El dilema del Procurador

El señor ministro de Protección Social, Diego Palacio, tiene el legítimo derecho a defenderse de los señalamientos que pesan sobre él por el presunto cohecho cometido durante el trámite de la reforma constitucional que permitió la primera reelección del presidente Uribe. Lo que no puede hacer –sin infringir la ley– es usar recursos y funcionarios del Estado para enfrentar las investigaciones.

Como sujeto procesal, el Ministro tampoco puede hacer públicas piezas reservadas del expediente para interferir las investigaciones y desprestigiar a la principal testigo en su contra. La ley señala que debe hacer valer su versión, únicamente dentro de los procesos.

Quien debe responder por los eventuales delitos y faltas es el ciudadano Diego Palacio y no el Ministerio de Protección Social. Por eso, es necesario que él asuma las gestiones de su defensa como persona natural, en lugar de cargarles esos costos a los contribuyentes.

Además, en el terreno judicial y disciplinario, no es equitativo que el Ministro utilice la preponderancia que le da su cargo para desviar la atención pública de lo sustancial a lo accesorio.

Todo lo anterior no es sólo un mandato legal, sino un elemental principio de delicadeza.

Sin embargo, desde cuando empezó el destape de la yidis-política, el Ministro ha cruzado permanentemente la línea que debe separar su defensa personal de la misión constitucional del despacho a su cargo.

Desde las dependencias del Ministerio de Protección Social se han enviado solicitudes para acopiar materiales que el doctor Palacio considera útiles para su defensa o para desacreditar los testimonios en su contra. Los requerimientos son enviados en papelería oficial, marcada con el escudo nacional y firmada por altos funcionarios del Ministerio.

Cuando uno de los destinatarios preguntó cuál era la razón de la petición, ya que a primera vista no observaba que estuviera relacionada con la labor del Ministerio, la única respuesta fue el silencio.

Las irregularidades no paran en el aprovechamiento de su cargo, el Ministro además se ha valido de su condición de sujeto procesal en una investigación disciplinaria, para acceder a una declaración reservada y hacerla pública en los aspectos que, ese día, le resultaban convenientes.

El pasado 12 de junio, en una conferencia de prensa citada en la Casa de Nariño, el Ministro confesó que deliberadamente iba a violar la reserva del expediente: “Fui hoy a la Procuraduría General de la Nación a solicitar copia de la diligencia de versión libre de Yidis Medina…”, dijo el funcionario, inmediatamente antes de divulgar –de manera parcial– el documento para demostrar que Medina mintió sobre la propiedad del teléfono celular usado para llamar al hijo del Presidente. Se cuidó, eso sí, de mantener inéditas las partes de la declaración que lo perjudicaban.

Los ejemplos podrían seguir. En algún momento saldrá a la luz pública todo lo que han hecho instituciones como el DAS y el Inpec para favorecer a algunos implicados en el proceso y perjudicar a otros.

El Código Disciplinario le da facultades a la Procuraduría para suspender a un funcionario investigado, cuya permanencia en el cargo posibilite la interferencia en las investigaciones.

Las pruebas están a la vista, pero el Ministerio Público no ha tomado, hasta ahora, ninguna acción al respecto.

Es ahí donde surgen las suspicacias: ¿Estará el procurador Maya debatiéndose entre el cumplimiento de las normas y su aspiración a una nueva reelección?

Porque si suspende al ministro Palacio, probablemente no tendrá el apoyo de la bancada del gobierno, mayoritaria en el Congreso. Y si no lo suspende, es posible que lo elijan para un tercer período, pero quedará irremediablemente convertido en otro funcionario de bolsillo del gobierno.