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Opinión

  • | 2007/02/17 00:00

    El fantasma ha resucitado

    Si Botero hubiera confesado entonces, tal vez habríamos aprendido que el poder es para servir, y que las relaciones con mafiosos no dejan sino lágrimas

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Ha mentido y fue un delincuente. Los hechos lo prueban: una condena judicial y una evidente contradicción en una inolvidable entrevista que en su momento hizo Yamid Amat. Aquel "yo sé que el Presidente sabía, pero yo no" era insostenible y los hechos terminaron demostrándolo.

Sin embargo, no es posible desechar las declaraciones de Fernando Botero sólo porque antes haya mentido y porque haya sido condenado penalmente. El argumento fundamental del ex presidente Samper contra Botero se ha dirigido a este punto. ¿Habrá que recordar que muchos procesos judiciales, en especial los que tienen relación con las mafias, se construyen a partir de las declaraciones de quienes han participado en tales actividades y, por tanto, son ellos mismos delincuentes? Descalificar un testimonio porque quien lo emite ha sido condenado es absurdo desde la lógica del derecho penal y lo es aun más desde la perspectiva del derecho de la sociedad de conocer la verdad sobre hechos que fueron determinantes para su historia. Para no repetir el pasado y para sancionar socialmente a los responsables, es indispensable conocer la verdad, aunque ella pueda no tener consecuencias judiciales.

Así que lo que hay que preguntarse es si lo que ahora dice Botero Zea merece credibilidad o debe ser desestimado. En este caso no estamos ante un sujeto pasivo frente a los hechos que refiere. Al contrario, quien acusa ha participado en forma directa en la comisión de los delitos que relata y no habla de oídas o repitiendo a terceros. Botero lo que ha hecho es una nueva confesión, clara y explícita, sin ambigüedades de ningún tipo, de hechos que le constan porque en ellos ha participado. Si antes mintió, ahora dice la verdad. Que sea un delincuente es indiferente: Botero acusa a coautores y cómplices.

El segundo motivo esgrimido contra el ex jefe de campaña de Samper tampoco tiene fuerza: no es verdad que Botero pretenda excusarse de la acusación de apropiación de dineros de donantes. Primero, autoincriminarse por la comisión de nuevos delitos, delitos por los que no ha sido procesado o condenado, va en contra de cualquier cálculo político o personal. La acusación de enriquecimiento ilícito es baladí al lado de lo que ha contado de sí mismo y de quienes lo acompañaron. Después, Botero no necesitaba de ese dinero para absolutamente nada ni tampoco su familia y es coherente su explicación de que en sus cuentas se confunden dineros propios, de sus padres y de la campaña.

Por último, hay tres elementos que dan aun más credibilidad y fuerza a las confesiones: coinciden en lo fundamental con lo dicho por otros participantes en los hechos, Santiago Medina entre ellos; encajan perfectamente en la lógica de los acontecimientos de entonces y en las urgencias de un equipo de campaña que se veía perdido y que estaba decidido a conseguir el poder (y después a mantenerlo) a cualquier costo; y reflejan la culpa de un hombre que aparece verdaderamente avergonzado consigo mismo y con la sociedad. Botero está en la búsqueda de su propia dignidad.

Es cierto que habría sido mucho mejor que hubiera confesado entonces. Nos habríamos ahorrado aquel cuatrienio fatal para las instituciones y la economía. Y, sobre todo, tal vez el Estado y la sociedad habrían aprendido las lecciones: el poder es para servir y no para servirse de él; los medios no justifican los fines; y las relaciones con los mafiosos sólo dejan sangre, dolor y lágrimas.

Pero entonces no tuvimos justicia y sólo ahora conocemos la verdad. Que este sea el momento para que los acusados renuncien a las prescripciones, los jueces estudien si la confesión de Botero es indicio de delitos imputables a quienes él acusa y sobre los que no hay cosa juzgada, los norteamericanos aporten las pruebas recogidas por ellos con los extraditados en su poder, y los medios hagan la tarea sistemática de reconstruir de una vez y para siempre la verdad histórica de lo que aconteció.

De paso, habrá que abrir los ojos para que el proceso que se ha abierto con los paramilitares y sus cómplices políticos no corra la misma tragicómica suerte del 8.000, el fantasma que ahora resucita. Para ello es imprescindible que se proteja a las víctimas y se den garantías a los involucrados. Asesinatos como el de Yolanda Izquierdo no se pueden repetir.
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