Lo ocurrido entre el mes de abril y mayo de este año en Colombia amerita un análisis por la perturbación y zozobra que causó a la nación. Es cierto que las protestas sociales se presentaron por un cúmulo de circunstancias, entre ellas, la pandemia de la covid-19, que ha producido contracción económica, desempleo, cierre de negocios, cerca de 100.000 fallecidos y, sobre todo, una parálisis, alimentando el pesimismo y la tristeza de los ciudadanos.

Esta realidad debe reconocerse por todas las instituciones del Estado y los agentes privados. La comprensión permite tomar acciones; el rechazo a las explicaciones causa errores de apreciación. Por eso, más allá de discursos grandilocuentes, es necesario desmenuzar cada una de las razones del malestar y plantear un gran acuerdo nacional, liderado por el presidente de la república, con los colombianos. Él es el único legitimado para hacerlo, y su rol será entregar esa gran posta al próximo gobierno en 2022.

Ahora bien, en nuestro país campea la criminalidad atada al tráfico de drogas, la minería ilegal, el sicariato, la extorsión en múltiples territorios del país, como el Cauca, Nariño, el Valle del Cauca, el Catatumbo, el Bajo Cauca antioqueño, Chocó, el sur de Córdoba, Putumayo, Guaviare, Caquetá, Arauca, entre otros.

En la Fiscalía General establecimos, desde el inicio de la actual administración, que la mejor manera de atacar la criminalidad era la itinerancia de los fiscales e investigadores, y la integración investigativa en todos los niveles. Los resultados han sido contundentes. Sin embargo, nos causaba preocupación el suroccidente del país porque allí se asentó uno de los principales “corredores regionales de criminalidad”.

En medio de esta realidad, la acción criminal de diversas estructuras se desplegó detrás de la legítima protesta social en esta región del país. Cali, por ejemplo, es un cruce de caminos. La criminalidad que se ha sectorizado en el distrito de Agua Blanca, donde ocurren más del 60 por ciento de los homicidios de la ciudad, se extremó; ingresaron algunos enlaces de la banda criminal La Local de Buenaventura y una influencia delictual de la Oliver Sinisterra de Tumaco, que aprovechan la capital del Valle para esconderse, y ni hablar de los disidentes de las Farc y reductos del ELN que vienen del Cauca. Estos grupos criminales se beneficiaron de los escenarios de protestas para horadar los pilares institucionales en ese lugar del país. En esa ciudad, la Fiscalía General cuenta con elementos materiales probatorios para demostrar que organizaciones como la Nueva Marquetalia, las disidencias de las Farc Dagoberto Ramos y Franco Benavides, y el frente José María Becerra del ELN han infiltrado las movilizaciones pacíficas con armas, dinero y explosivos para desarrollar actividades terroristas. Han fomentado y promovido los bloqueos permanentes delincuenciales. Del mismo modo, el ELN ha liderado la red de milicias urbanas de Cali. En tiempo récord, y cumpliendo con los estándares internacionales de “debida diligencia reforzada” y “plazo razonable”, el ente acusador ha logrado capturas y medidas de aseguramiento contra los responsables de esos actos. Los jueces de garantías nos han dado la razón.

En Popayán, otra disidencia como la Carlos Patiño estuvo detrás de la destrucción de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) y del Instituto de Medicina Legal. Y en la ciudad de Tuluá, la estructura Adán Izquierdo estuvo detrás de la quema del histórico Palacio de Justicia.

El involucramiento de esas estructuras ilegales en las protestas cometiendo actos de terrorismo es la excusa para mantener sus economías criminales a salvo. Por lo pronto, retomar actividades por parte de la ciudadanía, lograr pactos en legalidad con quienes respeten las reglas del Estado, pondrá aún más en evidencia a los delincuentes y terroristas. La Fiscalía no cejará un segundo en la judicialización de quienes creen que la ley colombiana no debe respetarse.

Desde funcionarios del Estado hasta ciudadanos del común deben entender que la civilidad no se pone en juego y que lo construido por tantos años no debe ser objeto de procesos de anarquización.

Seguramente, los bloqueos y las acciones delictivas terminarán, pero la justicia a través de la Fiscalía seguirá. El mensaje es claro: los responsables por acción u omisión de la comisión de delitos en este tiempo de incertidumbre deben atenerse a las consecuencias judiciales.