Después de la pandemia, nada de curitas

Las tasas de interés están al alza en el mundo. La inflación generada en gran parte por el incremento de la masa monetaria en la mayoría de los países, justificada por los políticos a raíz de la pandemia, es el reflejo de la descompensación entre el dinero y el valor de los bienes y servicios.

Ahora que la situación a nivel económico se encuentra medianamente estabilizada, es hora de revisar las causas y consecuencias de las medidas tomadas durante la pandemia. Quedan grandes dudas sobre qué tan bien se gastó el incremento de la masa monetaria. Claro, está el costo de las vacunas, su distribución y costos de seguimiento, los cuales fueron asumidos en su totalidad por el gobierno, un propósito loable que no tiene discusión y, en general, muy bien ejecutado.

También están los subsidios a los más desfavorecidos, que si bien eran absolutamente necesarios para algunos, pudieron ser distribuidos, con gobernantes ávidos de votos y bases de datos no confiables y desactualizadas, a quienes no los merecían. ¿Tenemos garantías desde la Contraloría General de la Nación y las contralorías regionales de que los fondos se repartieron apropiadamente?

Durante la pandemia también se dieron subsidios a las empresas, como apoyo por mantener sus empleados en su planta de personal. ¿Existen los sistemas y la información para garantizar que la contratación de los empleados que subsidió el gobierno fue real en todas las empresas? ¿Sabemos que metodologías implementó el gobierno para que los fondos fueran entregados apropiadamente?

Otro de los destinos de los nuevos dineros fue la recompra de obligaciones con el apoyo del Banco de la República. El gobierno permitió el uso de papeles de deuda privada como títulos admisibles en las operaciones de expansión transitoria del Banco de la República, extendiendo el acceso a los fondos administrados a los comisionistas de bolsa y fiduciarias para incrementar los cupos de las subastas de liquidez, en cifras denominadas en billones. Estas operaciones inyectaron liquidez a la economía por medio del sistema bancario, con un alto costo.

El sistema financiero, con base en estas medidas, ofreció beneficios a obligaciones por billones de pesos beneficiando a más de 200.000 personas naturales con un plan de alivio en créditos de consumo y miles de empresas con períodos de gracia entre 3 y 6 meses. Decenas de miles de hogares también lograron congelar el pago de sus créditos hipotecarios.

Además de estas medidas, están aquellas tomadas sobre todo por los mandatarios locales de las principales ciudades, que enfocándose primordialmente en su imagen, cohibieron la actividad económica y la generación de ingresos para la gente. Esas medidas bien pudieron ser más costosas para el erario que las vacunas o los subsidios.

Hoy, después de todas estas medidas, el país debe pagar su precio. No hay almuerzo gratis, dice el adagio popular. Los dineros adicionales gastados durante la pandemia se juntaron con el daño irreparable causado por los promotores de las marchas y los disturbios y hoy pasan su cuenta de cobro (o más bien factura con IVA incluido) a la población.

La primera consecuencia, es la inflación que ha hecho que el precio de los alimentos se incrementó más del 17 % en el 2021. Esto claramente no es consecuencia de la logística internacional, han subido tanto los productos de origen nacional como los productos importados. La papa tuvo un incremento de precios de 111 %, la carne de res uno del 33,03 % y la leche de 12,79 %, todos productos de origen mayoritariamente nacional. La inflación generalizada tiene su origen en el aumento de la masa monetaria pero no hay duda de que el impacto de la devaluación del dólar, y por encima de todo, la paralización de la economía por parte de muy pocos vándalos jugó en contra del estómago de los colombianos.

La segunda consecuencia de la pandemia es que pronunció la desigualdad. Desde marzo de 2020, las diez personas más adineradas del mundo duplicaron su fortuna, mientras el poder adquisitivo de los menos afortunados disminuyó. Este efecto, a pesar de no ser fácilmente cuantificable en Colombia, es una tendencia mundial que muy probablemente ocurrió.

La diminución del poder adquisitivo, independientemente de todos los discursos, explicaciones y justificaciones que se le den a la población, se da desde el plato de comida y desde ahí la gente no come cuento. La solución ya no pasa por la salida fácil de imprimir dinero y generar bienestar hoy a costa del de mañana, sino que este es el momento en que, además de que se necesita un gobierno austero con los recursos y eficiente en la generación de actividad económica, el poder legislativo y sobre todo el poder judicial no pueden seguir sin asumir la responsabilidad de generar bienestar en la población.

Las cortes con sus fallos políticos, los políticos con su rechazo a todo lo que pueda generar valor pero ponga en riesgo el estatus quo que tanto los beneficia y en general, aquel Estado que no se elige por elección popular, tienen la responsabilidad de reaccionar y comprometerse con soluciones de fondo.