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¿Diplomacia para la guerra?

Semana
8 de julio de 2002

Hasta el 20 de febrero, día de la ruptura de las negociaciones con las Farc, el presidente Pastrana había adelantado una estrategia de política exterior con dos caras. En primer lugar, con el nombre de diplomacia por la paz se conoció la zanahoria de respaldo a la negociación, que fue desplegada en Europa y Latinoamérica, regiones de origen de los 10 países amigos del proceso de paz, destino de la gira de los delegados del gobierno y las Farc en febrero de 2000, y escenario en el cual se buscaron recursos para financiar el componente social del Plan Colombia. Y en segundo lugar, la otra cara la constituyó el Plan Colombia, que fue el garrote del fortalecimiento militar con recursos de Estados Unidos.

Pero, tras el fin de la zona de distensión, la administración Pastrana abandonó su estrategia internacional referida a la paz para concentrarse en buscar respaldo político para la solución militar del conflicto. Ejemplos de este nuevo perfil diplomático del gobierno saliente son las gestiones para incluir a las Farc en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea y el lobby en Estados Unidos para permitir el uso de los recursos militares del Plan Colombia en la lucha antisubversiva.

La política exterior de Uribe en el tema de la paz y el conflicto se parecerá más a los últimos meses dedicados por Pastrana a buscar apoyos internacionales para la solución militar al conflicto, que a los tres años de vigencia de la diplomacia por la paz. Sin embargo, los primeros anuncios del Presidente electo en relación con la mediación de las Naciones Unidas, hacen prever que la política internacional del próximo cuatrienio mantendrá, aunque con énfasis y connotaciones diferentes, el perfil dual que caracterizó a la política exterior de la administración que termina: Uribe Vélez buscará respaldo en Estados Unidos y Europa para respaldar la mano firme, pero guardará espacios multilaterales como la ONU para cumplir su promesa de corazón grande.

En efecto, la misma noche del 26 de mayo, en sus palabras de proclamación como el vencedor de las elecciones presidenciales, el Presidente electo sorprendió a los colombianos al anunciar que trataría de concertar la mediación de las Naciones Unidas para reanudar y reconducir bajo nuevas condiciones el proceso de paz con las Farc. Como candidato presidencial, sus referencias al asunto se habían limitado a repetir la propuesta de desplegar en el país cascos azules de la ONU, tal como lo había planteado varios años atrás como gobernador de Antioquia en relación con la zona del Urabá. Sin embargo, los términos y alcances de la propuesta nunca fueron suficientemente explicados, e inclusive, en algún momento del fragor electoral Uribe lanzó la heterodoxa idea, tampoco detallada, de dotar con la misma legitimidad internacional de los cascos azules de la ONU a contingentes de soldados colombianos.

Estas propuestas del candidato triunfador en relación con el papel prioritario que durante su gobierno podría desempeñar la ONU en el conflicto colombiano, contrastaron con las críticas de esa organización a algunos programas de Uribe, así como con los desacuerdos de éste último con los intentos del enviado especial del Secretario General, James Lemoyne, por evitar en enero de 2002 la ruptura de las conversaciones de paz, y a pocos días de los comicios, con el informe de Anders Kompass sobre la responsabilidad por omisión de las Fuerzas Militares en la masacre de Bojayá. De hecho, en su informe anual sobre la situación humanitaria en Colombia presentado en Ginebra, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, había criticado el proyecto de Uribe Vélez de organizar un millón de habitantes para apoyar a la fuerza pública.

A pesar de estos desencuentros con la ONU en plena época electoral, y en contravía del arrasador mandato ciudadano en favor de intentar una solución militar al conflicto doméstico manifestada en el voto mayoritario que otorgó a Alvaro Uribe un triunfo categórico en primera vuelta, el Presidente electo anunció que buscaría la mediación de las Naciones Unidas, y fue con ese fin que en días posteriores sostuvo en Nueva York una reunión con el Secretario de esa organización, Kofi Annan.

