A pesar de que Medellín ha sido reconocida como una de las tres ciudades más atractivas para viajar por la revista Time Out, con más de 30,000 encuestados de todo el mundo, eligiéndola debido a su rica cultura, impresionante infraestructura y destacada vida nocturna, parece que nuestra ciudad está en peligro de volver a ser identificada por la sombra de su pasado, especialmente durante las décadas de los años 80 y 90.

Lamentablemente, en los últimos cuatro años, hemos sido testigos de un resurgimiento de los problemas que alguna vez plagaron nuestra ciudad, lo que nos hace temer que Medellín vuelva a ser conocida como la ciudad de los carteles. Sin embargo, esta vez, no queremos que se asocie con el triste legado del mal recordado cartel de Medellín, una organización criminal colombiana involucrada en el tráfico de cocaína, actos de terrorismo y otras actividades ilícitas, que desempeñó un papel importante en el conflicto armado colombiano entre 1980 y 1993.

La ciudad de Medellín se encuentra ahora en el centro de la atención debido a las acciones del controvertido alcalde, conocido por el alias “pinturita”, quien ha transformado su administración en una especie de cartel. En esta organización, la mayoría de los funcionarios, a excepción de unos pocos, se han dedicado a enriquecerse a costa de los recursos públicos. No solo ellos, sino también los contratistas que han sido seleccionados a dedo, se han convertido en cómplices de esta corrupción que está afectando gravemente a la ciudad. Estos hechos han sido denunciados enérgicamente por la Veeduría Todos por Medellín.

Es lamentable ver que esto está ocurriendo en una ciudad que históricamente se destacó por la transparencia en la gestión pública, independientemente de la afiliación política de sus alcaldes. En el pasado, cuando surgían casos de corrupción en las administraciones municipales, los alcaldes tomaban medidas inmediatas, denunciaban los actos indebidos y los funcionarios responsables eran destituidos y sancionados de acuerdo con la ley.

Es importante recordar un artículo que escribí en esta misma columna a finales de noviembre de 2022, titulado “El cuestionado alcalde Quintero”, donde señalé con base en investigaciones de la Veeduría Todos por Medellín señales claras de delitos de corrupción que continuaron en aumento. Estas denuncias se han confirmado con las últimas acusaciones presentadas por la Veeduría.

El modus operandi utilizado por el líder de esta organización implicaba el uso de la empresa METROPARQUES como cabeza del cartel y la ejecución de contratos interadministrativos, una práctica que ha proliferado en la administración de Quintero como una manera de eludir las normativas de contratación pública.

Lo más alarmante es que se utilizó un ente descentralizado de la Alcaldía de Medellín, cuya función principal es la administración de parques en la ciudad, para ejecutar contratos por más de $397.000 millones entre los años 2020 y 2023, una función que está muy alejada de su objetivo original, como lo ha denunciado la Veeduría Todos por Medellín.

Además, el 98.4% de los fondos adjudicados correspondían a presupuestos de entidades municipales que tenían la capacidad y los recursos para llevar a cabo sus propias contrataciones, lo que representa más de $390.000 millones del presupuesto del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), el INDER y diversas secretarías del Distrito. Esto evidencia la capacidad de esta red corrupta para burlar la ley y operar impunemente.

Adicionalmente, la Veeduría ha identificado y es importante destacar el valor cívico de esta organización, que ha señalado a funcionarios y empresas privadas que parecen estar involucrados en una presunta organización criminal que manipuló diversos contratos en Medellín:

· En el contrato de mantenimiento del Parque de las Aguas, cuatro empresas ejecutaron un total de $3.172 millones de pesos.

· En el contrato de mantenimiento de zonas verdes, tres empresas ejecutaron $4.158 millones de pesos.

· En las campañas de prevención en salud, contratos por $2.500 millones de pesos involucraron a empresas cuyos miembros de juntas directivas compartían intereses.

· En eventos donde se contrató con tres empresas, se formaba un cartel para presentar ofertas que aseguraban que una de ellas ganara, rotando así los contratos.

· El presupuesto participativo, destinado a las necesidades de las comunidades, terminó en manos de nueve empresas con problemas jurídicos, pero esto no impidió que se beneficiaran con los recursos de la comunidad.

· En el mantenimiento de sedes deportivas, al menos seis empresas operaron como cartel para aprovechar sobrecostos en estos contratos, llegando a un 37% más de lo necesario.

· El cartel mejor estructurado fue el de los contratos de alimentación por $42.854 millones, incluso utilizando una empresa que se presentaba en todas las ofertas, pero nunca se le adjudicaba.

Esta metodología se utilizó también en contratos de mantenimiento de infraestructura, donde una empresa solo era utilizada para cumplir con la apariencia de pluralidad de contratistas.

Todo lo mencionado, junto con más de 50 contratos que ya habían sido denunciados el año anterior, plantea serias preguntas sobre las acciones de los órganos de control de Medellín, como la Personería y la Contraloría. Pareciera que estos órganos fueran parte de la organización liderada por el alcalde de Medellín, ya que es desconcertante que hasta la fecha no haya habido sanciones por parte de ellos. Esperamos que, después de estas graves denuncias, los órganos de control a nivel nacional, como la Procuraduría y la Contraloría, asuman estas investigaciones debido a la falta de efectividad y las sospechas que recaen sobre los órganos regionales.

Sin embargo, lo que más indigna a los antioqueños y medellinenses es que, al mismo tiempo que la Veeduría Todos por Medellín denunciaba las acciones del “cartel de la contratación”, los aliados del alcalde en el Congreso de la República lo condecoraron con la Medalla Orden a la Democracia por su “liderazgo y empoderamiento de los jóvenes”. Esto es realmente indignante, que el líder de esta presunta organización corrupta sea honrado como un ejemplo para la democracia junto con las nuevas generaciones de la política.

La estrategia del líder del “cartel de la contratación” no difiere en gran medida de la utilizada por Pablo Escobar cuando fue denunciado por sus vínculos con el narcotráfico. En ese momento, Escobar estratégicamente desacreditó al denunciante, Lara Bonilla, tratando de anularlo políticamente. De manera similar, Quintero está respondiendo a las denuncias de la Veeduría atacando a empresarios de Medellín y al expresidente Uribe para desacreditarlos, alegando que forman parte de un cartel. Todo esto parece un intento de distraer la atención de sus propios delitos, similar a lo que hacía Escobar en sus días delictivos.

Ahora solo queda esperar que la justicia actúe contra el “cartel de pinturita” y que nosotros, como ciudadanos, lo derrotemos junto con sus candidatos en las próximas elecciones del 29 de octubre. La responsabilidad recae en nosotros para que Medellín deje atrás esta historia tan lamentable, al igual que lo hicimos con el pasado de Pablo Escobar.