Home

Opinión

Artículo

EL PARTENON

Antonio Caballero
31 de marzo de 1997

Publicó algún periódico que a los responsables del desastre de Chingaza les pueden poner una multa. A los contratistas que hicieron mal las obras, a los alcaldes que los contrataron mal. Ojalá fuera así. Pero no va a ser así.Ojalá les pusieran una multa, porque la única manera eficaz de impedir que los funcionarios públicos o los contratistas contratados por ellos se roben la plata de las inversiones públicas consiste en quitarles el fruto de su robo. Si a los ocho o 10 alcaldes sucesivos de Bogotá responsables por acción o por omisión de que los siete millones de habitantes de la ciudad estemos a punto de quedarnos sin agua se les hiciera pagar de su bolsillo lo que eso cuesta, no cabe duda de que el próximo alcalde construiría los túneles bien. Quiero decir, robaría, pero dejaría las obras más o menos bien hechas, como sucede en otros países del mundo. La corrupción se reduciría "a sus justas proporciones", tal como anunciaba hace 20 años en una revolucionaria (e incumplida) promesa electoral el entonces candidato presidencial "de los más capaces y los más honestos", doctor Turbay Ayala. Nuestros políticos serían menos ricos, y tendrían menos condominios en Miami; pero en cambio Colombia tendría acueductos, carreteras, puentes, puertos, hospitales: todo eso que no tiene, porque se lo robaron antes de construirlo.Un ejemplo: por cobrar comisiones sobre los mármoles usados en la edificación del Partenón de Atenas fue juzgado Pericles hace 2.500 años. Y parece ser que sí, que se había robado una platica. Pero 25 siglos después el Partenón sigue siendo una de las maravillas del mundo: no se ha caído. El túnel de Chingaza, que costó mucho más que el Partenón, no aguantó ni 20 años. Y un ejemplo local: el rey Carlos III de España se asombraba de no poder ver desde sus ventanas, al otro lado del océano, las murallas de Cartagena, que deberían ser visibles desde la Tierra entera a juzgar por la fortuna que le estaban costando. No se veían, porque los funcionarios encargados de hacerlas habían robado mucho. Pero si uno se acerca, las murallas todavía están ahí, tan imponentes (aunque militarmente tan inútiles) como en la época de su construcción, hace tres siglos. El túnel de Chingaza, que no tiene ni 20 años, ya no esta ahí.Pero viene la segunda parte: que no les van a poner ni siquiera una multa a los responsables, y que si por algún milagro se la ponen no la van a pagar. Un ejemplo: hace tres meses o cuatro le pusieron una multa al ex alcalde de Bogotá Andrés Pastrana por haber sido responsable de multimillonarias pérdidas sufridas por el Distrito por cuenta de una planta asfáltica mal contratada por él, y que se hizo mal o no se hizo, pero se pagó con creces. Y no se ha vuelto a saber nada al respecto: ni si Pastrana pagó la multa, ni si la demandó, ni si se la perdonaron, ni si la cosa está en trámite, los medios de prensa que cuentan con unidades investigativas (no es el caso de un columnista suelto) deberían haber hecho un seguimiento del tema: no lo han hecho.Pero la multa (creo que eran 1.000 millones) no debe de haber sido cobrada, porque el doctor Pastrana estaría pataleando como un loco y denunciando a Samper.(A propósito: ¿por qué no paga Samper multas por todos los costos que la descertificación de los gringos va a infligirle al país? A lo mejor el monopolio de obleas que montaron sus niños en Palacio da incluso para eso).Lo mismo que sucede con Pastrana, o con Samper, sucede de arriba abajo con todos los funcionarios del Estado, en las tres ramas irresponsables y felices del poder. Ningún funcionario colombiano ha pagado jamás una mísera multa por algo que haya hecho mal, y en consecuencia haya salido costándole dinero al Estado. Al erario. A todos los contribuyentes. Un último ejemplo. A cada rato vemos que la Nación es obligada por sentencia judicial a pagar gruesas sumas medidas en gramos de oro a la familia de algún desaparecido, torturado o asesinado por las fuerzas del orden. Paga la Nación: todos nosotros. Pero no vemos nunca que los directamente responsables de la desaparición, la tortura o el asesinato paguen un centavo de su propio bolsillo (salvo la cuota parte que les corresponda en su calidad de contribuyentes). Si al sargento, o al general, o al ministro de Defensa de turno le cobraran entera la indemnización, en ese mismo instante dejaría de haber torturas y desapariciones en este país.Pero aquí nadie paga. Aquí nadie es responsable. Aquí nadie renuncia (salvo para lanzar su candidatura presidencial). Aquí nadie pide cuentas. Y al que las pide lo descalifican llamándolo 'negativista'.Por eso en Colombia lo más parecido al Partenón que tenemos es esa pirámide que mandó edificar para su tumba la gobernadora de Cundinamarca con la plata de la Beneficencia. Y podría apostar cualquier cosa a que esa pirámide no va a durar ni la décima parte de lo que han durado las pirámides de Egipto.