¿Desarticular empresas criminales en Medellín?

Han pasado varias semanas desde cuando se difundió la propuesta de desarmen y entrega a las autoridades judiciales que plantearon, a través del Noticiero Noticias UNO, voceros de las empresas criminales conocidas como la ‘Oficina de Envigado’ y las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ y poco o nada se ha vuelto a decir al respecto.

En el informativo, representantes de ambos grupos armadas ilegales manifestaron su interés de desarticular sus estructuras barriales y buscar mecanismos de sometimiento a la justicia para responder por sus crímenes, y aseguraron que ellos mismos están interesados en que no haya impunidad. ¿Qué tan posible es hacer realidad esa oferta?

Lo primero que hay que advertir es que una aparente evidencia de la coordinación de esa propuesta está dada por los acuerdos alcanzados a mediados del año pasado entre ambas empresas criminales para alcanzar una tregua ellas y frenar el desangre que venían provocando en la ciudad por culpa de su codicia. Si bien ese pacto ha sido negado por las autoridades, concepto por demás superfluo, pues es un asunto de ilegales en los que supone uno nada tiene que ver la legalidad, lo cierto es que sus efectos lo siente el poblador de aquellas comunas agobiadas por la violencia urbana que desatan las confrontaciones en sus calles.

“La tregua sí existe y se concretó el pasado 4 de octubre. La gente en los barrios lo sabe y también reconoce que la situación en sus barrios está tranquila no por la acción policial, sino por estos acuerdos”, me confirma una persona muy cercana a las discusiones, acuerdos y propuestas que plantean los voceros dos empresas criminales y los acompaña en su reflexión y análisis, quien destaca que es importante que dos organizaciones de estas características se sienten a buscar salidas.

“Es que en la ciudad, si no se sientan las partes, vamos a repetir otra vez la historia”, me dice mi fuente, reiterando el valor que tiene no solo el acuerdo de tregua, sino el planteamiento conjunto de su eventual desarticulación. ¿Y qué es repetir la historia? A su juicio, es terminar en una especie de reciclaje criminal que se da tras procesos de desarme inacabados e ineficientes que se dan paralelos a una oferta ilegal bastante atractiva.

El pasado de muchos hombres que hoy siguen en la ilegalidad evidencian un recorrido para nada envidiable en los últimos 25 años: se iniciaron como integrantes de combos barriales; luego fueron reclutados por las guerrillas como milicianos; mutaron a servidores del Cartel de Medellín; pasaron a las estructuras paramilitares; y acabaron en las empresas criminales. Su edad actual oscila entre los 40 y los 50 años.  

La edad de varios de los que hoy son jefes podría indicar un cansancio de sus actividades ilegales y de la constante confrontación con quienes son sus enemigos, incluidas, claro está, las autoridades. De ahí la renovación de su mensaje entorno a una posible desarticulación de sus estructuras no solo armadas, dicen ellos, sino de todo aquello que indique ilegalidad, como rutas de tráfico de drogas, por ejemplo. “Ellos dicen que quieren vivir tranquilos con sus familias y reconocen en Medellín una ciudad en la que se puede vivir muy bueno”, dice mi fuente y para ello, me explica, hay acuerdos sobre aspectos como la reducción de muertes violentas, no tocar la población civil, eliminar las llamadas “fronteras invisibles”, incluso en el departamento, urbanas y rurales, y buscar alternativas para reducir el cobro de las extorsiones.

Una de mis preocupaciones frente al tema es sobre la representatividad de aquellos que aparecen como voceros de las empresas criminales. ¿Son jefes con autonomía?, pregunto. Y me responden que no: “Son mandos medios con permiso de sus jefes para hablar”.

Sin embargo, lo que pueden ser buenas intenciones, y merecerían por el impacto que tienen sus acciones criminales, por lo menos ser escuchados por las autoridades civiles tanto locales, como regionales y nacionales, genera preguntas sobre aspectos claves de su portafolio de servicios criminales como el tráfico de drogas hacia los mercados internacionales, el lavado de activos derivados de esas actividades ilegales y su participación en negocios como la minería y el aprovechamiento de los recursos públicos a través de alianzas con alcaldías.

“Hasta el momento no se abordan esos temas de fondo, no se trata, por ahora, de la eliminación de…”, asevera la persona que entrevisté para  que me explicara la propuesta de la ‘Oficina de Envigado’ y las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’. “Se trata por ahora –agrega– de la regulación del conflicto y de muchas de las actividades que giran en torno a él”.

La difusión de la propuesta de desarticulación de dos empresas criminales, realizada el pasado Domingo de Ramos, fue una decisión calculada, pues querían que el tema llegara a los candidatos a la Presidencia de la República y también pretendieron que se convirtiera en asunto primordial en la agenda del nuevo Senado de la República, que se posesionará el próximo 20 de julio. Públicamente, el tema se estancó.

Tal parece que ambas empresas criminales están jugadas en su iniciativa de negociar su desestructuración, tarea que, como lo dice uno de los voceros de la ‘Oficina de Envigado’, no será fácil. “Esto no es de la noche a la mañana, porque desmontar una estructura criminal que ha durado por décadas, no va a ser sencillo”. 

No obstante, las circunstancias parecen adversas a este tipo de propuestas en el país, sobre todo cuando vienen de actores cuyos acuerdos, está demostrado en el pasado, son tan frágiles que, en muchas ocasiones, ha bastado un choque de egos criminales, para desatar una confrontación armada en la que la peor parte la llevan las comunidades donde tienen injerencia y que ven restringidos sus derechos, sin que las autoridades hagan algo por evitarlo.  ¿Por qué creer en ellos ahora?