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Opinión

  • | 1999/07/05 00:00

    EL CINISMO DEL PODER

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En la escala del cinismo, hay dos temas en los que la falta de vergüenza de los presidentes
de América Latina registra más de ocho puntos. El uno es la corrupción. El otro, la libertad de prensa.
Frente a este último, esta semana en la Asamblea General de la OEA en Guatemala los presidentes estaban
listos a firmar una declaración _otra más_ sobre la libertad de expresión en el continente. Porque, cabe
decirlo, poco les ha incomodado a estos primeros mandatarios que el régimen político que ellos
representan sea precisamente el mayor violador de la libertad de prensa que tanto proclaman en sus
estériles comunicados. Hay que ver cómo se lanzan a suscribir cualquier pergamino que los deje bien
parados ante los medios y la comunidad internacional mientras, tras bambalinas, sus gobiernos tienen a
los periodistas amordazados o contra las cuerdas. Firmaron, sin que les temblara el pulso, la Declaración
de Chapultepec en la que se comprometían a defender una "prensa libre" y a que "ninguna ley o acto de
poder coarte la libertad de expresión o de prensa". También firmaron sin ningún pudor la Declaración de
Principios de la Cumbre Iberoamericana en donde a la libertad de prensa le debían "otorgar las garantías
fundamentales para su correcto funcionamiento". La declaración de la OEA no tiene todavía los sellos
presidenciales. Pero no por esto se puede dejar de contrastar con la realidad que vive la prensa del
hemisferio para ver hasta dónde puede llegar la desvergüenza de nuestros presidentes. Sostiene la
declaración de la OEA "que las restricciones ilícitas impuestas al ejercicio de la libertad de expresión no
sólo violan los derechos humanos individuales sino que amenazan la sociedad democrática". Cierto. Pero
resulta que una de las más grandes amenazas para la sociedad democrática proviene del propio gobierno. La
publicidad oficial, por ejemplo, sigue siendo un arma para castigar a los medios que fiscalizan y premiar a los
que elogian. Discriminación que ha afectado, entre muchas otras publicaciones, a las revistas Oiga y Sí en
Perú, Crónica en Guatemala, y los periódicos Página 12 en Argentina, Barricada en Nicaragua y La Nación
en Paraguay. Por otro lado, el 'fujimorazo' contra la prensa peruana, que terminó por expropiar y expatriar
al empresario de medios Barusch Ivcher por sus denuncias contra los militares, la intolerancia imperial de
Menem en Argentina, y los intentos infructuosos de Balladares por tratar de expulsar del país al periodista
Gustavo Gorriti por sus investigaciones, también muestran la arrogancia y el desprecio del poder político
frente a la fiscalización periodística. Sostiene la declaración "que toda persona tiene derecho a la libertad
de expresión y que este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones y
opiniones". Pero los boicoteos oficiales a la distribución (que han afectado a 58 medios en 11 países desde
1991), las campañas de descrédito de los gobiernos contra los medios y los periodistas críticos (sobre todo en
Perú, Ecuador y Guatemala), y las auditorías tributarias contra la prensa que se atreve a denunciar han sido
otra común y dictatorial forma de presión gubernamental. Sostiene la declaración "que la libertad de
expresión no debe ser objeto de censura previa, interferencia o presiones directas o indirectas, incluidas las
de carácter económico". Pero qué mayor interferencia que la que ejercen todos los gobiernos del continente a
través de la adjudicación politizada de licencias y concesiones para radio y televisión en la que favorecen a
sus amigos y marginan a sus críticos. En Colombia se le conoce como el 'miti-miti' y en Brasil se le llama
coronelismo electrónico. Sostiene la declaración "que el ejercicio de la libertad de expresión se ve
seriamente coartado por la coacción y la violencia dirigida contra periodistas". Pero sucede que América Latina
es la región más peligrosa del mundo para ejercer el periodismo (sólo el año pasado fueron asesinados 18
periodistas) y donde, para colmo de males _y del cinismo_, la mayoría de los responsables de los crímenes y
ataques contra periodistas pertenecen al gobierno o gozan de su protección. Lo anterior sin mencionar, por
falta de espacio, la dificultad para acceder a la información, las leyes de desacato, las tarjetas profesionales
y los colegios de periodistas, en donde la intromisión del gobierno también menoscaba la independencia
y la libertad de la prensa.Esta declaración de la OEA debería entrar a una categoría especial en la
historia del cinismo político. En la misma donde está la frase: "si entraron dineros del narcotráfico a la
campaña, fue a mis espaldas". ¿Y por qué no crear la escala 'Samper' del cinismo?
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