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Opinión

  • | 2019/06/06 14:11

    El castigo como reparación para la víctima: los límites de la retribución

    Las víctimas no deberían tener que esperar tanto para poder afirmarse, recuperar su identidad y ganar autoestima.

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Hace algunos años me invitaron a hablarle a un grupo de abogadas sobre las maneras en las que se podrían litigar los casos de violencia sexual del conflicto armado ante las instancias judiciales. Recuerdo con precisión que una de las asistentes reaccionó frente a mi llamado a la prudencia y escepticismo frente al derecho penal diciendo que una condena penal pronunciada por un juez sería lo único que podría devolverle a la víctima su capacidad de afirmarse, su sentido de identidad, su autoestima.

Me impresionó esa confianza en el proceso y en el juez, y me dejó aterrada el oscuro panorama que esa creencia le presentaba a la víctima. Como abogada, tengo claras dos cosas: 1) la verdad que enuncia un juez no puede ser nunca nada más que la verdad “del proceso”; 2) el proceso está dominado por los sesgos de los funcionarios públicos involucrados y estos sesgos perjudican a los más débiles. Claro, siendo esto así, un triunfo ante la justicia penal aparece como un gran triunfo: no sólo se ganó la batalla de la verdad sino la de la justicia. Pero los grandes triunfos son escasos, resbaladizos y demorados. Las víctimas no deberían tener que esperar tanto para poder afirmarse, recuperar su identidad y ganar autoestima. En lo que he estudiado y lo que me ha tocado ver, es más frecuente la frustración del silencio y la espera, que la redención de un fallo judicial acertado.

Por esta razón en muchos contextos no se habla ya de víctimas de la violencia sexual sino de sobrevivientes. El giro que muchos podrían acusar como meramente retórico es, sin embargo, significativo. Se refiere a la idea de que las personas contra las que se cometen estos delitos no quedan a la deriva esperando a que las rescate el sistema, sino que son capaces de sobreponerse, continuar viviendo, armar un plan de vida y reintegrar el yo que ha sido fracturado por el hecho delictivo. Esto, claro, no exonera a los funcionarios públicos de hacer bien su trabajo y llegar a fallos justos. Tampoco nos libera como sociedad de la obligación permanente de pensar en maneras de reducir los daños que nos causamos unos a otros. Mas no insiste en que la víctima ha quedado paralizada en el evento, sin posibilidades de rearmarse.

En mi cotidianidad, lidiando con casos de estudiantes y profesoras que son víctimas de violencia de género, esta aproximación me ha servido para varias cosas. En primer lugar, para tener claro que denunciar un acto de violencia ante las autoridades competentes, ya sean del nivel nacional o universitario, tiene unos costos que no todo el mundo quiere soportar. Ante unos beneficios remotos o improbables, presionar a las víctimas a elegir la ruta del castigo me parece insensato.

Recuerdo perfectamente el caso de una estudiante que me dijo que ella no quería volverse la niña del afiche: no quería que la historia de su vida fuera la violencia que había sufrido. Yo pensé que era razonable sentirse así, aunque no estuviera de acuerdo con lo que me pareció una actitud egoísta: según ella, entonces, ¿cómo van a cambiar las cosas si no es por personas que asumen esas cargas? Eso me lleva a mi segunda lección: lo importante no es el resultado sino el proceso! Como lo han señalado muchas mujeres en sus confesiones de violencia sexual usando a #MeToo, cada paso que damos para que el proceso tenga menos sesgos, se demore menos, refleje una verdad más verdadera y contenga mejor los daños que se causan, vale mucho.

El asunto no es cuántos años de cárcel o despidos conseguimos. La cuestión es cómo logramos que se escuche, cómo cambiamos el proceso para ser escuchadas, cómo generamos el debate sobre lo que es decente, normal, debido, placentero, en lugar de resignarnos al silencio y la mentira. Entonces, aunque los costos sean muchos, podemos contar cada transformación obtenida como ganancia: conocer a otras personas que están en las mismas es ganar amigas, lograr que se reforme algún paso en el proceso es ganar en justicia, impedir que las cosas sigan igual que antes es mejor que dejarlas pasar.

La joven que me dijo que no quería ser la del afiche, también fue la misma que después de intentar las salidas fáciles, me dijo que estaría dispuesta a tomar algunas iniciativas más: buscaría amigos que la respaldaran, lograría que hubiera más denuncias, iría hasta la oficina del defensor de derechos en la Universidad. Yo misma fui a hablar con algunas autoridades para pedirles que tomaran cartas en el asunto. Algunas cosas cambiaron.

La tercera cosa que me ha parecido importante al involucrarme en casos de violencia sexual es que para quienes han sufrido los ataques es clave enterarse de lo que se hace para responder adecuadamente a su denuncia y exigencia de acción institucional. El derecho penal sobre el que se ha armado todo el derecho sancionatorio o de castigo ha estado históricamente más preocupado con la protección de los derechos del sindicado que con los de la víctima. Se supone que el interés de la víctima es el de toda la sociedad y, en últimas, el del Estado. La idea es que el castigo ya no es una revancha o composición entre partes sino una decisión centralizada en la que debemos confiar como buenos ciudadanos.

Pero para alguien que es sobreviviente, la “sociedad” es un concepto difuso y la defensa de sus derechos ha demostrado estar pobremente ejercida por el Estado. Como lo indiqué antes, esto es especialmente así para algunos grupos de víctimas. Los sobrevivientes de violencia sexual, por esta razón, quieren saber del proceso, colaborar con el proceso e incidir. El silencio no resulta en más confianza sino en desconfianza, angustia e ira. En últimas, se trata de que como sobrevivientes, puedan sentirse tratados con “igual consideración”. Es lo que esperamos todos y todas como parte de comunidades democráticas.

 

 

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