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Opinión

  • | 2006/07/01 00:00

    El cinismo en Guantánamo

    Diana Guarnizo, investigadora del Centro DeJuSticia, analiza los debates jurídicos y políticos en torno a la situación en Guantánamo.

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Hace unas semanas, el mundo volvió a fijarse en las atrocidades que se cometen en Guantánamo a raíz del suicidio de tres detenidos y de la reciente decisión de la Corte Suprema de declarar ilegales las cortes militares que pretendían juzgar a los reclusos. Como todos sabemos, Guantánamo es un lugar a la sombra de cualquier derecho en donde los sospechosos de terrorismo son torturados y encerrados durante años, sin posibilidad de tener un abogado o ser escuchados en juicio.

Lugares así no son extraños en el mundo. Lo que sí es extraño, o al menos preocupante, es que sitios de detención tan aberrantes como Guantánamo puedan existir a plena luz del día sin que nadie pueda hacer nada y donde, al parecer, lo único que queda es sentarse a esperar a que el gobierno norteamericano, en un “ataque de humanidad”, decida clausurarlo. Aunque la Corte Suprema de Justicia norteamericana ha dictado importantes fallos para garantizar el derecho a la defensa y a un juez imparcial, esta base aún sigue abierta ¿Qué esta haciendo el mundo para que el “país de las libertades” respete las garantías judiciales mínimas de aquellos que considera sospechosos de terrorismo?

Desde el punto de vista jurídico, el gobierno norteamericano ya tiene perdida la pelea. Sin detenerse en tecnicismos jurídicos hablemos de dos temas que conforman el meollo del asunto.

Uno, tiene que ver con el estatus jurídico de los detenidos. Para el gobierno norteamericano se trata de “combatientes enemigos” a los cuales debe aplicarse la ley de medidas antiterroristas “USA Patriot ACT” que faculta al Presidente para que sea él quien defina las garantías que conservan los sospechosos de terrorismo. Por el contrario, para el Derecho Internacional Humanitario son “detenidos de guerra” a los cuales debe aplicárseles los Convenios de Ginebra. Estos Convenios establecen protecciones mínimas a favor de los detenidos, consistentes en la prohibición de tortura, acceso a un abogado y a un juicio justo, entre otras.

El otro tema tiene que ver con la jurisdicción de la zona de Guantánamo en Cuba. Para el gobierno de EE.UU., a los detenidos allí no se les aplica los derechos de la constitución norteamericana pues no se encuentran en territorio norteamericano.

Sin embargo, los argumentos del gobierno estadounidense han sido derrotados poco a poco en sus propios estrados judiciales.

Por un lado, aunque el caso norteamericano no encuadra claramente como un “conflicto internacional”, el Derecho Internacional Humanitario afirma que, en caso de duda, deberá aplicarse la normatividad humanitaria hasta que una corte imparcial defina el estatuto de los detenidos.

Con el fin de hacerle el quite a esta norma, el Gobierno norteamericano proponía que los detenidos fueran juzgados por cortes marciales, que nada tenían de imparcial pues estaban conformadas por los mismos militares que dirigen la guerra contra el terror. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia norteamericana acaba de dar un golpe significativo contra la política antiterrorista de EE.UU. al declarar que los tribunales militares son contrarios a la constitución norteamericana y a los convenios internacionales (Caso Hamdan Vs. Rumsfeld). Si bien esta sentencia no obliga al cierre de la prisión, es sin duda una de las decisiones más importantes para que EE.UU. entienda que la guerra contra el terror tiene límites en los derechos.

Ya existen precedentes (Casos Rasul Vs Bush y Hamdi Vs. Rumsfeld) donde la Corte Suprema de Justicia ha afirmado que EE.UU. tiene la jurisdicción de la zona –aunque no la soberanía- y que por tanto a los detenidos en Guantánamo les son aplicables los mismos derechos que a los detenidos en territorio estadounidense.

En el aspecto político, la presión internacional ha tenido una incidencia también importante. Desde hace varios años, organizaciones como la Cruz Roja, la ONU, Amnistía Internacional, y más recientemente el propio Parlamento Europeo, han condenado el mantenimiento de Guantánamo y han instado al gobierno para su cierre.

Por débil que parezcan las cartas, comunicados y declaraciones, el hecho de que provengan de organizaciones reconocidas, que sean elaboradas en forma reiterada y emitidas en un ambiente de impopularidad del gobierno por parte de sus propios ciudadanos, han hecho lo que pocos creían posible: hacer mella en las impenetrables políticas de defensa de la mayor potencia del mundo. Así parecían demostrarlo las declaraciones del presidente Bush de hace unas semanas cuando afirmaba que está de acuerdo con el cierre de esta base. Un avance, sin duda, si se tiene en cuenta el tono arrogante con el que luego del 9/11 se defendía la existencia de Guantánamo.

Sin embargo, no nos hagamos ilusiones con la promesa de Bush ni con el reciente fallo de la Corte Suprema. Ya el gobierno gringo le está sacando el cuerpo a sus propias declaraciones y ha dicho que el cierre está condicionado al desarrollo de un plan previo que permita saber a dónde se enviarán y quien juzgará a los detenidos. Seguramente, en ese plan, el gobierno seguirá insistiendo en implantar las cortes militares ya no, en ejercicio de las facultades extraordinarias que le da la ley antiterrorista sino, a través de una ley tramitada directamente ante el Congreso.

Así parece quedar claro cuando, al conocer el fallo, el Presidente Bush declaró que “existe la posibilidad de trabajar con el Congreso para determinar si es posible o no utilizar los tribunales militares para que los acusados comparezcan a la justicia” y que, en cualquier caso, el fallo “no hará que queden sueltos por las calles los homicidas”

Estas declaraciones ya rayan en el cinismo. Con las decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos, con la presión de organizaciones internacionales al cuello, y ante la impopularidad de esta base entre los ciudadanos norteamericanos ¿aún le queda cara al gobierno de Bush para seguir defendiendo su política en Guantánamo?
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