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Lucía Bastidas - Foto:

El desgobierno en tierra de nadie

Es necesario que el ministro de Defensa ejecute otras acciones y no se quede solo en un discurso idealista, se debe garantizar el derecho a la propiedad privada.

Por: Lucía Bastidas

Nos enfrentamos a una problemática social. Las invasiones de terrenos productivos, en 16 departamentos, se convirtieron en un desafío que evidencia un latente conflicto social amparado por la idea de la reforma agraria del nuevo Gobierno, que por supuesto es necesaria.

Ha faltado respuesta institucional articulada. El procedimiento ya existe, establecido en el código penal artículo 263, quienes cometen estos delitos al ocupar la propiedad ajena y han sobrepasado las 48 horas pueden ser imputables. Por ahora, la realidad muestra que es un ‘pinponeo’ entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Agricultura sin que ninguno tome decisiones. Solo es cumplir lo que dice la ley; esto le quedó grande al Gobierno nacional.

Algunos gremios manifiestan que en lo corrido del año hay entre 5.000 y 7.500 hectáreas afectadas. El Gobierno Nacional ha realizado mesas para “dialogar” pero parece que esto es insuficiente y aunque la ministra de Agricultura, Cecilia López, recalca el respeto por la ley, las acciones son insuficientes ante esta problemática que sigue en aumento y evidencia la debilidad de parte de la administración Petro para enfrentarse a las comunidades y hacer valer los derechos de los propietarios.

Las invasiones han llevado a enfrentamientos entre comunidades indígenas, afro y campesinas contra los sectores productivos, haciendo que el conflicto por tierra desate una nueva ola de violencia. Estas acciones de dichas comunidades no son hechos aislados, existen personas que están detrás de estos hechos delictivos y que no pertenecen a las comunidades anteriormente mencionadas, “profesionales de oficio”, quienes, incluso, tienen una vinculación con “grupos armados” a los que les proponen básicamente un negocio siniestro que consiste en reclutar gente de la zona con la finalidad de pagarles para que invadan predios productivos.

Bogotá no se aleja de la cruda realidad, Según cifras de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y la Secretaría de Hábitat, a junio de 2022 hay 30.440 ocupaciones informales en la ciudad, cifra que aumentó 17,2 % en comparación con el 2020, dentro de los 270 polígonos de monitoreo ubicados en Usaquén, Chapinero, San Cristóbal, Bosa y Usme. Este fenómeno ocurre desde la década de los 80 en San Cristóbal con urbanizadores piratas que terminaron convirtiéndose en tierreros, el modus operandi es el mismo: invadir espacio público de forma ilegal para engañar y estafar a las personas más vulnerables. Tales grupos delincuenciales interactúan activamente con el narcotráfico, la extorsión y otros mercados ilegales.

Diferentes sectores sociales desafían el ultimátum dado por el presidente Petro, faltan acciones concretas para que los invasores se retiren de los predios y, especialmente, para proporcionar garantías de no repetición. La administración está en el deber de identificar y dar a conocer a la sociedad cuáles son los sectores o personas que alientan a otros a que invadan propiedades privadas en distintas zonas del país, acciones que alimentan la generación de nuevos hechos de violencia.

Hago una alerta al gobierno Petro de esta situación que se está agudizando en 16 departamentos que se presenta principalmente en las ciudades, según lo afirma el general Henry Armando Sanabria, director de la Policía, hay 659 invasiones activas en el país, el 84 % de los predios invadidos se ubican en zonas urbanas y semiurbanas. Urge detener las invasiones, no han sido efectivas las mesas de diálogo que deben derivar en compromisos reales que sean de conocimiento para la ciudadanía, y, por el contrario, parecen incitar a la invasión en propiedad privada.

Es necesario que el ministro de Defensa ejecute otras acciones y no se quede solo en un discurso idealista, se debe garantizar el derecho a la propiedad privada. El país no puede normalizar las acciones de mano propia ante la inacción del gobierno Petro y sus ministros.