A un mes de la posesión presidencial, se han formulado algunos interrogantes en relación con este tema: ¿Es tal propuesta el resultado de una convicción verdadera sobre la necesidad de mantener abierta la opción de la negociación política?, ¿o se trata de una estrategia para llenar el vacío de poder mientras transcurren los más de dos meses que separan el triunfo en la primera vuelta del día de la posesión del nuevo gobierno?, ¿o, como complemento de lo anterior, se pretende ganar tiempo mientras el presidente entrante define la estrategia militar y se establece con propiedad la forma como ésta será financiada?, ¿o se trata de una maniobra política para hacer frente a su imagen internacional de guerrerista y, además, para congraciarse con la ONU luego de los desencuentros señalados?

En lo que hace a las relaciones con Estados Unidos, Uribe Vélez será el mejor aliado para la política antiterrorista adoptada por el hegemón regional tras el 11 de septiembre. Es posible que, proporciones guardadas, la posición del gobierno de este país sea semejante a la que ha adoptado frente al gobierno de Sharon en Israel: habrá apoyo político irrestricto a la solución de mano dura pero, presionado por sectores del Congreso y la sociedad estadounidense, no dudará en realizar públicos llamados de atención cada vez que los costos de la guerra en términos de violaciones a los derechos humanos se salgan de madre y la prevalencia de las instituciones democráticas se vea en peligro. Sin embargo, si los demócratas retoman el control del Congreso en las próximas elecciones de mitaca, es posible que veamos más de lo último que de lo primero.

En todo caso, influyentes ONG y varios sectores de la prensa de Estados Unidos mantendrán una posición crítica frente al gobierno de Uribe, y su voz puede tomar fuerza en caso de que no haya prontos resultados en el aspecto militar del conflicto, la crisis humanitaria se profundice y la democracia resulte amenazada en razón de la protesta social ante la situación económica y los recortes a los derechos ciudadanos que se avecinan.

Como candidato presidencial, siguiendo la posición asumida por el gobierno de Pastrana y varios sectores gremiales del país, Uribe celebró la caída temporal de Chávez y dio la bienvenida al transitorio gobierno de Carmona. Sin embargo, la designación de su mano derecha en asuntos internacionales como embajadora en Venezuela puede tener el propósito de enviar, al menos, cuatro mensajes al gobierno del presidente Chávez: que las relaciones binacionales serán una alta prioridad; que como presidente rectificará la posición que asumió como candidato frente al golpe; que al tratarse, por primera vez en los últimos años, de una funcionaria técnica y no de una figura política, pretende "despolitizar" las relaciones con ese país y recuperar la importancia de los temas financieros y comerciales; y, por último, que piensa desarrollar su propuesta de campaña de congelar durante 40 años el diferendo limítrofe por las aguas marinas y submarinas en el golfo de Venezuela.

Si bien dicha propuesta de Uribe Vélez, esbozada originalmente por Luis Carlos Galán, no fue debatida en su momento ni por la academia ni la prensa del país, es necesario anotar que la reglamentación de una congelación tal implicaría realizar el mismo esfuerzo político, la misma definición técnica y la misma voluntad política que se requieren para resolverlo. En ese sentido, ¿no sería preferible volcar todas esas energías, esfuerzos técnicos y voluntad política a la solución definitiva del diferendo limítrofe? Además, ¿es factible declarar por decreto la congelación de la soberanía y de los más altos intereses nacionales de los dos países? Resulta crucial estar atentos a los desarrollos que tenga esta propuesta que parece ser de muy buen recibo en el vecino país y que, de hecho, pudo ser la fuente inspiradora de las amables y conciliadoras palabras del embajador saliente y ahora Canciller para con el Presidente electo, a pesar de haber sido Uribe el único candidato presidencial que se pronunció en favor del fallido golpe.

Durante la administración Pastrana Arango, la Unión Europea se declaró adversa al componente militar del Plan Colombia y en favor de la solución negociada. Ahora que el camino de la negociación política está descartado en el corto plazo, y que se profundizará el aspecto militar del Plan Colombia, el papel de la Unión Europea se centrará en llamar la atención sobre la situación humanitaria en el país y recalcará en la necesidad de confrontar también el paramilitarismo. Puede esperarse que su posición sea cada vez más crítica frente al gobierno en caso de que las reformas constitucionales anunciadas restrinjan en forma dramática los derechos fundamentales y la democracia, y la situación económica potencie la protesta social (los casos recientes de Cali, en donde el vecindario decidió tumbar una casa antes que permitir el desalojo de su endeudado propietario y el de Soledad, Atlántico, en donde la comunidad se levantó para evitar el corte de la energía por retraso en los pagos, son dos hechos que deben prender las alarmas del país).

