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Se están tirando el debate

Es difícil encontrar argumentos que justifiquen que un colombiano no tenga derecho a la doble instancia; sin embargo, los defensores de Arias están llevando el debate al plano de la polarización, donde no hay argumentos que valgan

Lucas Pombo, Lucas Pombo
18 de julio de 2019

El caso de Andrés Felipe Arias y el mar de consideraciones políticas que han girado, en uno y otro sentido, en torno a ese proceso contaminaron un debate que toca las fibras del debido proceso: el de la doble instancia para aforados, con carácter retroactivo.

Es difícil encontrar argumentos que justifiquen que un colombiano no tenga derecho a la doble instancia. El Pacto de San José, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Constitución le dan la razón a los que han defendido la necesidad de esa figura, incluso para quienes fueron condenados antes de que esa garantía fuera incorporada al ordenamiento jurídico para los aforados, a través del Acto Legislativo 01 de 2018.

Por más alto que sea un tribunal, cualquier ser humano tiene derecho a más de una instancia; los jueces no son infalibles y se equivocan, unas veces con buena y otras con mala fe; sin embargo, quienes con ocasión de la extradición del exministro de agricultura han planteado un proyecto de ley para permitir que se revise esa condena, han llevado la discusión al terreno del ataque sistemático a las decisiones judiciales y al plano de la polarización, quitándole fuerza a la discusión y llevando a que la sociedad se atrinchere en uno de los bandos sin escuchar argumentos.

Los defensores de la causa de Arias repiten hasta la saciedad que mientras a los excombatientes de las Farc se les dan curules en el Congreso, al exministro se le trata como a un delincuente, sin que se haya robado un solo peso. Ese argumento no solo busca tocar las fibras de la indignación ciudadana, sino que simplifica el alcance de la condena proferida por la Corte Suprema de Justicia y la compleja realidad de un conflicto de más de medio siglo que derivó en un proceso de justicia transicional. Nada tiene que ver la doble instancia con el proceso de paz; la doble instancia debe existir más allá de las Farc, de Arias o de cualquier otro factor político.

No se puede pretender ser sastre y  que la retroactividad en materia de doble instancia tenga un límite temporal para que quede a la medida del exministro. Si se reconoce esa garantía, debe hacerse para cualquier colombiano que haya sido condenado en única instancia, sin distinción de la coyuntura ni del delito que se le endilgue. El boquete que se abriría si se reconoce el derecho a la doble instancia retroactiva tampoco puede ser una razón para no actuar, ni el escenario que ese segundo fallo sea absolutorio. La segunda instancia no implica impunidad, sino la garantía del debido proceso que en ocasiones va en contravía de la opinión pública.

Cualquier debate sobre garantías y derechos es bienvenido; sin embargo, en materia de segunda instancia es fundamental que la discusión se dé en un escenario en el que participen las cortes y los partidos. Pretender llevar ese tema al plano político sólo le quita altura al trámite de un proyecto que, sin duda, vale la pena al menos plantear como país.