Economía para la paz

Siempre me pregunté, con mucho desconcierto, el sentido de una afirmación muy popular entre los economistas (a  mediados de los 80 y finales de los 90, -una de las peores épocas que ha atravesado nuestro país en la historia-),   “la economía va bien pero al país le va mal”.  Me resistí a comprender cómo se construía esta disociación y, aún hoy, me cuestiono sobre el fundamento ético de algunos economistas y políticos que controvierten el actual proceso de paz por los costos del mismo, afirmando que “la paz nos costará mucho” y “seguramente mucho más que la guerra”.

En un reciente ensayo escrito por Juan Fernando Vargas (en el excelente libro Compilado  por Angelika Rettberg, Construcción de la paz en Colombia, 2012) sobre “ Costos del conflicto y consideraciones económicas para la construcción de la paz”,  él analiza cómo la violencia homicida, o el conflicto violento afectan, en primer lugar, el crecimiento económico (incremento de la productividad, la inversión,  y el bienestar psicosocial), en segundo lugar,  contribuyen al rezago económico, por los costos debidos a la destrucción de infraestructuras, carencia de inversión, fuga de capitales, (financieros, humanos, relacionales), los crecientes costos de las transacciones, las desviaciones e ineficiencias en la asignación y ejecución  de recursos, el incremento en la corrupción y la congestión jurídica, el deterioro del capital social y, en tercer lugar, el desarrollo de tecnologías y redes de guerra que reproducen estos funestos impactos.

Vargas evidencia, además, un elemento central en un conflicto armado tan prolongado, y es el hecho de que surjan a partir de éste, actores que han aprendido a vivir y a usufructuar la economía de la guerra; ellos tienen recursos para ejercer todo el poder que han consolidado contra cualquier proceso de paz que potencialmente atente contra sus intereses y por lo tanto, la  paz deberá  tener en cuenta a estos actores y buscar formas de persuasión para incluirlos pues seguramente no solo no querrán participar sino que buscarán su fracaso.

Las cifras de la  guerra desde diferentes analistas económicos, muestran un incremento sostenido y gradual en el gasto dedicado a la guerra (hoy nos cuesta cerca del 25 % de todo el presupuesto nacional); es necesario también incluir los costos que produce la debilidad institucional (corrupción, impunidad) asociada al conflicto violento (5%); los recursos que usan las fuerzas guerrilleras y paramilitares por vía del narcotráfico, la minería ilegal, la extorción, el soborno y el secuestro (entre un 5% y 10%).

Ante este panorama, es necesario hacernos varios cuestionamientos: uno fundamental, sobre la eficiencia de una economía que ha destinado por tantos años recursos para la guerra, sobre el sentido de la explotación desmedida, sin sostenibilidad ambiental y humana de los recursos naturales a costa del ejercicio de la agresión  y la vulneración de las comunidades, con la consecuente generación de violencias que no hacen sino reproducir los circuitos de la guerra.  En últimas, preguntarse si tiene sentido sostener una economía para la guerra  que sólo fomenta la exclusión socioeconómica, sociojurídica, sociopolítica y psicosocial  con la que se cultiva y condena a la violencia en los más débiles de nuestra sociedad.

Toda nuestra sociedad lo sabe, la mayoría de quienes exponen su vida (en cada uno de los actores armados) en nuestro prolongado conflicto violento no cuentan con las condiciones sociales (educativas, económicas, políticas y jurídicas que puede brindar una sociedad) y menos las poblaciones que sufren directa o indirectamente de estas prácticas violentas. Seguramente, para algunas élites los sacrificios de los débiles y vulnerables solo son un costo, una estadística, un daño colateral, pero es necesario que la sociedad en su conjunto evalúe hasta cuándo sostener toda esta economía para la guerra y la violencia. 

Por tanto, es necesario reflexionar sobre si tiene algún sentido poner en una balanza cualquier inversión económica que se haga en la paz con relación a lo que nos ha costado esta guerra en vidas, inequidad, exclusión, pobreza, debilidad institucional, corrupción, en el tiempo invertido en consolidar una sociedad en el que las prácticas violentas se instauraron y naturalizaron; ¿puede tener sentido seguir defendiendo una economía al servicio de la guerra y no una economía para y por la paz?

La economía para la paz implica orientar, por varias generaciones, los recursos en reducir la pobreza, disminuir la desigualdad, aumentar la seguridad ciudadana en especial de quienes están más en riesgo de perderla (que en general son los más vulnerables), asegurar el acceso equitativo a educación, salud, alimentación, justicia; invertir en la recuperación psicosocial de quienes han sufrido directa o indirectamente de la exclusión y la violencia en todas sus formas;  fortalecer los sistemas de control y regulación local de quienes ejercen la violencia; construir prácticas sostenibles de gestión no violenta de los conflictos; deslegitimar  todas las formas de violencia como recurso de gestión social, promover que la inevitable explotación de los recursos naturales (mineros y agrarios), no genere la destrucción de las comunidades y, esto más que asistencialismo es construcción comunitaria de soluciones sostenibles, inclusivas y pacíficas,  donde la vida y la no violencia sean el fundamento de cualquier gestión económica. Esto seguramente, comprometerá al Estado en su conjunto, a la banca, la empresa privada, la industria, los agricultores, ganaderos, sindicatos, campesinos , indígenas y la sociedad en general  en todos los sectores de la economía, con la mayor de las responsabilidades sociales, contribuir a construir la paz.  En últimas, una economía para la paz implica una economía para y por la vida.
 
*Profesor asociado/editor Universitas Psychologica
Grupo Lazos Sociales y Culturas de paz
Pontificia Universidad Javeriana
@wilsonLpez9
lopezw@javeriana.edu.co