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Opinión

  • | 2019/08/29 19:40

    El nuevo POT de Bogotá, ¿a quién beneficia?

    No es cierto, como ha declarado Peñalosa, que el único lugar para construir y expandir sea el norte de Bogotá, máxime cuando parte de ese territorio es reserva ambiental de la ciudad.

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La capital sí cuenta con un territorio para construir dentro de la actual ciudad, en donde simplemente, si se modifica el índice de edificabilidad de los actuales predios en el suroccidente de Bogotá, se habilitaría suficiente tierra para que no sea necesario depredar las zonas verdes que aún la ciudad conserva. De esta manera se beneficiarían las 646.883 familias que incrementarían su patrimonio y, al mismo tiempo, en una ética y democrática participación empresarial, a miles de pequeñas y medianas empresas constructoras que podrían llevar a cabo perfectamente este desarrollo urbano.

El alcalde Peñalosa ha presentado al Concejo de Bogotá el proyecto del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Las decisiones que allí se tomen afectarán directamente la vida diaria de todas y todos los habitantes de Bogotá y de las futuras generaciones. Por ello, es de suma importancia que analicemos el alcance e impacto de algunas de las reformas allí propuestas.

Un elemento estructural del proyecto del nuevo POT es la recategorización del uso del suelo en una parte del norte de la ciudad, para construir 1.552.000 viviendas en el actual suelo rural, de reserva y constitutivo de la estructura ecológica de la ciudad. El proyecto busca desarrollar el programa que introdujo el Plan de Desarrollo actual con el eufemístico nombre de “Ciudad Paz”, megaproyecto de adecuación del suelo para levantar sobre la sabana de Bogotá: Ciudad Norte,  5.924 hectáreas, Ciudad Río, 4.500, Ciudad Mosquera, 5.000 y Ciudad Bosa-Soacha, sobre 3.200.

La oferta de vivienda es un mercado en el que confluyen los ciudadanos, los dueños de la tierra y los que construyen. En medio de ellos, el Estado es quien define el cómo, el quién y el dónde de este mercado. Si esta nueva parte de la ciudad se construye en lo que hoy es la actual sabana de Bogotá, el mercado de la tierra beneficiará a un pequeño grupo de actuales megapropietarios de esta tierra (bancos y unas pocas grandes constructoras) y cercanos al alcalde. El mercado de la construcción también sería acaparado por estos mismos actores, pues se trata de megaproyectos que demandarían inversiones millonarias solamente susceptibles de ser financiadas, otra vez, por los bancos y las grandes constructoras. El mismo modus operandi de Transmilenio: un gran negocio para unos pocos.

La norma actual contempla alturas de entre 3 y 4 pisos. El proyecto de nuevo POT incluye una norma que impide el desarrollo de 646.883 predios, ubicados al suroccidente de Bogotá, que no son propiedad horizontal, y quitarles un piso en el índice significa disminuir su edificabilidad entre un 25 y un 33%, lo cual los hace inviables de desarrollar, dejando como única alternativa de oferta de tierra en la ciudad los bordes que hoy son suelo rural o de conservación. Por el contrario, si mediante el nuevo POT se habilita la edificabilidad de los 646.883 predios no propiedad horizontal (NPH) que actualmente existen dentro del suroccidente de Bogotá, el mercado de oferentes de tierra serían cientos de miles de familias hoy propietarias de esos predios, y del mercado de la construcción harían parte las miles de pequeñas y medianas empresas constructoras independientes que operan en la ciudad. En este modelo se requeriría que se adecúe la norma urbana, habilitando la edificación hasta los 5 pisos, máximo, en predios que hoy sólo permiten 3, para que se de respuesta al déficit habitacional proyectado al año 2050, y llegar así a las 1.5 millones de soluciones mínimas de vivienda de que habla el Plan de Desarrollo vigente.

Imaginemos el positivo impacto social y económico que tendría en la redistribución de la riqueza el hecho de que miles de familias, y pequeñas y medianas constructuras, pudieran ser quienes participen y se beneficien de este megaproyecto de desarrollo urbano, no solo unos cuantos privilegiados que concentran inequitativa e inescrupulosamente el capital, llevando a la mayoría de la sociedad y a Colombia a ser uno de los países más desiguales del planeta.

Ejemplos de otros países del mundo muestran la relevancia social del ordenamiento territorial. Tanto la legislación francesa de la década del 90 como la constitución alemana actual consideran al ser humano y al medio ambiente como el centro de la planeación territorial, teniendo como objetivo fundamental “asegurar a cada ciudadano la igualdad de oportunidades sobre el conjunto del territorio” (Modelos de Ordenación del Territorio en Europa). La propia Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial de 2011 “reconoce los desequilibrios en el desarrollo económico, social y ambiental que existe entre diferentes regiones geográficas de nuestro país (...) Por ello, la Nación y las entidades territoriales propiciarán el acceso equitativo de todos los habitantes del territorio colombiano a las oportunidades y beneficios del desarrollo” (Art. 3, par. 15). Es decir, la ordenación del territorio debe ser primordialmente un instrumento de inclusión social y no de exclusión.

Tal como en la historia del agro colombiano, la concentración de la tierra útil en pocas manos -hecho que dio origen a un dramático empobrecimiento del campesinado y generó una violencia de décadas- estamos ante una experiencia repetida hasta la saciedad, con fatídicas consecuencias en Bogotá y el país. Unos cuantos, sin responsabilidad social, buscan enriquecerse con las nuevas modificaciones del POT. De esta manera, pierde el Ordenamiento Territorial su esencia como un instrumento de planificación para la ciudad en beneficio de todos sus habitantes.

*Investigador, exdirector de la Orquesta Filarmónica de Bogotá

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