En su visita de la semana anterior a Francia y España, quedaron esbozados los temas en los que el gobierno entrante tendrá que generar confianza durante el primer año de su gestión si quiere unas relaciones fluidas con Europa: que la red del millón de informantes mejorará la seguridad ciudadana y no implicará un aumento en los ataques armados a la población civil; que la reforma política no derivará en el autoritarismo y en una concentración excesiva del poder en la figura presidencial en detrimento de la descentralización; que la propuesta de autoridad implica el enfrentamiento decidido a todos los actores armados del conflicto, sin excepción; y, que las reformas económicas anunciadas conducirán a una mayor equidad y no a la exacerbación de la pobreza.

Además, la diplomacia de la administración Uribe Vélez en el continente europeo tendrá la necesidad de actuar no sólo frente a los gobiernos y los Estados, sino también frente a ONG, medios de comunicación y grupos de presión de la sociedad civil, por tratarse de sectores que mantienen serios interrogantes sobre el futuro gobierno. Adicionalmente, si al final del tira y afloje de las últimas semanas el Partido Liberal termina asumiendo una actitud de cooperación con Uribe, el instrumento de la Internacional Socialista sería vital para respaldar la diplomacia del nuevo presidente en Europa.

Al designar como Canciller a la hija de un ex presidente liberal oficialista, Alvaro Uribe lanza el mensaje de que a nivel internacional, a diferencia de lo que se insinúa para la política doméstica con el nombramiento del Ministro del Interior, se dispone adelantar una diplomacia de unidad nacional. El Presidente electo parece consciente de que temas como la demanda de Nicaragua en la Corte de la Haya requieren consenso nacional, así como del apoyo del liberalismo oficialista, el Polo Democrático y demás fuerzas políticas minoritarias.

Por tratarse de una Ministra de Relaciones Exteriores de corte ejecutivo y administrativo, el próximo gobierno intentará poner orden en una Cancillería que el gobierno de Pastrana deja mal reestructurada y con la herencia del primer sindicato en la historia de esa institución. Sin embargo, existe inquietud en algunos sectores académicos por la designación de una Canciller sin trayectoria ni conocimiento profundo en temas internacionales.

Por su parte, el anunciado recorte de embajadas y consulados será exitoso si se hace con el objetivo de una mayor eficiencia y profesionalismo en el servicio exterior. Pero puede conducir a un mayor aislamiento internacional del país si el concepto que prima es sólo el reduccionismo estatal. Si ese fuera el caso, dichas medidas agravarían la condición parroquial que históricamente nos ha caracterizado y nos alejaría de zonas tímidamente exploradas como Europa Oriental, Asia y Africa.

También es deseable que de dicho recorte resulte una mejor atención a los colombianos en el exterior, que votaron en forma abrumadora por Uribe, y no se confirme la desatención en la que hoy se encuentran. Además, se espera que en los nombramientos en embajadas y consulados prime el perfil meritocrático que vimos en la designación del gabinete ministerial y la embajadora en Venezuela, y no la continuación de la costumbre nacional de hacer del servicio exterior el botín burocrático más apetecido.

El mejor indicador en el éxito de una gestión gubernamental en política exterior no puede ser otro que determinar si la diplomacia estatal logró o no mejorar el bienestar de la población. La política internacional del gobierno que termina tuvo como resultado que mientras a Pastrana le extendían tapetes rojos a lo largo del mundo, a los colombianos del común les cerraban simultáneamente muchas puertas del planeta como pocas veces en períodos anteriores. Aunque la responsabilidad de esta situación no sea exclusivamente gubernamental, lo cierto es que hoy los colombianos tienen más y no menos visas y restricciones que hace cuatro años para circular por el mundo.

Por ello, el objetivo de la política exterior debe dirigirse a beneficiar al conjunto de los colombianos y no sólo al presidente de turno. Ese es el mayor reto histórico que espera a Uribe en materia internacional: adelantar una política exterior que beneficie directamente al individuo.

lcarvajalh@hotmail.com

* Profesor investigador de la facultad de gobierno y relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia.