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Opinión

  • | 2019/05/16 10:05

    El papel de las mujeres en la crisis de la justicia: lo que les estamos debiendo y lo que podemos hacer

    La importancia de que los jueces intervengan de manera activa y decidida, ha sido resaltada por la Corte Constitucional en varias de sus últimas sentencias. El enfoque “familista” de estas autoridades ha mostrado ser dañino para resolver el problema de la violencia intrafamiliar pues equipara la violencia ofensiva de unos a la violencia defensiva de otros, y minimiza el impacto psicológico y económico de esta violencia para los niños, niñas y adolescentes.

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Esta semana conocimos la renuncia del Fiscal General de la Nación y su Vicefiscal, así como la de la Ministra de Justicia. El panorama institucional de la justicia parece convulsionado, ya no solamente por los históricos déficits de protección y congestión, sino por las sospechas de corrupción y las presiones que derivan de la transición democrática. En estos contextos las mujeres aparecen como capaces de conjurar crisis profundas, aunque no sea siempre explícito, por tener carreras más técnicas y profesionales que las protegen de las acusaciones de corrupción y les dan herramientas para lograr una justicia más inclusiva y eficiente.

Aunque esto no es necesariamente bueno para “las mujeres”, pues simplemente refuerza estereotipos, ha servido para aumentar las oportunidades de ocupar cargos de liderazgo de mujeres muy valiosas. Margarita Cabello, la nueva ministra de justicia, no es una excepción a esta tendencia. Su brillante carrera en la rama judicial y su trabajo enfático por llevar más justicia a las mujeres la ubican como una líder innegable en la profesión legal y una voz autorizada entre los funcionarios más independientes del Estado: los jueces. Los retos para la nueva ministra, sin embargo, no son pocos.

El presidente Duque ya anunció una serie de reformas para hacer que la justicia sea más eficiente. Estas reformas tendrán que hacerse al mismo tiempo que la justicia defiende su independencia frente a los grandes intereses, como los que mueven el caso Odebrecht; frente a las fuerzas políticas, agitadas por las dificultades de una transición que no logra convencer a mayorías claras en al población; y frente a los poderes públicos, que quisieran no tener que someterse a las promesas del pasado o las limitaciones del futuro.

Pero el reto más grande es lograr que la justicia les responda mejor a las mujeres. Para empezar, los diagnósticos que tenemos muestran que la necesidad jurídica insatisfecha más grande de los ciudadanos hoy en día es la relacionada con la atención y solución de casos de violencia familiar. Si bien el cubrimiento que hicieron los medios de la Encuesta de Necesidades Jurídicas Insatisfechas que hizo el DANE en 2017 enfatizó que los colombianos identifican el área de la salud como la más problemática, el Encuesta revela que el área de la familia está en un segundo lugar en materia de problemas no resueltos y aunque existen autoridades especializadas para atender los problemas, las soluciones son deficientes. En 1999, precisamente frente a diagnósticos de este estilo, se tomó la decisión de “exportar” los problemas de la familia mayoritariamente a autoridades administrativas como los comisarios de familia y los defensores de familia.

La importancia de que los jueces intervengan de manera activa y decidida, ha sido resaltada por la Corte Constitucional en varias de sus últimas sentencias. El enfoque “familista” de estas autoridades ha mostrado ser dañino para resolver el problema de la violencia intrafamiliar pues equipara la violencia ofensiva de unos a la violencia defensiva de otros, y minimiza el impacto psicológico y económico de esta violencia para los niños, niñas y adolescentes. La Corte Constitucional ha insistido que los jueces deben asumir una perspectiva de género al estudiar estos casos y comprender la violencia en la familia como parte de patrones estructurales de desigualdad que hacen que las mujeres carezcan de los medios para “resistir” efectivamente.

Un segundo reto se asocia a la alfabetización legal en relación con lo que podríamos llamar la reforma legal para las mujeres. En efecto, aunque el Estado colombiano lleva más de veinte años reformando la legislación, creando reglamentos y generando precedentes judiciales para proteger los derechos de las mujeres, tenemos evidencia de que el contenido de esta legislación no se está enseñando en las universidades y no se conoce por la ciudadanía en general. Más grave aún, no se conoce suficientemente por las mujeres que están más alejadas de los centros urbanos y que padecen las violencias más extremas. La alfabetización legal ha demostrado ser un objetivo difícil para las autoridades que enfrentan colegios y universidades, y en ocasiones padres de familia.

Finalmente, la nueva ministra debe navegar las aguas de la exclusión de las mujeres de los altos cargos dentro de la rama judicial. En este tema la insistencia clara en los concursos para proveer puestos puede ser productiva, pero si no se logra que las mujeres más capaces lleguen a los cargos más altos, van a seguirse perdiendo oportunidades importantes de transformación de la gestión judicial de los conflictos.

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