El acuerdo de Mancuso

 
El acuerdo de Mancuso con el Departamento de Justicia de Estados Unidos echa por tierra los argumentos de quienes en su momento criticaron duramente la extradición de los principales jefes paramilitares. Ellos, no hay que olvidarlo, eran los mismos que antes habían criticado al gobierno colombiano por no extraditarlos y que también argumentaban que la Ley de Justicia y Paz era sólo un pretexto para evitar la extradición de los paramilitares.

Pero resulta que el convenio firmado entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos para garantizar una plena colaboración judicial sí está funcionando. De esta manera se garantiza la continuación en Colombia de los procesos por crímenes de lesa humanidad contra los paramilitares extraditados. Como resultado de la implementación de este convenio, es la primera vez que el Departamento de Justicia de Estados Unidos reconoce y valora la participación voluntaria de un extraditado en el proceso de justicia y paz en Colombia, así como su colaboración entregando información sobre sus crímenes en nuestro país y la entrega de bienes a la justicia colombiana para reparar a sus víctimas. Todo esto está incluido en el texto del acuerdo que el Departamento de Justicia envió a la Corte Federal de Columbia, encargada del caso Mancuso. Adicionalmente, su abogado ha anunciado que todos los bienes que entregue su defendido se quedarán en Colombia y harán parte del fondo de reparación de víctimas de nuestro conflicto interno.

El acuerdo de Mancuso está demostrando que estábamos en lo cierto cuando afirmamos que la extradición no iba en contra de los objetivos de verdad, justicia y reparación, sino que, por el contrario, sería una presión adicional y efectiva para que esos objetivos se alcanzaran en mayor proporción. Por su parte, los críticos más obtusos de la extradición dijeron que se iba a sacrificar la verdad y la reparación de las víctimas. Al mismo tiempo, en un derroche de inconsecuencia lógica, criticaron que el gobierno mantuviera a los extraditados dentro de la Ley de Justicia y Paz, cuando en realidad mantenerlos allí es la única garantía de poder lograr la verdad y la reparación de las víctimas, que esos mismos críticos creen que está en riesgo con la extradición.

Los crímenes de lesa humanidad no prescriben , por eso, y en ejecución del mencionado convenio de cooperación, el gobierno de Estados Unidos repatriará a Colombia a los paramilitares extraditados una vez cumplan allá sus condenas por narcotráfico, con el fin de que paguen aquí sus penas por delitos de lesa humanidad. Con este convenio no podrán quedarse en Estados Unidos bajo protección gubernamental aun cuando colaboren con la justicia norteamericana.

A los extraditados les conviene entonces mantenerse dentro de la Ley de Justicia y Paz para obtener menores penas allá y aquí, contando la verdad y entregando sus bienes. Y en Colombia les conviene tanto al Estado como a la sociedad y a las víctimas mantener a los extraditados dentro de esa Ley para develar la verdad de sus crímenes y lograr la reparación de las víctimas. Para esto es clave que Estados Unidos facilite a los fiscales colombianos la realización de todos los interrogatorios presenciales y a profundidad que sean necesarios, así como los careos y la confrontación de testimonios a distancia con víctimas y testigos. Los medios técnicos existen para ello y han sido efectivos en otros países en circunstancias parecidas. Al final, sumadas las condenas de allá y de acá, los extraditados pagarán tres o cuatro veces más años de cárcel que si hubieran estado sometidos solamente a la Ley de Justicia y Paz en Colombia y, adicionalmente, tendrán que contar toda la verdad y reparar a las víctimas, so riesgo de que esas condenas sea aún mayores. Por eso también yerran quienes creen que la extradición bloqueó la para-política. Al contrario. En los próximos meses estos procesos se podrían ver nutridos con revelaciones que los paramilitares extraditados tal vez nunca habrían hecho aquí.

Los demás jefes paramilitares extraditados muy seguramente tomarán el mismo camino que Mancuso, si quieren pagar menos años de cárcel allá y acá. Y los que aún están presos en Colombia tendrán que dejar de delinquir y colaborar sinceramente con la justicia, si no quieren ser extraditados.