El informe Bachelet

Cuando Michelle Bachelet salió de Venezuela, el pasado 21 de junio, luego de permanecer en ese país por tres días, las críticas a su gestión fueron numerosas y estruendosas. En ese momento, aunque logró dejar instalados a dos de sus representantes en el país, algunos esperaban que la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos fuera más mediática y severa en sus comentarios públicos contra el régimen de Maduro, y le cuestionaron que se hubiera reunido con fichas del gobierno. En ese momento, Maduro aseguró que recibiría el informe final con serenidad.

Hoy estamos en lo contrario. El régimen de Maduro señaló que el informe entregado el jueves es una “versión distorsionada” de la realidad venezolana, que peca por exceso de información proveniente de fuentes parcializadas (léase oposición, academia, ciudadanos, ONG, profesionales de la salud, exilados, entre otros), y muy poca información oficial, supuestamente objetiva y bien sustentada.

Por su parte, la oposición al régimen y los detractores de Bachelet ahora se apoyan en esas 18 páginas concretas, directas y críticas en las que la Alta Comisionada presenta el estado actual del desastre venezolano y da cuenta de la profunda y negativa evolución de la sociedad y sus derechos fundamentales. Su gestión se tradujo, el mismo jueves, en la liberación de 20 estudiantes y dos figuras emblemáticas de la arbitrariedad de los gobiernos de Chávez y Maduro: la jueza Afiuni y el periodista Braulio Jatar.

En pocas palabras, lo que señala el reporte Bachelet es que Venezuela está en una fase profunda de implosión, donde lo único que sobra son los excesos de violaciones a los derechos humanos, empezando por el acceso a comida, medicinas y servicios públicos mínimos, hasta tortura y muertes extrajudiciales. Las recomendaciones no tienen nada nuevo, en realidad: el informe pide un replanteamiento de todo el sistema de justicia, desmantelamiento del aparato de seguridad y represión oficial o paramilitar, cambio del modelo económico y medidas urgentes para la supervivencia que no estén supeditadas a un carnet ideológico, entre otros puntos.

Es decir, para cumplir siquiera con la mitad de las recomendaciones se requeriría la salida de Maduro y su pandilla, para empezar. El propósito, sin embargo, es sentar el caso no solo ante el Consejo de DDHH, como lo hizo ya, sino elevar la presión al Consejo de Seguridad, donde se sientan los pesos pesados que han llevado su pelea a Venezuela: Estados Unidos, Rusia y China. Y ojalá moverlos hacia una solución no violenta, pero sí efectiva a corto y mediano plazo.

Pero el informe Bachelet impresiona no solo porque reúne en un solo lugar y con cifras de referencia en un país sin datos (para evitar seguimiento y evidenciar el desastre) lo que hemos oído y visto de la crisis venezolana, sino porque le da un espacio concreto al impacto sobre las mujeres, que son las que más denuncian violaciones a los DD.HH. (temen menos hacer valer sus derechos), a pesar de ser las que padecen mayoritariamente la violencia sexual por parte de las autoridades judiciales y públicas (en centros carcelarios o de detención, en allanamientos a sus casas como presión para los hombres opositores al régimen; violencia contra sus hijas menores), acoso y degradación pública ligada al género.

La crisis económica y de salud las impacta específicamente: 65% de aumento en embarazos adolescente desde 2015 por falta de anticonceptivos; mayor abandono escolar y abortos inseguros (20% más), pésima atención hospitalaria y recursos para partos. Al ser cabezas de hogar, deben resolver la supervivencia, se ven limitadas en el acceso a comida y bienes básicos si no militan a favor del gobierno; se registraron presiones para el intercambio de sexo por medicinas o comida.

Las defensoras de derechos humanos, enfermeras, profesoras y funcionarias han sido especial blanco de ataques violentos. En las detenciones arbitrarias tienen poco acceso a abogados, a la luz del sol, son torturadas y mal tratadas. En el tenebroso Helicoide, pensado en los 50 como centro comercial, solo hay una celda para todas las mujeres detenidas.

Pero el informe, además, señala que a esta situación –comparable con el impacto sufrido por las olvidadas comunidades indígenas, acosadas por la minería ilegal y las mafias internas (pranes) y la delincuencia colombiana que desconoce fronteras- se suman los padecimientos de las mujeres y niñas que se ven obligadas a migrar para sobrevivir. Por el camino, no solo soportan embarazos no deseados o cargan con bebés, sino que aguantan violaciones y esquemas de trata de personas. Ojalá muchos en Colombia lean el reporte de la Alta Comisionada antes de seguir estigmatizando y juzgando a las venezolanas que llegan y que, al paso que va la crisis, seguirán buscando refugio en Colombia.