El gobierno pone la cara más bonita

La presentación del Examen Periódico Universal este 10 de diciembre ante el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, obligó al gobierno de Colombia a acicalarse para presentar un rostro más atractivo en materia de respeto a los derechos humanos integrales en el país. No obstante, el esmerado retoque no le alcanzó para cubrir, por lo menos, tres contradicciones.

La primera de ellas es la visión sobre el desplazamiento forzado que consignó en el informe al CDH: “El desplazamiento forzado es la violación a los derechos humanos de mayor magnitud en Colombia. El Sistema Único de Registro de Desplazados reporta 2.577.402 personas desplazadas. Sin embargo, se estima que el número es mayor”. Tal reconocimiento riñe con los mensajes que difunde internacionalmente el asesor presidencial José Obdulio Gaviria al respecto. Recuérdese que en una conferencia en el National Press Building de Washington, Estados Unidos, a finales de julio de este año, aseveró que "nosotros no tenemos desplazados, tenemos migración en buena parte por el paramilitarismo y la guerrilla (...) esa gente se fue para ciudades y allá están como migrantes”.

En aras de la transparencia en la protección de los derechos humanos y del respeto a las miles de personas que afrontan el destierro obligado de sus tierras, el gobierno debería aclarar si comparte o no ese concepto, pues proviene de un contratista que tiene como objeto, según Contrato 001-2007 suscrito con el Estado a través de la Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello por 99 millones 939 mil pesos, “adelantar la investigación, sustentación, análisis, síntesis y preparación previa de documentos destinados a la divulgación pública sobre los planes, programas y políticas de la Presidencia de la República de Colombia, con énfasis en proceso de paz y derechos humanos”.

La segunda contradicción se relaciona con las comunidades indígenas y afrodescendientes. En uno de los apartes del documento estatal se lee que “el Estado colombiano, siguiendo los lineamientos de la más reciente jurisprudencia constitucional, debe adelantar procesos de Consulta Previa como requisito indispensable para la realización de proyectos, actos administrativos e incluso iniciativas legislativas que se desarrollen en sus territorios legalmente constituidos o tengan impacto en ellos”; además, consigna que “en materia de prevención de violaciones de sus derechos humanos, el Ministerio de Defensa ha impartido directivas para que la Fuerza Pública atienda particularmente su protección en todo el territorio nacional”.

Pero ni la Consulta Previa es una práctica que siempre respeta el actual gobierno nacional ni la protección es real. Evidencias de ambas circunstancias se revelaron desde el pasado 12 de octubre, cuando los indígenas del Cauca iniciaron la Minga de Resistencia, para poner en discusión no sólo su situación particular en relación con la propiedad de las tierras y algunas leyes que los afectan, sino la de todos los colombianos con los posibles efectos negativos del tratado de libre comercio firmado con Estados Unidos cuando entre en vigencia.

Basta mirar el trato que recibieron. Inicialmente, el presidente Álvaro Uribe aseveró que la Minga estaba “infiltrada” por terroristas que “nos masacran a los policías, ejercen toda clase de violencia, y enseguida nos acusan ante la comunidad internacional, porque simplemente nosotros actuamos y evitamos los bloqueos, y enfrentamos la violencia”; luego, tras reiteradas negaciones públicas y frente a las incontrovertibles pruebas, el mandatario nacional tuvo que admitir que la Fuerza Pública disparó de manera indiscriminada contra los indígenas: “El Policía que disparó ha reconocido que disparó porque los estaban atacando con explosivos”, tratando de justificar la actitud del uniformado.

La tercera contradicción tiene que ver con las ejecuciones extrajudiciales atribuibles a la Fuerza Pública y cuyos efectos le costaron el puesto a por lo menos 27 efectivos del Ejército. Frente a este tema, el gobierno colombiano dice en el informe a la CDH que “motivo de gran preocupación han sido las denuncias respecto a presuntos homicidios cometidos por la Fuerza Pública en personas protegidas o por fuera de combate. Estas denuncias han sido asumidas con toda seriedad”.

Pero tal seriedad es tardía y creo que obedece más a la coyuntura de la política internacional determinada por la elección del demócrata Barak Obama a la Presidencia de Estados Unidos que a un verdadero respeto por la vigencia de los derechos humanos entre la Fuerza Pública. En este tema, el presidente Uribe también le debe una disculpa al país, pues en tiempos distintos durante su mandato, él, su Ministro de Defensa y varios altos oficiales, señalaron de manera reiterada que los informes de organizaciones no gubernamentales sobre este tipo de prácticas macabras obedecían a una “guerra jurídica de los amigos de la guerrilla” emprendida en el campo internacional para deslegitimar al Gobierno y las Fuerzas Armadas.

Tanto víctimas del desplazamiento forzado, como indígenas, afrodescendientes y familias de civiles detenidos y asesinados por la Fuerza Pública alegando que “son guerrilleros muertos en combate”, esperan más que un frío informe ante el CDH de Naciones Unidas. Realmente si el Gobierno quiere ganar el Examen Periódico Universal deberá enfrentar sus propias contradicciones y pedirle disculpas al país y al mundo por sus erráticas, pero bien maquilladas, políticas de derechos humanos.