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Lucía Bastidas
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El “cambio” llega con la incertidumbre de lo que será

Colombia decidió en democracia y ganó el candidato del Pacto Histórico.


Por: Lucía Bastidas

Aquel que hablaba de la amenaza de fraude, el del movimiento que aseguraba un “nuevo estallido social” de perder la contienda electoral, ese que busca frenar grandes obras de infraestructura en el país como el Metro de Bogotá, el que habla de más impuestos y que puso en vilo la confianza de las grandes empresas y multinacionales del país sobre el futuro de la economía nacional. Gustavo Petro fue elegido nuevo presidente de Colombia, con una diferencia de 3 puntos porcentuales con el ingeniero Rodolfo Hernández. Rodeado de personajes cuestionados en la campaña, comenzará el próximo 7 de agosto un gobierno lleno de promesas que son difíciles de cumplir durante su mandato y que dejan en incertidumbre a ciudadanos, gremios y opinión pública.

Esto es democracia, ganó una de las opciones y la otra lo aceptó. A todos los que hicieron campaña y esfuerzos por obtener la victoria, esperamos sinceramente que llamen a la unidad del país, porque la elección se dio en medio de una fuerte división. El país está polarizado y la historia nos ha demostrado que los extremos hacen mucho daño. Aquí hay que salir adelante juntos, pensando en acabar la brecha de pobreza.

El presidente electo debe tener claro que debe gobernar para todos los ciudadanos. Contar para su gestión con el sector privado, los gremios y empresarios, grandes generadores de empleo y que aportan con sus impuestos al desarrollo del país y contribuyen con oportunidades e infraestructura social en las regiones. Atraer la inversión extranjera, no oponerse a ella porque pierde el país.

El llamado, es que respete la división de poderes, la institucionalidad y sus decisiones en torno a quienes han sobrepasado las normas y violado la Ley, no como exigió en su discurso, muy emocional por el momento, que se de libertad a quienes han ocasionado daños en los bienes públicos de la ciudad y el país en el marco de protestas violentas no pacificas o reintegrar en sus cargos a alcaldes suspendidos por intervenir en política. Esa división de poderes ha sustentado la independencia y democracia en el país, por eso, no queda bien, que el primer mandatario realice estos pronunciamientos, dando órdenes a los organismos de investigación disciplinaria y judicial.

Que no se olvide el presidente electo que son organismos independientes. Preocupa por ejemplo, que en el caso de lo que le solicitó a la Fiscalía, desconozca que quienes fueron capturados y enviados a la cárcel, no fueron los manifestantes de la legítima protesta pacífica, sino aquellos miembros de la Primera Línea en el país que de manera violenta, ocasionaron disturbios, secuestraron y torturaron personas, dañaron la infraestructura en ciudades como Bogotá y Cali por más de 40 mil millones de pesos, los que intimidaron a los ciudadanos que habitaban en zonas que se tomaron con amenazas, les cobraban peajes ilegales y les dañaban sus viviendas con piedras y grafitis; esos que atacaron a la Policía y al Esmad con ácido y con bombas incendiarias, los que promovieron actos de vandalismo contra colegios, sistemas de transporte y el comercio generando miles de millones en pérdidas para el sector productivo. Los que bloquearon el paso de alimentos que finalmente se perdieron y aquellos que bloquearon el tránsito de ambulancias y en otros lugares las atacaron ocasionando incluso, que se perdieran vidas. Algunos ya en la cárcel y otros que faltan por capturar, pero que deben pagar por sus delitos, así debe ser.

Gustavo Petro conquistó votantes con un discurso cargado de promesas, pero con su elección ahora debe enfrentar la realidad de un país pospandemia, con problemas sociales de décadas y grupos armados ilegales y disidencias que ahora tendrá que combatir como primer mandatario porque siguen atentando contra los colombianos, líderes sociales, campesinos e indígenas; así como enfrentar las protestas violentas y los reclamos de los sindicatos que siempre han argumentado que la culpa es del gobierno, el cuál ahora él representa; una realidad que resulta muy diferente a la teoría en la que pareció basarse su campaña.