EL PAIS DEL BRAZALETE NEGRO

El hijo del general Fernando Landazábal propuso, tras el asesinato de su padre, que todos aquellos colombianos a quienes la violencia les haya arrebatado a un familiar deberían usar en forma permanente un brazalete negro. No hace falta tener estadísticas para afirmar que si cada persona que ha perdido un padre, un hijo, un abuelo, un nieto, un hermano, un tío, un cuñado, un primo o un sobrino se pusieran en el brazo el macabro emblema serían muy pocos los colombianos que no se vistieran de luto. La adolorida propuesta del hijo del general le permite a uno pensar hasta qué punto ha llegado a generalizarse la violencia en Colombia, y hace aún más dramática la impotencia de toda una sociedad en la cual la mayoría se autodefine como pacífica pero que bate las marcas mundiales de violencia. Esa impotencia se manifiesta en toda su dimensión cuando las más altas autoridades civiles y militares se tienen que limitar a producir comunicados de prensa condenando el delito de turno y exhortando a los violentos a que dejen de ser lo que son.Un ejemplo conmovedor y triste fue el de un ministerio que organizó hace dos semanas una manifestación pública para protestar contra la violencia. Se entienden las nobles razones del funcionario pacificador, pero resulta que el orden de las cosas es que los ciudadanos le exijan al gobierno el cumplimiento de su obligación constitucional de proteger la vida de la gente. Cuando ya estamos en que el gobierno se suma al pueblo para exigirle a... no sé a quién (al Altísimo, tal vez) que nos proteja, quiere decir que el Estado como tal ha desaparecido.Es posible que ahí esté la explicación de todo y que lo que se ha llamado en términos genéricos proceso de paz no consista en sentar en una mesa a los guerrilleros y al gobierno, sino juntar a todos los sectores y reinventar las funciones de lo que nunca ha funcionado en Colombia sino teóricamente: el aparato del Estado. Decía hace poco un observador francés que en Colombia no hay Estado. Que resultaba de la observación de los acontecimientos nacionales era la evidencia de que el comportamiento social se basaba en la interacción de grupos legales e ilegales, todos de carácter mafioso _en el sentido de que su funcionamiento era autónomo del Estado_, cada uno de los cuales crea mecanismos de supervivencia más o menos agresivos según su actividad y de acuerdo con los peligros que lo acechan.Ese panorama es el que lo lleva a uno a pensar que no tienen razón quienes opinan que los colombianos podemos adelantar un proceso de paz sin una participación extranjera contundente. El caso colombiano no se soluciona sentando a la mesa a la guerrilla a pactar fórmulas de comportamiento gubernamental, porque está demostrado que ni aun el más sincero de los compromisos de las autoridades es garantía suficiente de que los términos del pacto van a ser cumplidos. Y no es porque los firmantes vayan a traicionar su palabra, como creen algunos, sino porque aun ellos están por fuera del Estado en términos reales.Es por esa impotencia práctica de los colombianos que creo que hay que hacerle buen ambiente a la participación extranjera en el proceso de paz. ¿De qué manera? Es difícil contestar. Para empezar, todos los esfuerzos de facilitación que están mostrando varios países deben ser incrementados, y entre ellos el de Estados Unidos parece ser el más importante.Y eso debe ser así, no sólo por la contundencia de la gran potencia como soporte en un proceso de esta naturaleza, sino porque es el país que por razones obvias tiene más injerencia práctica en el desarrollo de los asuntos que tienen que ver con la seguridad interna colombiana y la exterior de Estados Unidos. No es una claudicación ante la fuerza del imperio sino una aceptación de la realidad específica de nuestros asuntos. En un marco de observación internacional, con todas las de la ley, se podría entrar a armar el rompecabezas con la participación activa de todas sus piezas. De lo contrario estaremos condenados a aumentar el número de colombianos con brazalete negro.