca, La Guajira y la frontera con Venezuela en las serranías de los Motilones y del Perijá, es responsable de la muerte del 12 por ciento de los reincorporados. El EPL o los Pelusos, que operan en el Catatumbo, han matado al 6,67 por ciento, y los Caparros, que hacen presencia en el Bajo Cauca y sur de Córdoba, al 0,83 por ciento.

Frente al asesinato de defensores de derechos humanos en el país, la entidad ha avanzado 14 puntos porcentuales en el esclarecimiento, pasando del 52 por ciento cuando se inició esta administración y llegando al 65,23 por ciento. Esto quiere decir que los niveles de claridad frente a los autores de los hechos y las estructuras que están detrás de los crímenes están en el punto más alto desde 2016.Con las investigaciones se determinó como perfil del responsable que el 69,12 por ciento de los crímenes fueron cometidos por organizaciones criminales. Las principales organizaciones que asesinan líderes sociales son las Farc-EP, que han matado al 32 por ciento; el Clan del Golfo, el 14,36 por ciento; el ELN, 13,3 por ciento; el EPL, 6,38 por ciento, y los Caparros, el 4,26 por ciento.

Sobre estas cifras de esclarecimiento, que se logran sobre el trabajo investigativo y bajo la égida de cada expediente, debe indicarse que para el ente acusador el esclarecimiento se explica en la expedición de una orden de captura por parte de los jueces de control de garantías. Estas órdenes no pueden solicitarse ante el juez si no existen elementos materiales probatorios, información legalmente obtenida y evidencia física, con lo que se demuestra quién, dónde, cuándo y cómo mataron a un defensor de derechos humanos o un reincorporado, constituyendo una inferencia razonable que permita la expedición de una orden de captura.

Algunas organizaciones sociales y críticos atribuyen un apresuramiento de la Fiscalía al hablar de esclarecimiento cuando no existe sentencia judicial. Desconocen que el ente investigador es un sujeto procesal que presenta acusaciones ante los jueces, que son los responsables de la emisión de la sentencia judicial. Nuestra tarea es investigativa y hace parte de un sistema complejo que, antes de debatirse sin conocer, debe entenderse.

En síntesis, la labor judicial de la Fiscalía General de la Nación en todo el territorio nacional se mantiene, y ponemos los pilares del Estado de derecho, los derechos humanos y el respeto de la institucionalidad como eje de nuestra acción.