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Opinión

  • | 1995/05/29 00:00

    EL FISCAL: BIEN O MAL?

    El ahorro de un gasto es en cierta forma un enriquecimiento y basta

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LA INVESTIGACION DE LOS NARCOCAsetes podría correr la misma aventura que las investigaciones de parlamentarios ordenadas por la Fiscalía. Que jurídicamente no procedan.
Por eso nos hemos encontrado ante el increíble paso de un fiscal que se atreve valientemente a enjuiciar a la clase parlamentaria del partido de gobierno por corrupción, pero que tiene a medio país dudando de los resultados.
No es una casualidad que el Fiscal sea un hombre bueno que se siente administrador del legado de Luis Carlos Galán, pero que no tiene en su trayectoria la experiencia del abogado litigante, y que por consiguiente puede haberse dejado deslumbrar por aquello que es cierto en el campo moral pero indemostrable en el del derecho.
Si, entendido lo anterior, le aceptamos al Fiscal que sus últimas decisiones tendrán más efecto en el campo moral que en el jurídico, porque la ley es la ley y el deseo el deseo, podemos proceder a analizar las dos teorías sobre las cuales procedería que los 'doce del patíbulo' puedan ser condenados, o no puedan serlo.
Teoría de que pueden ser condenados: la Fiscalía ha asumido una cruzada moral que debería oxigenar al país, cuyo presupuesto consiste en que las más grandes corrupciones terminan probándose por los delitos más pequeños, al estilo Al Capone... Eso significaría que, en lugar de rastrear los miles de millones de pesos que han ingresado al narcotráfico, las pruebas se concentran en los 200.000 pesos de cuentas de hotel que el cartel quiso pagarle a un alto funcionario, o en las 20.000 camisetas que se repartieron en la campaña, o en los 50.000 pesos que el alcalde de una ciudad cobró en nombre de una parlamentaria. Según esta teoría, el delito de enriquecimiento ilícito se configura por el simple hecho de que un sospechoso de narcotráfico haya pagado las cuentas de una persona, sin importar la cuantía, porque la ley no establece ningún mínimo o máximo. De tal manera que el que se ahorra un gasto (un almuerzo, el cuarto de un hotel, unas camisetas) se enriquece por ese monto, y basta.
Teoría de que no pueden ser condenados: las ansias de purificar el país nos han llevado a investigar a personas acusándolas de complicidad con delitos que jurídicamente carecen de delincuente. La justicia colombiana lleva un buen rato intentando configurar procesos jurídicos que culminen con una condena de alguno de los hermanos Rodríguez Orejuela, sobre la base de que existen suficientes indicios, aunque desesperadamente continúen buscándose las pruebas, de que son los jefes de uno de los más poderosos carteles de la droga. Hasta el momento no se ha logrado condenarlos. Eso significa que por feo, reprobable, inmoral y despreciable que pueda ser mezclarse con ellos en materia de negocios, dejarse pagar por ellos, ser su empleado, asesor, consejero o amigo, no hay manera de que la ley le caiga a alguien que lo haya hecho, porque del otro lado no existe alguien a quien jurídicamente se haya declarado delincuente.
La ley de enriquecimiento ilícito habla de dineros ilegales. Los dineros procedentes del narcotráfico son ilegales. Pero aunque el país tenga la certeza de que los dineros de los Rodríguez Orejuela provienen del narcotráfico, la justicia no se ha pronunciado al respecto, lo que significa lamentablemente, y ateniéndonos a las reglas de un Estado de derecho, que un cheque personal de Gilberto Rodríguez Orejuela, girado a nombre de alguien, por cualquier concepto, y por cualquier monto, no constituye prueba de un delito, y menos de enriquecimiento ilícito, porque es un presupuesto de este delito que se produzca un aumento patrimonial y, para citar un solo ejemplo, es muy improbable que el contralor David Turbay se haya enriquecido con los 200.000 pesos de una cuenta de hotel que todavía no se ha demostrado que el cartel de Cali le hubiese pagado al funcionario.
¿Cuál de las dos teorías es la que debemos defender y compartir?
El país necesita urgentemente una depuración. Pero iniciar un proceso político como el que está liderando la Fiscalía, con tan escasas posibilidades jurídicas de triunfar, amenaza más al país con una terrible desilusión producto de la estrellada contra el asfalto que podría sobrevenirle a las expectativas de la opinión, que un proceso mucho más lento, mucho más seguro, mucho menos espectacular, que hubiera comenzado por saber si el señor contralor David Turbay tenía o no recibos para demostrar que el narcotráfico no lo invitó a dormir en el Hotel Intercontinental de Cali, que la Gaviota le cantó a un público pagada por una sociedad ilegal o totalmente legal, que las camisetas que fueron donadas a una campaña configuran o no materia de delito, o que un ex congresista que ha recibido cheques periódicos de los hermanos Rodríguez carece de ella, o tiene una disculpa aceptable por la ley.
De un lado está la tesis con base en la cual la Fiscalía considera procedente la investigación. Pero varios respetables penalistas consultados por esta columnista están de acuerdo en un diagnóstico malo para el país pero totalmente ajustado a derecho: que un cheque personal, del señor Gilberto Rodríguez Orejuela, girado a nombre de una persona natural, no constituye delito de ninguna naturaleza, por ahora.
En lo que a mí respecta, estoy totalmente casada con la primera teoría, pero creo más en la segunda. Por eso espero con todo el corazón que ojalá todo este escándalo no termine convertido en un puntillazo mortal a la justicia, y un escándalo internacional para Colombia.
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