Derechos humanos: ¿“Plomo es lo que hay”?

Naciones Unidas expidió en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El sujeto es el individuo y los Estados están obligados a cumplirla con los pactos, protocolos y convenios que emanen del sistema internacional.

Consigna más de diez libertades fundamentales, derechos civiles y políticos, a la vida e integridad física y moral, a la participación y la libertad, además de una gama de derechos sociales, económicos y culturales. Establece protocolos contra la tortura y desaparición forzada, y por la protección a la intimidad e igualdad entre hombres y mujeres, y para las poblaciones especiales como infantes y minorías étnicas, entre otros (Galvis, 2006).

El derecho a la protesta, en relación con la participación política, fue desarrollado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH-OEA). En 2019, la Relatoría para la Libertad de Expresión expidió el documento ‘Protesta y derechos humanos’ con estándares sobre los derechos involucrados y características obligatorias de la respuesta estatal. (https://www.oas.org/es/cidh/expresion/publicaciones/ProtestayDerechosHumanos.pdf).

La CIDH, al considerar la protesta “esencial para la existencia y consolidación de sociedades democráticas”, contradice la visión reaccionaria que en Colombia privilegia la represión sobre la libre expresión y reunión pacífica. Expresa que los Estados deben “garantizar, proteger y facilitar protestas y manifestaciones”, contrariando a quienes descargan las responsabilidades en los organizadores, y señala que “la disrupción” que causan no las “hace per se ilegítimas”. El trato no es el Esmad.

En contravía a lo dispuesto por Duque en el paro, la CIDH promueve “gestionar el conflicto social desde la perspectiva del diálogo”, y, respecto al autoritarismo, restringe el uso de la fuerza a “último recurso”. Desdice de quienes plantean “protestódromos”, como Diego Molano, o exigen requisitos para protestar, pues invoca “la libertad de elegir la modalidad, forma, lugar y mensaje” en el ejercicio “pacífico y sin armas”.

A contramano de la maña reaccionaria de asemejar protesta con violencia y destrucción: prescribe que los extremistas sean “individualizados”, pero insiste en que los demás participantes conservan su derecho. La CIDH impele a la “interlocución y negociación”, contrastando la pantomima de Emilio Archila con el Comité de Paro.

En contradicción con ominosas actuaciones de la fuerza pública, exhorta a “máxima restricción al uso de armas de fuego”, excluir “las fuerzas armadas” y acudir a la “dispersión o desconcentración” en casos excepcionales. Pide no “criminalizar” líderes ni incriminarlos con “figuras ambiguas”, como erróneamente hace la procuradora Cabello, prohíbe “detenciones arbitrarias” e “infiltrar” organizaciones sociales y objeta “estigmatizar con el discurso”, usual en la retórica derechista.

A entidades como la Fiscalía les exige investigar, juzgar y sancionar las violaciones a la norma humanitaria, requiere valorar a quienes monitorean actuaciones gubernamentales, como las ONG, y a los medios les demanda objetividad.

La autocracia de Duque en 43 días de paro quebrantó preceptos de la CIDH. Con corte a 31 de mayo se registran al menos “3.798 víctimas de violencia por parte de miembros de la fuerza pública distribuidas así: 1.248 víctimas de violencia física… 1.649 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes, 705 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas, 65 víctimas de agresiones oculares, 187 casos de disparos de arma de fuego…” (temblores.org, Paiis-Uniandes, Indepaz). Agréguese 91 desaparecidos (Fiscalía); 20 homicidios, por disparos de policías a la cabeza o al tórax y uno por paliza, de 68 en investigación; 71 casos de violencia basada en género (HRW) y el Decreto 575, que ordena “asistencia militar” en 8 departamentos y 13 ciudades, tildado de inconstitucional por juristas.

Duque y el Centro Democrático porfiaron su suerte a la de Trump. El uno, con el embajador en Washington, y el otro, con su jefe a la cabeza, intervinieron abiertamente en la campaña. El costo es el desaire de Biden, reprobación internacional por el despotismo y quién sabe qué más, pues ¿permitirá la superpotencia que un “aliado estratégico” pisotee derechos humanos cuando ellos mismos son línea roja frente a Rusia y China, que tiene como amenaza a su hegemonía?

En el máximo desvarío, el uribismo envió una delegación a la CIDH, encabezada por la senadora que pugna por “armar a la población civil en defensa de la vida”. ¿Acaso el libreto es el agresivo lema “plomo es lo que hay”, que profesan los grupos que dispararon en Cali sobre manifestantes inermes en presencia de la Policía o quienes arremeten sobre jóvenes con un Porsche de alta gama o los sicarios que mataron a Lucas Villa en Pereira?