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Opinión

  • | 1980/12/11 00:00

    El destape paramilitar

    El 'destape' de otros dos paramilitares extraditables sentados en la mesa de negociación "pone de nuevo sobre el tapete la alta impureza de estas negociaciones", escribe el director del Observatorio por la Paz, Otty Patiño. Por ello, propone replantear la negociación para conjurar realmente los demoledores efectos del narcotráfico.

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En su edición dominical del 4 de julio, con el principal titular de su primera página, 'Dos gallos tapados en Ralito', El Tiempo puso al descubierto la identidad de dos de los negociadores de las AUC, los señores Víctor Manuel Mejía Múnera y Francisco Javier Zuluaga Lindo, más conocidos como 'Pablo Mejía' y 'Gordo Lindo', comandantes del Bloque Vencedores de Arauca y del Bloque Pacífico, respectivamente. ¿De qué se trataba el destape de esos dos gallos? ¿De descubrir sus nombres originales? El Alto Comisionado absolvió la inquietud a este respecto advirtiendo que él no era autoridad competente para establecer la verdadera identidad de sus interlocutores.

El problema central no es, pese a la candorosa salvedad del Alto Comisionado, una cuestión de autenticidad en las identificaciones. El problema de fondo es que contra ambos comandantes paramilitares pesan peticiones de extradición por Estados Unidos por narcotráfico, lo que pone de nuevo sobre el tapete la alta impureza de estas negociaciones.

En su discurso del primero de julio en Santa Fe de Ralito, Salvatore Mancuso ubicó la primera etapa del fenómeno paramilitar con epicentro en el Magdalena Medio. Allí se cuajó una estrategia de gran envergadura que a sangre y fuego expulsó a las Farc de buena parte de esa región y a escala nacional realizó el espantoso genocidio de la Unión Patriótica. En ese entonces, en Puerto Boyacá, constituida por los adalides del paramilitarismo en la "capital antisubversiva de Colombia", se pensó en propinarles a las guerrillas un golpe mortal. Se trataba de la aniquilación completa del Secretariado de las Farc congregado en La Uribe, mediante un audaz golpe de mano. Tal operación encubierta requería la importación de armas y de mercenarios que diseñaran, dirigieran y entrenaran a las unidades que participarían en dicha operación. La plata que financió los costos de esta singular empresa salió del bolsillo del narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, que se constituyó así en el principal accionista del proyecto paramilitar. Dicho plan fue abortado por quienes veían en su éxito la consolidación del poder del cartel de Medellín. La inversión de Rodríguez Gacha en ese proyecto fue entonces utilizada para asesinar a Luis Carlos Galán, candidato presidencial, con lo que desafió al gobierno de Virgilio Barco, que no tardó en reaccionar dando de baja a Rodríguez Gacha. Con estos hechos empezó el agotamiento de esta primera etapa del paramilitarismo.

Junto con estos acontecimientos se estaban llevando a cabo las negociaciones de paz con el M-19, en Santodomingo, Cauca. La dimensión del narcotráfico en el conflicto armado era ya tan visible y tan importante que uno de los 10 puntos del Acuerdo de Paz firmado con el M-19 en marzo de 1990 contempló la creación el gobierno nacional de una comisión de carácter académico para analizar dicho fenómeno y hacer las recomendaciones pertinentes para la superación del narcotráfico. Dicha comisión no ha sido hasta el momento creada.

En 1993, bajo la égida de los Castaño y teniendo como epicentro la zona del departamento de Córdoba y la región de Urabá, comienza a diseñarse la nueva estrategia paramilitar. En sus enunciados fundacionales critican las fallas cometidas que permitieron el predominio del narcotráfico sobre el proyecto paramilitar, el desprestigio sufrido por el abuso de las tácticas de terror basadas en las masacres y la ausencia de un mando único que, con mano férrea, orientase y controlase al conjunto de los grupos de autodefensa.

Pese al crecimiento numérico del paramilitarismo en estos 10 años, su expansión en todo el territorio nacional, sus desarrollos políticos en escenarios locales, departamentales y nacionales, sus logros contrainsurgentes, en especial en la zona norte del país en territorios antes influenciados por el ELN, es casi unánime la percepción de que ese desarrollo ya llegó al tope y que por lo tanto es necesario un desmonte del aparato paramilitar. Y es que, desde otras perspectivas, hay otras lecturas: los paramilitares son totalmente ineficientes para neutralizar y derrotar a las Farc, fracasaron en sus propósitos de un mejor trato para la población, siendo los principales generadores de terror y de barbarie en Colombia. Y además fueron totalmente copados por el dinero del narcotráfico hasta el punto que se volvió de dominio público el comercio de ejércitos enteros de mercenarios, zonas de instalación y franquicias operativas. No de otra manera se explica que uno de los personajes que 'apareció' en Santa Fe de Ralito, Víctor Manuel Mejía, oriundo de Restrepo (Valle del Cauca), hoy sea el comandante de una fuerza de más de mil hombres, situada en el otro extremo del territorio nacional, en Arauca. ¿Cómo consiguió Mejía esa cantidad de hombres y armas? ¿Cómo se instaló tan rápidamente en un territorio extraño a él, tradicionalmente dominado por las Farc y el ELN y donde existe una fuerte presencia de la fuerza pública?

Uno de los que podían responder con exactitud estas preguntas, quien pretendió ser el comandante único de esta segunda generación paramilitar, Carlos Castaño, está muerto. "Técnicamente desaparecido" según expresión de Sergio Caramagna, delegado de la OEA para la verificación del cese el fuego y hostilidades de los grupos de autodefensa. Porque el caso de Mejía no es la excepción. Es la regla que rige esta segunda generación de paramilitares, todos sus miembros solicitados por Estados Unidos para responder por narcotráfico. Incluidos Mancuso y el técnicamente desaparecido Castaño.

Lo único indiscutible, en medio de un paisaje tan sombrío, es que el verdadero fondo del paramilitarismo lo sigue constituyendo la aterradora fuerza del narcotráfico. La frontera virtual que pretendió crear Carlos Castaño entre autodefensas y narcotráfico, pese a que alguna vez admitió que el 70 por ciento de la financiación paramilitar provenía de la droga, es ya imposible de sustentar. Esa fábula está mandada a recoger. Se impone entonces asumir una política real, pensada en español, donde se puedan conjurar realmente los demoledores efectos que para nuestro país han tenido los negocios ilícitos de las sustancias sicotrópicas. Porque hasta ahora, la política gringa, pensada como "guerra contra las drogas", lo único que ha hecho es estimular la guerra en Colombia sin lograr derrotar el tráfico. Por el contrario, el negocio se ha incrementado. Sobre ese tema hay ya muchas reflexiones que vale la pena retomar. Yo les recomiendo en especial un libro, La fruta prohibida, escrito hace unos pocos años por un tal Luis Carlos Restrepo Ramírez.

* Director del Observatorio por la Paz
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