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Opinión

  • | 2020/03/26 02:17

    Delito de pánico económico peligroso en época actual

    Ante las titánicas dificultades por las que atravesamos por cuenta de la pandemia, por el desplome del peso colombiano frente al dólar y la abrupta caída del precio del barril del petróleo, las opiniones deben estar centradas en proponer soluciones y no para seguir causándonos tanto daño y malestar.

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En estos días de crisis y de anormalidad, alguien se dedicó a escribir de manera sistemática por internet, a través de sus redes sociales, que cambiaría de entidad bancaria por otra, reiterando sobre el supuesto incidente en cabeza de su banco de no ayudar a sus cuentahabientes y clientes en general. Hace ya unos años, la entidad cuestionada por el influenciador digital fue víctima de un escenario casi calamitoso por la supuesta configuración del tipo penal denominada "pánico económico", el cual se encuentra tipificado en el artículo 302 del actual Código Penal de Colombia. En efecto, un ciudadano de asiento en el puerto de Buenaventura escribió por internet que la entidad bancaria se había quedado ilíquida, "pilatuna" que le costó a este Banco un retiro catastrófico por parte de sus clientes de más de 38 mil millones de pesos en mayo de 1999. Solo la credibilidad reputacional, la agilidad y rapidez de su presidente Efraín Forero y de algunos de sus miembros notables de junta, de los cuales destaco al empresario Gabriel Zárate (q.e.p.d.), permitieron que la entidad sobreviviera y lograra salir incólume de una adversidad sin precedentes en nuestra historia bancaria y a su vez lograran restablecer en tiempo récord la total confianza de la sociedad colombiana hacia el banco, tornándolo en uno de los más importantes de nuestro sistema financiero.

Ahora bien, la inquietud que queremos plantear en nuestra opinión semanal se traduce en la delgada línea que existe entre el derecho constitucional a la libertad de opinión, consagrado en el artículo 20 de la Carta, y la conducta delictual tipificada en el artículo 302 de la obra penal. Precisamente en las redes sociales he visto un interesantísimo debate jurídico en cabeza de los más importantes abogados penalistas de nuestro país, por un lado, quienes opinan que cualquier alusión tendiente a difundir versiones públicas contra la solvencia de una entidad bancaria incide directamente contra la estabilidad financiera y su credibilidad, y, por ende, puede tipificarse el delito de pánico financiero, lo que puede estar sucediendo con las manifestación virales que mencioné al inicio de esta columna, en donde el opinador digital acusa a su entidad bancaria de no estar prestando un buen servicio y, consecuentemente, amenaza con el “me voy de esa entidad y me voy para otra que sí me da buen trato". Por su parte, hay otros que, por el contrario, opinan que escribir un mensaje por internet a través de sus redes sociales es una natural expresión del derecho constitucional a opinar, cuya garantía ha de ser total en el contexto garantista de nuestro Estado Social de Derecho. Así las cosas, surge el natural interrogante: ¿podrá un ciudadano en ejercicio de sus facultades constitucionales emitir opiniones o expresiones bajo el supuesto normativo del artículo 20 de la Constitución, sin que exista límite o sin que se generen consecuencias de orden legal bajo el amparo de la garantía constitucional? O, por el contrario, la simple mención de opiniones sobre el sistema financiero pueden ser de tal entidad que se configure un eventual delito al orden económico o financiero.

Este interrogante merece especial atención, pues en nuestro criterio es el contexto y, en especial, las circunstancias fácticas de tiempo, modo y lugar en las que se desarrolló la acción jurídicamente reprochable para determinar el análisis jurídico; en este caso, la acción de opinar, la cual debe ser siempre estudiada bajo el entorno en el que se produce y se reproduce, pues cada alocución ha de ser minuciosamente estudiada. Veamos: no es lo mismo que una persona, en un entorno social y privado, emita un juicio en el que se divulgue información falsa o inexacta sobre la solvencia o estabilidad de una entidad financiera, a aquel realizado por una persona que se sirve para su difusión de alguna red social, en la cual el emisor tiene miles o incluso millones de seguidores que lo convierten en un mensaje de masiva difusión. Lógicamente, uno de los aspectos mismos de la dogmática penal moderna se centra en el reproche de la conducta como tal; es decir, si la conducta es capaz o no de ser jurídicamente reprochable o de tal magnitud que genere una verdadera lesión al bien jurídicamente tutelado, que en este caso particular se trata del mercado económico y el sistema financiero. Por ello, consideramos que la opinión divulgada falazmente al público o reproducida en un medio o en un sistema de comunicación público, cuyo fin busque afectar la confianza de los clientes, usuarios, inversionistas o accionistas de una institución vigilada o controlada por la Superintendencia Financiera, ostenta un elemento volitivo innegable que es el dolo; es decir, se trata de una conducta que requiere que el sujeto agente, en este caso el opinador, tenga la inequívoca intención de causar un daño. De ahí, precisamente, surge un nuevo inconveniente: ¿será que la opinión desinformada de un ciudadano cualquiera, que no tiene la intención final de causar daño alguno, también puede tener repercusiones penales? O, incluso, ¿puede esta opinión ser equiparable a la opinión emitida por un miembro de junta, directivo o funcionario de una entidad financiera? Así mismo, ¿qué pasa con influenciadores o twitteros que gozan de una gigantesca audiencia, tasada en millones de seguidores, pero que por sus interacciones sociales es claro que no tienen relación alguna con el sector financiero? He aquí la verdadera dimensión del problema de análisis jurídico. Por ejemplo, no hace mucho tiempo diferentes twitteros iniciaron campañas virales para ”boicotear” al Grupo Aval con campañas en las que incluso montaban en las redes sociales videos o fotografías de cómo destruían tarjetas o cómo solicitaban el cierre de cuentas y productos de los bancos del Grupo. Sin embargo, dichas opiniones no tuvieron el suficiente calado para lograr tipificar la conducta punitiva, pues lograr determinar la pérdida de confianza de los clientes hacia su banco va mucho más allá de una serie de clientes insatisfechos con la entidad y no que millones de cuentahabientes, a causa de las afirmaciones, retiren sus dineros depositados afectando gravemente la solvencia y el equilibrio de la entidad.

Ahora bien, lo que sí es claro es que ante las titánicas dificultades por las que atravesamos por cuenta de la pandemia, por el desplome del peso colombiano frente al dólar y la abrupta caída del precio del barril del petróleo, las opiniones deben estar centradas en proponer soluciones y no para seguir causándonos tanto daño y malestar, máxime en un momento en que los bancos seguramente van a desempeñar un papel trascendental para coadyuvar al Gobierno nacional en aras de mitigar los catastróficos impactos económicos que nos ha causado el momento por el que atravesamos. Es claro que hoy la banca colombiana tiene la histórica oportunidad de reivindicar el sector, de ayudar a millones de compatriotas que en este momento atraviesan las horas más oscuras de sus vidas.

PD: Quedémonos en casa, colaboremos con los monumentales esfuerzos de nuestros gobiernos, tanto del nivel central como territorial. No es momento de desobedecer, es momento de apoyarnos los unos a los otros. Estamos seguros de que este esfuerzo valdrá la pena; cada minuto, cada hora, cada día que estemos aislados son una posibilidad real de evitar la propagación.

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