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Opinión

  • | 2019/03/18 18:52

    Dudas y verdades sobre inhabilidades e incompatibilidades electorales

    La diversa normatividad sobre inhabilidades e incompatibilidades que se les aplica a los candidatos que se someterán al escrutinio de los ciudadanos en las próximas elecciones para gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles, junto con la jurisprudencia de las altas corporaciones y los conceptos de las autoridades y doctrinantes, produce un caos de ideas oscuras sin luz que ilumine el asunto.

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Por ejemplo, de las inhabilidades establecidas para ser alcalde, tenemos la configurada en el numeral 2 del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificada por el artículo 37 de la Ley 617 de 2002 que prohíbe a quien haya ejercido como “empleado público” dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de la “elección”, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, en el respectivo municipio donde someterá su candidatura.

Los elementos de esta inhabilidad son: 1) Un aspirante a ser alcalde. 2) Una prohibición a ese aspirante consistente en que si se ha desempeñado como empleado público, no puede haber ejercido jurisdicción o autoridad: i) política, ii) civil, iii) administrativa o, iv) militar. 3) Un límite temporal: dentro de los 12 meses anteriores a la “elección”, hoy, conforme a una sentencia proferida por el Consejo de Estado el 29 de enero de 2019, a la “inscripción” de la candidatura. 4) Un límite territorial: que ese empleo público se haya ejercido en el respectivo municipio al que aspira ser su alcalde.

Si se configuran esos elementos estructurales, el candidato está inhabilitado para aspirar a ser alcalde, es decir, que no cumple los requisitos o condiciones para acceder al cargo.

Así mismo, incurre en inhabilidad para ser alcalde, “quien como empleado público del orden nacional, departamental o municipal, haya intervenido como ordenador del gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos, que deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio.”

Aplicando esta interpretación a casos concretos como el de Ángela Garzón, exconcejal de Bogotá y de Miguel Uribe Turbay, exsecretario de gobierno de Bogotá, la primera estaría habilitada para aspirar a ser alcalde de la capital mientras que el segundo estaría inhabilitado. Salva a Ángela Garzón, la naturaleza del cargo que desempeñaba porque no comporta la calidad de empleo público, posición que la Corte Constitucional ha dejado sentada cuando dijo que "los concejales no tendrán la calidad de empleados públicos", aun cuando los “miembros de las corporaciones públicas son servidores públicos.”

La corte al respecto complementó que “no es lo mismo pertenecer a este género (servidor público) - que abarca a todos los que mantienen un vínculo laboral con el Estado, bien desde el punto de vista legal y reglamentario o puramente contractual- que ser catalogado como empleado público, una especie de aquel, que se caracteriza por una relación legal y reglamentaria, de modo que el nexo con el Estado tiene lugar por nombramiento y posesión y no por contrato. Los empleados públicos son servidores públicos. Los concejales también, pero sin tener el carácter específico de empleados públicos, dado el origen de su vinculación, por elección popular, que difiere del de aquéllos.”

En materia de incompatibilidades, aquellas situaciones que imponen restricciones por razón del cargo y se instituyen para prevenir que por el ejercicio del mismo se afecten valores y principios de protección superior, sucede algo parecido. El nuevo Código General Disciplinario estableció que los gobernadores, los diputados, los alcaldes, los concejales y los ediles, en caso de ser elegidos, desde ese evento electoral y hasta por 12 meses más después del vencimiento de su periodo o el retiro del servicio, en el nivel territorial donde hayan ejercido jurisdicción, no pueden: a) Intervenir en nombre propio o ajeno en asuntos, actuaciones administrativas o actuación contractual en los cuales tenga interés el departamento, distrito o municipio correspondiente, o sus organismos; b) Actuar como apoderados o gestores ante entidades o autoridades disciplinarias, fiscales, administrativas o jurisdiccionales.

Esta prohibición debe entenderse únicamente desde la elección de una persona en estos cargos que se debatirán electoralmente en octubre, hasta el año posterior a su periodo o retiro, pues la norma no tiene efectos retroactivos.

Desde otra óptica, la de los servidores públicos, estos tienen la prohibición de utilizar el cargo para participar en las actividades de los partidos y movimientos políticos, incluyendo la actividad electoral proselitista, aun cuando no se haya dado inicio a lo que la Ley de Garantías Electorales denominó “campaña política” que comienza cuatro meses antes de la elección. De modo que ¡señores servidores públicos, pónganle cuidado a lo que hacen, porque bien pueden estar violando principios éticos y disciplinarios!

Ojalá las autoridades competentes le hagan el estudio a lo interpretado en este artículo para dilucidar las dudas que tienen los candidatos y la ciudadanía en general.

(*) Abogado Constitucionalista.

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