Página pasada que nunca debe regresar

El 4 de abril es ya una fecha propia en Colombia. Dejó de ser una celebración formal del día internacional contra las minas antipersonal para convertirse en un día intenso de actividades en el que medios de comunicación, sobrevivientes, y autoridades programan reuniones para evaluar los avances de sensibilización, educación en el riesgo y atención de las víctimas de minas antipersonal.

Las jornadas con organizaciones de víctimas y sobrevivientes de los accidentes muestran que la idea de convertir a las víctimas en voceros de sus propios intereses sin intermediarios entre ellos, las autoridades y comunidad internacional es una realidad.

Este hecho es un logro de país, de sociedad.

El 4 de abril anterior, se mostraron también avances y dificultades en la limpieza de campos minados, se reportaron avances en metros cuadrados y en número de municipios que han sido certificados por el gobierno como libres de sospecha de minas.

Las jornadas de ese día se cerraron reconociendo al Fondo de Naciones Unidas para la Infancia –Unicef-, a la agencia de Naciones Unidas para la Acción contra Minas UNMAS, a la Organización de Estados Americanos OEA y los cooperantes internacionales por el apoyo técnico, financiero y su solidaridad con Colombia.

En fin, Colombia demostró que está cumpliendo los compromisos adquiridos en 2001 cuando decidimos ser parte de las naciones que pusieron fin a las minas antipersonal.

Este 4 de abril ocurrió además un imposible de años atrás:

Se reconoció que el trabajo mancomunado entre Gobierno nacional y organizaciones no gubernamentales de desarme –ONG- ha sido y es decisivo para haber conseguido estos avances.

Esto llama la atención porque en el período 2002-2010, desde la Presidencia, el Ministerio de Defensa y voceros de partidos políticos, se dijo a los cuatro vientos que las ONG eran enemigas del Estado y la sociedad y con base en ello, se allanaron oficinas, robaron archivos digitales y chuzaron teléfonos ilegalmente desde el desaparecido DAS.

Reconforta que se reconozca hoy, el valor que tienen para la sociedad organizaciones de desarme, defensa de los derechos humanos, y demás herramientas que se construyen para la expresión y promoción de iniciativas que fortalecen la democracia.

Comprender que una ciudadanía es vigorosa cuando incrementa su capacidad de organización es validar que en ello hay calidad democrática.

Ese aprendizaje no debe abandonarse nunca más por parte de la sociedad colombiana.

Muchos de quienes vivimos ese período 2002-2010 reconocemos que hubo avances en materia de control territorial y significativos logros en la reducción de la amenaza armada que las FARC-EP representaban. Es claro que los mismos significaron la consolidación de su derrota política y militar.

Al tiempo que reconocimos lo anterior antes y hoy, reclamamos por las violaciones de derechos humanos, el irrespeto a la institucionalidad por parte del gobierno de aquella época, y los actos criminales en que incurrieron funcionarios del Estado en nombre de esa victoria.

El proceso electoral presidencial es una oportunidad para impedir que esos tiempos se repitan.

Tenemos diferencias, visiones de país contrapuestas, pero también Constitución y leyes que deben ser respetadas y aplicadas sin miramientos de ningún tipo.

No se pueden repetir los abusos de poder vividos en el período 2002-2010.

Solo reuniendo intereses de ciudadanía y gobierno podremos superar los tiempos de tormenta en que vivimos y viviremos los siguientes años.

Los avances conseguidos entre gobierno, ONG y comunidades con el apoyo internacional en la limpieza de los campos minados, la devolución de tranquilidad a campesinos de más de 100 municipios afectados y el apoyo a las víctimas de minas antipersonal demuestran que sumar es el camino. Esa lección no puede perderse.

Sumar es el mayor reto que deberá afrontar el nuevo gobernante y su equipo.

@alvarojimenezmi

ajimillan@gmail.com