Donbernabilidad

Han pasado 16 días desde la entrega de 'Don Berna' y lo único claro es que no está preso. El jefe paramilitar, y señalado narcotraficante, se está convirtiendo en una papa caliente para el gobierno.

Su singular entrega fue presentada al comienzo como una reafirmación de la decisión presidencial de luchar contra el delito. Pero los hechos están empezando a convertir en rey de burlas el llamado 'principio de autoridad'.

No es fácil explicar, hacia adentro, que el señor Murillo no está capturado sino desmovilizado. Sobre todo porque la razón de su súbita desmovilización es la orden judicial por el asesinato de tres personas.

Un crimen cometido para doblegar políticamente a una región. Una violación del cese de hostilidades que en lugar de traducirse en la exclusión del proceso de paz, se vuelve ocasión para entregar nuevos privilegios al delincuente.

Con el tratamiento preferencial a 'Adolfo Paz', como le gusta ser llamado, el gobierno está transmitiendo el terrible mensaje de que los señores de Ralito tienen licencia para matar.

Pero si todo esto es difícil de justificar en Colombia, casi imposible es hacerlo en el exterior. Conservar el apoyo, por ejemplo, del gobierno y del Congreso de Estados Unidos. Convencerlos de la sinceridad del proceso. Persuadirlos de que 'Don Berna' es narcotraficante en defensa propia. Es decir que los millonarios envíos de droga se han usado para el fortalecimiento de su abnegada lucha contra la guerrilla y no para enriquecerse personalmente.

La reciente solicitud de extradición contra él, demuestra que la justicia norteamericana no quiere comprar esas tesis. Al margen de la retórica gubernamental colombiana, para ellos un narcotraficante seguirá siendo un narcotraficante.

Además, y a pesar de que el tema moleste tanto al presidente Álvaro

Uribe, son crecientes las dudas sobre las verdaderas condiciones de reclusión (¿o debe decirse de desmovilización) del señor Murillo.

Desde Córdoba, en la modesta casita campesina roja y blanca que nos han mostrado por televisión, 'Don Berna' maneja una estructura de comunicaciones que lo mantiene activo y en contacto con sus ejércitos rurales y sus sicarios en las ciudades.

La relación de fuerzas en el área, entre las suyas y las del Estado, es de tres a uno. Es decir, por cada hombre de la Policía o del Inpec que lo cuida -como bien dice el Comisionado- hay tres suyos.

El gobierno dirá que Murillo necesita comunicarse para coordinar la entrega y desmovilización de sus hombres. Lo cierto es que nadie está controlando el alcance de esas comunicaciones, ni las órdenes que viene impartiendo.

El tema debe ser del mayor cuidado, sobre todo porque hay claros indicios de que gente de 'Don Berna' está detrás de operaciones sicariales en varias regiones del país. Una de esas operaciones habría sido el asesinato del congresista caldense Óscar González.

La semana pasada fue capturado Alejandro Morales, como uno de los presuntos autores de este crimen. Morales es, según las autoridades, miembro de la llamada 'Oficina de Envigado'. Bajo ese nombre funciona una banda que inicialmente efectuaba cobros a mano armada entre miembros del bajo mundo, y ahora se encarga de asesinar a personas señaladas por los paramilitares o sus amigos. La Policía asegura que el dueño de la oficina es 'Don Berna'.

Ninguno de estos delitos quedará por fuera del amparo otorgado por la llamada 'ley de justicia y paz'. El Alto Comisionado se ha apresurado a advertir que son retroactivos los beneficios de un proyecto que aún no es ley, pero que el gobierno viene ferrocarrileando, con micos y todo, en el Congreso. Para el funcionario parece prioritaria la tranquilidad de su desmovilizado.

El dilema del Presidente frente a 'Don Berna' es tan duro como claro: lo extradita, o por lo menos lo traslada a una cárcel de máxima seguridad, y pone en riesgo el proceso de paz. O se aguanta lo que está pasando, y mantiene el proceso pero tira por la borda su credibilidad en Colombia y en Estados Unidos.

Algo parecido le pasó a Andrés Pastrana.