Demandas vs. Desarrollo

En una columna del pasado 19 de febrero, en El Espectador (“TLC: no todo está perdido”), el profesor Rodolfo Arango advierte sobre la inminencia de la firma del TLC, y los efectos que esto tendrá. El panorama es alarmante: aquí no va a quedar piedra sobre piedra. Con los cuatro jinetes del Apocalipsis nos podría haber ido un poco mejor. Sin embargo, para nuestra tranquilidad, nos dice el profesor Arango que “no todo está perdido”, y examina a continuación una serie de posibilidades para detener esta catástrofe.

Tras descartar la mayor parte de esas opciones en un juicioso examen, el autor afirma entonces que el mejor camino es demandar al gobierno ante el sistema interamericano de derechos humanos, “por violación de los derechos sociales a la vida, la salud y la alimentación”. Para el profesor Arango, esto se hace posible porque hay tratados internacionales que “prohíben la regresividad” en materia de “derechos sociales, económicos y culturales”.

Tras respirar tranquilo por saber que no todo está perdido, me puse a reflexionar sobre la propuesta del profesor Arango, sus presupuestos y sus implicaciones. Esta propuesta hace parte de una cierta visión, la cual está basada en la creencia de que la enunciación normativa de derechos “económicos, sociales y culturales”, y su posterior ordenación por medio de sentencias judiciales, es el camino más efectivo para lograr que dichos “derechos” tengan vigencia. Es decir, si queremos que las personas tengan salud, vivienda, alimentación, y empleo, lo que tenemos que hacer es enunciar esos anhelos en la forma de derechos, ya sea en tratados internacionales o en la Constitución. Después, los jueces ordenarán que se cumplan, y santo remedio. Reconforta saber que la humanidad ha hallado una manera tan expedita de superar sus carencias.

Algunos proponentes de esta visión, cuando en el pasado he expresado dudas sobre ella, me han abrumado con decenas de pesados volúmenes de “doctrina” de allí, “doctrina” de allá, etc. Pero, la verdad, no creo que los más simples cuestionamientos que cabe hacer a esa visión puedan ser resueltos en esos razonamientos seudoescolásticos.

En realidad, una sociedad debe decidir de qué manera desea llegar al bienestar económico, y examinar la eficacia de las opciones que se le presentan con este fin. Una opción es la que ya hemos mencionado, esto es, proclamar una buena cantidad de derechos económicos, y empezar a solicitar su aplicación vía sentencia judicial. La otra, tal vez más conocida, es la de construir una economía eficiente y productiva, dentro de un marco de instituciones estables y transparentes, que genere riqueza y que permita que las personas accedan al bienestar que, en la otra visión, se pretende crear de la nada con unas sentencias judiciales. No hay país en el mundo, ni lo ha habido en la historia, que sea capaz de garantizar a sus habitantes el acceso a la salud, a la vivienda, a la educación, la alimentación, etc., como no haya sido a través de la creación de una economía abierta y eficiente.

Incluso los que hoy más declaran su amor por la otra visión, como son los países de Europa occidental, construyeron la riqueza de la cual disfrutan a través del desarrollo económico. Curiosamente, parece que mientras más se apegan a aquella visión de los derechos sociales, su propia dinámica económica se ha estancado y la inconformidad social ha empezado a aparecer.

La sociedad colombiana tiene que tomar varias decisiones históricas. Tal vez la más importante es saber si vamos a buscar el desarrollo económico para alcanzar el bienestar social, o si vamos a pedirle al “sistema interamericano de derechos humanos” que nos brinde dicho bienestar con un pronunciamiento judicial. El TLC, así como toda iniciativa de desmantelamiento de barreras al comercio, es parte fundamental de la verdadera ruta hacia el desarrollo.

Pero ¿significa esto que, mientras se alcanza ese desarrollo, seremos indiferentes a las necesidades actuales y urgentes de los más pobres? De ninguna manera. En el ámbito de las políticas públicas se han diseñado instrumentos ingeniosos, que permiten atender esas necesidades con mayor eficacia y sin interferir con los mecanismos de los mercados.

De hecho, me parece en ocasiones que los promotores de la otra visión no tienen muy claro de qué manera se podrá sustentar el bienestar que ellos quieren lograr a punta de demandas. Nótese que el profesor Arango nos dice que hay tratados que prohíben la “regresividad”, expresión absolutamente vaga. Y, en ocasiones, su apego por lo normativo y por lo judicial parece superior a su interés por las transformaciones reales.

Ellos valoran más la proclamación normativa y judicial de los “derechos sociales”, que la vigencia efectiva de los anhelos que ellos representan. Pareciera que, para ellos, no es tan importante que la gente tenga vivienda, salud, alimentación y educación, sino que la Constitución y los tratados digan que tienen derecho a vivienda, salud, alimentación y educación. Y, por supuesto, que puedan poner demandas.