EL PASTORCITO MENTIROSO

EL CRUCE DE VERSIONES ENTRE EL GObierno nacional y la Alcaldía de Bogotá sobre las cifras que le corresponden a la capital en el plan de desarrollo puso al desnudo una práctica del gobierno del presidente Ernesto Samper -más generalizada de lo deseable- que consiste en inflar sus méritos en materia de inversión social.
Las primeras versiones que soltó el gobierno indicaban que el presidente Samper había resuelto asignarle a Bogotá la impresionante cifra de 3.7 billones de pesos, cerca de un 10 por ciento del valor total del plan. La emoción empezó a enfriarse un tanto cuando se supo que no eran 3.7 sino 2.3 billones. Aunque, de todas maneras, se trataba de una cantidad a la que tampoco había que hacerle malos ojos.
Pero luego la secretaria de Hacienda del Distrito, Carmenza Saldías, descorrió el velo de todo el asunto. Explicó con sencillez y claridad que de la cifra de 2.3 billones, más de la mitad -1.3 billones- correspondían al valor de las transferencias que por orden de la Constitución y la Ley le corresponden a Bogotá por derecho propio. Pero como si lo anterior fuera poco, la secretaria Saldías agregó que, del billón restante, una cifra del orden de los 400.000 millones de pesos estaba representada en inversiones en edificios de entidades del orden nacional en la capital. Una tercera parte de los 600.000 millones que quedan corresponden, además, a la participación en cupos de financiamiento relativamente teóricos.
Es decir que, para este caso, el más ilustrativo pero no el único, el aporte real del gobierno nacional es de 300.000 millones de pesos, lo que significa menos de una décima parte de lo que se presentó inicialmente.
Algo similar ocurrió cuando el alto gobierno estuvo sesionando en La Guajira. Allí se anunció que esta administración invertiría 800.000 millones de pesos en ese departamento en todo el cuatrienio, lo cual despertó la natural felicidad de los lugareños. Pero a los pocos días empezaron a aparecer los estudiosos, quienes están señalando que tan jugosa cifra no corresponde a la generosidad de Samper con el pueblo guajiro, sino a las transferencias por regalías de petróleo y gas. Y estas transferencias serían recibidas por La Guajira, en el mismo monto y oportunidad, con este o cualquier otro gobierno, pues es un derecho anterior e independiente de la voluntad presidencial.
El gobierno está exponiendo la tendencia a querer mostrar como suyas inversiones sociales que no lo son. A lo que conduce este equívoco es a desinflar las expectativas cuando las cifras de verdad se conocen, como ocurrió con el caso de Bogotá. La realidad es que el presupuesto vale casi 40 billones de pesos y cerca de 23 de estos corresponden a inversión social. Y la mitad de esto es la contabilización de las transferencias que la Nación debe hacer a los municipios para inversión social por orden de la Constitución del 91.
Pero el hecho de que el gobierno esté blofeando no significa que no exista una significativa inversión social por decisión del presidente Samper. De acuerdo con el cálculo de algunos expertos, en esta administración este tipo de inversión aumentó en tres puntos, de 8 a 11, en la participación porcentual en el Producto Interno Bruto. A esto hay que sumarle el proceso de control de la inflación a través del llamado Pacto Social. exitoso hasta la fecha.
Esto quiere decir que hay una novedad evidente en esta materia con respecto a administraciones anteriores, lo que significa que el Salto Social de este gobierno no es palabrería hueca. Además, hay consenso sobre la necesidad de esta actitud y sobre la dosis de justicia que encierra.
Lo reprochable es que se creen falsas expectativas sobre la dimensión real de las inversiones, y lo peligroso es que ese comportamiento termine convertido en el peor enemigo del Salto Social, pues le puede ocurrir, como al pastorcito mentiroso, que nadie le va a reconocer el mérito cuando el discurso sea verdad.