Salir del limbo

Ni se termina, ni se le da continuidad a la mesa de negociación con los elenos.

Lo que queda es la posibilidad de que ocurran todos los desastres.

El gobierno habla con la fuerza que otorga su legitimidad institucional y atiende el rechazo nacional e internacional al secuestro.

Los elenos insisten en defender esta práctica argumentando que son una fuerza semejante al Estado que combaten. Hace rato están lejos de ello.

Así las cosas, la mesa parece estar atrapada, sin salida.

El gobierno y los elenos continuarán en lo suyo, cada uno con su grande o pequeña legitimidad.

Todos perdemos.

Tal vez insistir en un acuerdo de paz sea una quimera para muchos de quienes vivimos en Bogotá, pero para las personas que viven en regiones donde las armas y la voluntad elena están presentes, el costo de cerrar la puerta es altísimo.

Dejar la mesa en el limbo, es cerrarla sin asumir responsabilidad por ello.

En Samaniego, Nariño, uno de los municipios donde podría funcionar una acción humanitaria, la situación de seguridad se degrada día a día.

En el 2005, su alcalde, Harold Montufar lideró una iniciativa comunitaria para enfrentar la amenaza que representaban las minas antipersonales en su comunidad. La presentó ante la mesa de conversaciones que desarrollaban el gobierno y el ELN en la Habana, Cuba donde fue aceptada, la comunidad estaba expectante.  

Dicha iniciativa tenía el respaldo de organizaciones nacionales, internacionales y autoridades departamentales.

La evidencia era que la violencia armada, limitaba la vida de las comunidades de manera importante e impedía físicamente la movilidad en veredas y zonas de resguardo indígena que integran el municipio y su vecino Santacruz, Guachavez.

Lo humanitario pasó a un segundo plano y las decisiones políticas, unilaterales, tanto del gobierno como del ELN impidieron el desarrollo de una experiencia que podía convertirse en factor de confianza para quienes negocian el fin del conflicto y para el país.

En este desastre, el ELN puso su cuota. Por aquella época, intensificó sus acciones en la zona, secuestró dos agentes de la policía, mientras al igual que hoy, defendía en la mesa su “derecho” a secuestrar ciudadanos.

En 2007 el proceso fue perdiendo sentido hasta que finalmente murió con pocos avances.

Diez años después, luego de cientos, miles de conversaciones e intervenciones de diferentes actores, el gobierno Santos y el ELN retomaron los diálogos, se construyó una agenda y ahora estamos de nuevo donde se cerró la puerta en 2007.

Hoy en 2018, aún con mayor consenso, el secuestro continúa siendo rechazado por la población, los dirigentes del ELN insisten en ello.

Para los habitantes de Samaniego, el presente del 2018 presenta situaciones más graves que las vividas en el 2005: en los 258 días corridos de este año, se cuentan 68 asesinatos en el municipio.

La semana anterior y luego del asesinato de dos jóvenes a plena luz del día en medio de una balacera ocurrida en el parque renunció en pleno el consejo municipal de paz ante el alcalde.

Samaniego no ha conocido el posconflicto y debe ser atendido, observado y entendido en clave de acción humanitaria.

¿Quiénes son las víctimas, qué factores las causan? ¿Qué significa que esto ocurra en medio de fuerzas de policía, ejército, fiscalía, y organismos de inteligencia que actúan en el municipio?

68 asesinatos en lo corrido del año, representa una tasa de 13,6 homicidios por cada 10.000 habitantes. Es una cifra de escándalo.

Es algo que debería tener alarmadas no sólo a la ciudadanía sino a las autoridades.

Sin embargo, en medio del forcejeo entre el gobierno y el ELN por la continuidad o no de la mesa, sigue invisibilizándose que el cotidiano de estos municipios discurre entre las disidencias, el cartel de Sinaloa, el Clan del Golfo, el ELN y la acción de las Fuerzas Armadas.

Mientras se discute y resuelve la política de la negociación, poner de lado el componente humanitario que debe guiar a los contendores y al conflicto es un error.

Retomar lo humanitario, priorizarlo es el camino de solución a las preguntas sobre la continuidad o no de la mesa.

Adenda: Aunque abunda la presencia de militares y policías en Barbacoas, Leiva, Policarpa y otros municipios de esa región nariñense, sus pobladores se sienten desprotegidos, en manos del que tenga la pistola más grande. ¿Y el Estado? Eso queda muy lejos.

@alvarojimenezmi

ajimillan@gmail.com