EL DESTAPE DE LA LEY 42

La primera pregunta sobre la polémica licitacion de televisión tendría que situarse en los predios del último por el que parecieron preocuparse quienes participaron en ella: ¿Qué puede esperar realmente el televidente colombiano de la nueva programación de T.V.?
Quizás el aspecto más positivo se refiere a que se puso fin al absurdo sistema, imperante en la actual programación, de que la competencia de los espacios se dé dentro de un mismo género, de tal manera que al televidente se le obliga a ver telenovelas, o musicales, o programas de concurso simultáneamente por los dos canales. Esta medida fue inspirada fundamentalmente en la protección del interés comercial de las programadoras. En la nueva programación, y por razones obvias, el sistema seguirá funcionando con el enfrentamiento de noticieros, pero será eliminado en los demás renglones de la programación.
Excepción hecha de esta medida prácticamente la única que fue tomada expresamente en interés del televidente, en la T.V. colombiana jamás había habido una licitación donde este importara menos, pero simultáneamente se manoseara más.
En virtud de la puesta en vigencia de la ley 42 de 1985, herencia de la administración anterior, los colombianos asistieron a la más espectacular farsa populista desde que BB manejó por última vez su Renault 4 sin escolta por las calles de Bogotá, y Virgilio Barco montó por primera vez en buseta para vivir en carne propia las vicisitudes del pueblo colombiano.
En un proceso parecido al del cuento de "La Cenicienta", nueve ciudadanos se convirtieron en Gustavos Vascos durante unas cuantas semanas lapso en el que se pelotearon el poder como princesas del régimen y cometieron todo tipo de arrogancias a título de "la comunidad". Ahora, finalizada la licitación, cada Gustavo Vasco ha regresado a su calabaza, pero las huellas de la ley 42 han quedado grabadas de manera indeleble en el espíritu de la última licitación.
Del Consejo Nacional de Televisión, el engendro estrella de la ley 42 se ha dicho de todo, pero no lo suficiente. Su aparición en el panorama de la adjudicación de espacios, previsto como el mecanismo para hacer licitaciones menos políticas y más profesionales, aumentó a niveles infinitos la capacidad de intriga con respecto a la repartición de la gran torta de la programación. Antes de la ley 42, con los únicos con quienes se podía intrigar un programa era con el Presidente, con el ministro de Comunicaciones o con el director de Inravisión. Ahora es posible intrigar además con cada uno de los representantes de "la comunidad", y a eso debe ser a lo que se refieren los que defienden la ley 42 como garante de un sistema de adjudicación más "democrático" de nuestra T.V.
Pero además, el Consejo de Televisión logró debilitar el poder del gobierno de turno. A tal punto, que ya este no adjudica directamente, como en el pasado, sino que ahora negocia con los representantes de "la comunidad", en un perfecto mecanismo de cruce de intereses. Y esa debe ser la curiosa ventaja que resaltan los que defienden la ley 42 como el mecanismo para despolitizar las licitaciones de la T.V. colombiana.
La integración del Consejo de Televisión ha sido atacada desde todos los flancos posibles. A sus miembros se les ha señalado su falta de representatividad, de probidad y de discresión.
Entre los mismos integrantes del Consejo hubo desde acusaciones mutuas de prevaricato, pomposamente difundidas por los medios de comunicación, hasta filtraciones que permitieron abrir un canal directo entre el computador de Inravisión y la primera plana de un periódico capitalino, que gracias a eso pudo hacerse a la gran chiva de la planilla de la nueva programación. Los rumores indican que incluso uno de los miembros del Consejo había sido despedido de la planta de empleados de una de las programadoras licitantes, por indelicadezas cometidas con el manejo de ciertos dineros. Y la razón es que la ley 42 ni siquiera exige calidades mínimas para el nombramiento de los miembros del Consejo, lo que quedó claramente demostrado por los "especímenes" que terminaron asumiendo el papel de Gustavos Vascos durante los días más candentes del proceso de adjudicación.
Pero aun cuando se ha dicho todo esto, y muchas cosas más, ciertas y escandalosas hasta los tuétanos nadie ha tocado el verdadero motivo por el cual falló el experimento de la ley 42. La clave está en un error de interpretacion. Cuando se habló de que los miembros del Consejo de T.V. debían representar a la "comunidad" nadie cayó en cuenta de que se trataba de la comunidad de los televidentes, y no de la comunidad de los aspirantes a la adjudicación.
Así, los nueve integrantes del Consejo de T.V. terminaron defendiendo sus intereses particulares y el de sus programadoras amigas. Y mientras el gobierno, por ejemplo, trabajo con fuerza para que uno de los mejores espacios noticiosos quedara en manos de la hija del ex presidente que mayor lealtad demostro con la campaña barquista, el señor Germán Santamaría, representante del CPB, luchó por todos los medios para que la mayor cantidad de programas quedara entre los periodistas afiliados a su agremiación. El señor Dario Valencia peléo a brazo partido por los galanistas, y el señor William Fadul por los conservadores.
El resumen de este "accidente" de interpretación de la ley 42 no puede ser más desalentador. Es tan particular el interés del gobierno de que la programación de televisión quede entre sus amigos, como el del CPB, de que más bien quede entre los suyos. Es tan particular el interés de querer vetar a Diana Turbay por ser hija de ex presidente, como el de querer imponerla por el mismo motivo. Y es tan particular el interés de perjudicar a Juan Guillermo Ríos por razones ideológicas, como el de querer imponerlo por razones periodísticas.
El saldo en rojo de la ley 42 se resume en una sola frase: ahora, para licitar un programa de T.V., no hay solamente que intrigar con el ministro de Comunicaciones de turno sino también con el señor Germán Santamaría de turno. Todo depende de si el canal que uno escoge para aspirar a una tajada de la gran torta de T.V. es la política, o el fariseísmo.