El costo de la diáspora

El Gobierno nacional no puede dejar de lado los intereses del país en cualquier intento de negociación que se lleve a cabo en la crisis venezolana. Colombia debe ser el primer interesado en la resolución de la actual situación que se transformó en el fraude electoral más grotesco de los últimos tiempos.

En el mundo hemos sido el país que asumió los mayores costos de la diáspora venezolana. Se estima que cerca de tres millones de venezolanos fueron acogidos en nuestro país en diferentes momentos, generando uno de los éxodos más relevantes registrados en las últimas décadas. Ha sido una migración caótica y deshumanizada —donde los diferentes países de la región han impuesto barreras y adoptado políticas buscando evadir o deshacerse del problema en diferentes momentos de la crisis—. Colombia ha tenido que aceptar la población venezolana migrante, sin restricciones, porque resulta imposible contener ese fenómeno.

Es un hecho que el eventual mantenimiento del régimen espurio de Maduro generará un tremendo conflicto social en una población que ve el cambio de régimen como la única esperanza. Muchos venezolanos tomarán la decisión razonable de no esperar otros seis años para una nueva decepción, y buscarán nuevos horizontes fuera del vecino país. Desafortunadamente, para nosotros todos los caminos de la población venezolana pasan por Colombia y ese debería ser el mayor condicionante de cualquier conversación que asuma el Gobierno colombiano frente al régimen de Nicolás Maduro.

Es evidente que Colombia no tiene la capacidad económica, de empleo, ni de servicios sociales para asumir una segunda ola de la ‘peregrinación’ venezolana. Probablemente una nueva migración se orientaría principalmente hacia los Estados Unidos. Es evidente que Panamá y otros países centroamericanos están implementando políticas restrictivas al tránsito por sus territorios, lo cual desembocará en que nuestro país esté sujeto a una tremenda crisis humanitaria, que terminará afectando a la población colombiana en aspectos como altas tasas de desempleo, sumado a una situación económica muy compleja.

Será difícil estimar el costo para nuestro país, porque las escasas cifras disponibles provienen del costo de la protección social, concretamente de los servicios de salud. Tan solo en 2021, el Gobierno nacional tuvo que destinar $ 460 mil millones para cubrir los servicios de urgencias demandados por la población venezolana en los hospitales colombianos. Ante el desajuste de las finanzas de hospitales públicos de frontera —y de otras grandes ciudades— se tomó la decisión de afiliar masivamente a los migrantes al régimen subsidiado. Cerca de 700 mil se acogieron en ese entonces con estatus migratorio temporal, lo cual costó cerca de un billón de pesos, anualmente.

¿Cuánto es el costo de los demás servicios sociales que ha tenido que asumir el Gobierno colombiano durante los pasados años para atender la situación migratoria venezolana?, ¿cuál ha sido el costo de absorber e integrar a los migrantes? El actual gobierno debería tener en la mesa esas cifras, mientras desde la sala de crisis del Palacio de Nariño, se conversa con México y Brasil o se adelantan contactos con la dictadura.

Claramente una masa de migrantes jóvenes puede tener un efecto benéfico, mediante el bono demográfico, originado en su inserción a la sociedad que los acoge. Sin embargo, los movimientos migratorios observados a lo largo del continente muestran que existe una proporción importante sin vocación para asentarse en el país. La mayoría de los venezolanos añoran su territorio, muy especialmente esa nación que prosperó antes que la pesadilla chavista se adueñara de ella.

El Gobierno colombiano se encuentra en una situación privilegiada para influir el destino de Venezuela, pero su eventual fracaso va a traer consecuencias muy graves para nuestro país. El fantasma ideológico es la principal debilidad del gobierno del cambio para asumir esta crisis. Si no se adopta una actitud pragmática, basada en los intereses de nacionales, vamos a tener consecuencias de largo plazo que, apuntarán indefectiblemente a las decisiones y mensajes que envíe el presente gobierno.