opinión

John Milton Rodríguez Columna Semana
John Milton Rodríguez. Bogotá Febrero 14 de 2022. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

¿El poder para qué?

Tengo muy claro que ninguna estructura política, cargo público o privado, e incluso aspiración o carrera política están por encima de las causas superiores de nuestra nación.


Por: John Milton Rodríguez

Por John Milton Rodríguez González

El poder tras obtener las mayorías debe honrar el amparo que otorga la Constitución y la ley, y no puede ser usado para legitimar la criminalidad, o la defensa de funcionarios ineptos. Es necesario entonces concientizarnos de que el poder debe obedecer la ley y bajo ese marco servirle a la ciudadanía.

La mayoría de los colombianos no estamos de acuerdo con la politiquería corrupta basada en repartir la mermelada del Presupuesto General de la Nación, para garantizar la gobernabilidad que permite aprobar las reformas en el Congreso de la República, como tampoco la pretensión de establecer un régimen destructor, soportado en ideologías neocomunistas que nunca han funcionado bien en ninguna parte del mundo, más que para generar miseria y crisis humanitaria.

Este tipo de amenazas se acentúan con la conveniencia politiquera de unos, sumado al silencio cómplice, indiferencia o cobardía de otros.

A todos los colombianos que han votado, pero que están defraudados de la incoherencia de la casta política tradicional, y a los que no han participado o se han aislado, pero ven con apatía estos procesos, los animo a que construyamos con determinación desde las regiones, una política basada en convicciones con principios y valores, junto con un liderazgo responsable que nos permita conquistar un mejor mañana.

Ahora más que nunca debemos consolidar una coalición que defienda la República de un corrupto e inútil panorama basado en el discurso de “quedar bien con todo el mundo”, la legitimización de actores criminales como víctimas de una “injusta sociedad”, y la promoción de nuevas negociaciones de paz que promueven la anarquía, reconociendo derechos inexistentes en nuestra Constitución, como está sucediendo en el campo y las ciudades de nuestro país, vulnerado de manera flagrante el derecho a la propiedad privada, a la vida, a la familia y lo más delicado: a la libertad.

Pretender resolver los problemas socioeconómicos con mayor carga tributaria a aquellos que asumen riesgos patrimoniales para generar riqueza y empleo es absurdo, así como lo es restar el poder adquisitivo de los consumidores, pasar por encima de los derechos adquiridos de los pensionados, o la errática postura frente al Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (FEPC), donde anuncian simplemente subir el precio de la gasolina corriente, dejando por fuera de la ecuación las utilidades generadas por el mayor precio internacional del petróleo a nosotros como país productor, y olvidando el impacto inevitable en los productos de la canasta familiar. Esto sin duda es exponernos a una inestabilidad económica y social de incalculables proporciones.

No se puede concebir que a quien delinca se le ofrezca 800.000 pesos para que deje de hacerlo, cuando hay millones de personas trabajando en Colombia de manera honrada y nueve millones de víctimas sin ser reivindicadas.

Los diálogos regionales, bajo el concepto de vinculantes para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo, deben ser asumidos con las garantías de tomar en cuenta las distintas visiones y construir consensos, sobre todo teniendo en cuenta que el gobierno elegido ganó por un estrecho margen.

Tengo muy claro que ninguna estructura política, cargo público o privado, e incluso aspiración o carrera política están por encima de las causas superiores de nuestra nación.

La vida es digna solo cuando se agrada a Dios, respetando a nuestro prójimo, buscando siempre la verdad, y la justicia para ejercer el uso del poder.

Avancemos con absoluta determinación para lograr un desarrollo responsable de nuestra nación.