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Opinión

  • | 2003/06/15 00:00

    El gobierno miente en la OIT

    La Organización Internacional del Trabajo (OIT) denunció esta semana que Colombia es el país más peligroso del mundo para los sindicalistas. Daniel Rico, secretario de derechos humanos de la Unión Sindical Obrera, escribe sobre la desprotección de quienes luchan por el bienestar de los trabajadores y analiza el papel del gobierno en esta perspectiva.

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El Ministro de Protección Social informó en la reunión de la OIT que en este año ha habido 14 homicidios de sindicalistas, mientras que el año pasado en el mismo período fueron 86, y que se aumentará el presupuesto para protección a trabajadores. Utiliza sofismas para evitar que en esta reunión se sancione al Estado colombiano con el nombramiento de una Comisión de Encuesta, que investigaría cuáles son las reales garantías para ejercer actividad sindical en Colombia.

Manifestaciones que no logran ocultar la realidad que vivimos quienes estamos afiliados o dirigimos sindicatos. Lo cierto es que este año han sido asesinados 32 sindicalistas y en pasadas Conferencias de la OIT se ha concluido que Colombia es el país más peligroso del mundo para ejercer la actividad sindical, tanto que en los últimos 15 años han sido asesinados cerca de 3.000. El Ministro debería avergonzarse de que en su país haya tan solo un sindicalista asesinado. No es una ficción el viejo dicho de que en nuestro país "es más fácil organizar un grupo armado que constituir un sindicato".

Es evidente que este desangre sindical está cruzado, en lo fundamental, por razones políticas y económicas. Políticas, por que la intolerancia de los pocos que todo lo tienen a costillas del sudor de sus trabajadores, nos ven como enemigos y nos estigmatizan como subversivos. Económicas porque cuando se acentúa el proceso de privatización de las empresas rentables del Estado, es cuando más se atenta contra la vida de los trabajadores.

Las reformas laborales de los últimos años se han ajustado para favorecer los bolsillos de los empresarios, tanto que en la última reforma laboral se "ahorraron" cerca de cuatro billones de pesos, mientras la mayoría de colombianos se consumen en la pobreza.

Sirve como ejemplo para ilustrar estas agresiones contra el sindicalismo, el caso de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo - USO, donde en los últimos años fueron desaparecidos dos trabajadores, 82 han sido asesinados, dos secuestrados, cientos han sido obligados a desplazarse, 8 exiliados, 32 han sido encarcelados, cinco de ellos tienen audiencia pública el 17 de junio y actualmente se encuentra detenido y llamado a juicio Hernando Hernández P., ex presidente Nacional de nuestro sindicato.

Se nos ha perseguido porque durante los 80 años de existencia la USO ha cuestionado lo nefasto de la política petrolera, fuimos los creadores y somos los defensores de Ecopetrol como empresa comercial e industrial del Estado, por no estar de acuerdo con las políticas del Estado que afectan a la mayoría de los colombianos y colombianas, por defender la vida, los derechos humanos y por aportar a la búsqueda de la paz con justicia social.

Nos preocupa que en ese organismo, en el cual se presume debe haber justicia para los trabajadores del mundo, no se haya aceptado la solicitud reiterada que vienen haciendo las Centrales Obreras para que se constituya la Comisión de Encuesta para Colombia y, en cambio, se aprobó con prontitud contra el gobierno de Venezuela una comisión para que investigue posibles violaciones en un país donde, por fortuna no se ha asesinado un solo sindicalista durante los últimos 4 años.

* Secretario de Derechos Humanos de la Junta Directiva Nacional de la USO

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