La desigualdad corroe la democracia

Mientras la riqueza de los “milmillonarios” aumentó el 12 por ciento durante el año 2018, a razón de $2.500 millones de dólares diarios (900 mil millones al año), el poder adquisitivo de los más pobres se redujo en 11 por ciento. Las 26 personas más ricas de la tierra poseen la misma riqueza que casi la mitad de la humanidad compuesta por 3.400 millones de personas que viven con menos de $5.5 dólares o 15 mil pesos al día. En resumen, los ricos son cada vez más ricos y los pobres más pobres.

¿Por qué debe preocuparnos esa situación, si en América Latina y en Colombia se han hecho avances contra la pobreza extrema? La desigualdad no es solamente objetable desde un punto de vista ético sino también político y económico. Ello tal vez explique el éxito del libro El Capital en el Siglo XXI de Thomas Piketty, una obra académica bastante densa que se ha vendido como un “bestseller,” con ventas de 2.2 millones de ejemplares en treinta idiomas.   

El trabajo de Piketty ha dejado sin piso la teoría de Simon Kuznets, una de las más asentados de las ciencias económicas. Según esta tesis, todas las economías pasarían por una etapa de desarrollo industrial en la cual las desigualdades se acentuarían, para después pasar a una etapa de democracia social y ampliación del consumo masivo que frenaría la desigualdad, la cual se estabilizaría posteriormente en niveles aceptables. Solo habría que ser pacientes mientras el crecimiento se derramaba hacia abajo para finalmente beneficiar a todos.

Piketty reconoce que esta teoría respondió a un primer y ambicioso esfuerzo estadístico presentado en 1953 cuando arreciaba la guerra fría, pero también lo glosa por cuanto, a pesar de estar consciente del carácter especulativo de su formulación, Kuznets se cuidó de subrayar que estas predicciones tan optimistas también estaban orientadas a mantener a los países en desarrollo “dentro de la órbita del mundo libre.”

Con la obra de Piketty, que los datos anuales de Oxfam Intermon evidencian, ha llegado la hora de colocar a la desigualdad en el centro de las preocupaciones de las ciencias sociales y económicas y de las políticas públicas, pues los extremos de desigualdad que se están registrando -  y Colombia es un caso emblemático al ser uno de los países más desiguales sobre la tierra - no solamente atentan contra la equidad y la eficiencia económica sino contra la democracia.

“El 60 por ciento de la reducción de la desigualdad y la pobreza se explica por la inversión pública en esas áreas (salud, educación y protección social),” explica Rosa Cañete Alonso, coordinadora del Programa de Lucha contra la Desigualdad de Oxfam para Latinoamérica y el Caribe” (ET 27/01/2019).  Pero ese gasto público social se hace imposible en los volúmenes necesarios en ausencia de un sistema tributario progresivo que ponga a los excesivamente ricos a pagar su parte. En muchos países del mundo, esos intereses especiales han logrado no solo reducir los gravámenes que deberían pagar, sino eliminar el impuesto a las herencias. Muy pronto empezaremos a ver estudios que muestran que la riqueza en pleno siglo XXI no corresponde al saber sino al linaje, convirtiendo la meritocracia en una “heredocracia.” Mal augurio para la democracia y para los estímulos al crecimiento económico.  

Entre más se concentra el poder económico, más se concentra el poder político y la influencia de los intereses del capital en la toma de decisiones sobre la política tributaria, la reforma pensional, la flexibilización laboral, el gasto público, la reforma rural integral, la protección ambiental, entre tantos otros temas de gran incidencia social. Así se cumple la máxima lapidaria de Lampedusa: ¡Que todo cambie para todo siga igual! O peor.