El corporativismo en su salsa

Aprecien la siguiente perla y saquen su propias conclusiones: el pasado 7 de febrero radicó en la Cámara de Representantes el proyecto de ley  del Plan Nacional de Desarrollo (PND) con 183 artículos, un mes y medio después, cuando comenzó el debate en el Congreso para su beneplácito -21 de marzo-, aparece con 128 artículos nuevos para colgárselos a la ley que originalmente presentó.

Los parlamentarios, salvo los opositores incluidos partidos que apoyaron a Duque en segunda vuelta, no musitaron rechazo y pasaron de agache semejante elefante.  

Tampoco es serio que el Ministerio de Hacienda, el Departamento de Planeación Nacional y la comisión de ponentes de Cámara y Senado (todos partidarios del gobierno) se presentasen con una ponencia de 900 páginas para ser leída y estudiada en menos de 24 horas y, como si fuera poco, desconocieran las 3.242 proposiciones dizque por razones de tiempo. Ese es el PND que se aprobó en primer debate que para muchos congresistas de la oposición no es más que una colcha de retazos más parecido a un ‘plan nacional de negocios‘ que a un verdadero proyecto de país.

El viernes 22 todo se votó sin debate previo y las garantías suficientes para definir una hoja de ruta para los próximos cuatro años. Por esa vía llegaron las facultades extraordinarias con que contará el presidente Duque para reformar el Estado; la concesión de los puertos de Colombia al capital privado y extranjero hasta por 80 años; un artículo derogatorio de leyes que le darían paso a eliminar apoyos al deporte de alta competencia, por ejemplo. Y como era de esperarse las inversiones para consolidar el Acuerdo de Paz ausente: el Gobierno desconoció el artículo 3 transitorio del acto legislativo número uno de 2016 que obliga a los próximos cinco presidentes a diseñar un plan Plurianual que garantice la implementación del Acuerdo de Paz suscrito entre el Estado colombiano y las extintas Farc-EP.

Este beneplácito de las comisiones económicas al PND 2018-2022 tiene otros objetivos: profundizar el extractivismo minero y fortalecer el fracking; legalizar a través de procesos de amnistías, perdón y olvido las posesiones ilegales de tierras, al tiempo que abre la posibilidad de adquirir terrenos baldíos privilegiando a los terratenientes. Sin duda es una ley que ahonda la desigualdad y no busca la equidad como lo pretende el Gobierno; el tal pacto por Colombia es un pacto con los sectores más privilegiados de la sociedad. Más de lo mismo, una política que tuvo su cenit durante el gobierno del expresidente Uribe.  

Eso que señalo tangencialmente del PND en los 311 artículos (no 183 como originalmente eran), fue lo que aprobaron a ciegas, por ejemplo, los tres parlamentarios de Cambio Radical (CR) y el liberalismo que finalmente le hicieron quorum al Gobierno para evitar que el Plan fuera emitido por decreto.

Claro, el objetivo de Arturo Char (el hijo de Fuad Char), Luís Díaz Granados (CR) y del liberal Mauricio Gómez,  ovacionados cuando hicieron presencia en el recinto, era el de salvar Electricaribe, entidad prestadora del servicio de energía eléctrica que desfalcaron los capitales privados extranjeros y nacionales, y que los colombianos, con nuestros impuestos, terminaremos sacando de la supuesta quiebra.

Como bien lo denunció el exministro Juan Camilo Restrepo: “Lo único que logró hacer quorum para aprobar el PND, fue el propósito de clavarle una sobretasa a los usuarios del servicio de energía (estratos 4,5 y 6, comercio e industria) de todo el país para salvar a Electricaribe”. Así es, una nueva movida tan parecida al caso del Metro de Medellín, cuya obra terminamos de pagar todos los colombianos.

Eso es este “PND. Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, la consolidación corporativista de un Gobierno que llegó a favorecer al gran capital. Todo ello explica el apoyo unánime de los gremios y empresarios del país a las objeciones que sobre la ley estatutaria de la JEP hizo el presidente Duque.  

@jairotevi