El problema de la defensa judicial del Estado

te ocasional: sus abogados no suelen ser los mejores y sobre todo no acumulan experiencias ni desarrollan estrategias de largo aliento, entre otras razones porque cambian con frecuencia y no están bien organizados.

Esta paradoja es grave pues tiene implicaciones muy serias sobre los dineros públicos y sobre la igualdad.

Así, el Estado pierde muchos pleitos, sobre todo cuando se enfrenta con otros litigantes frecuentes privados, como los grandes contratistas, porque estos sí aprovechan sus recursos y su experiencia. La situación es peor cuando el Estado es demandado en tribunales de arbitramento, pues no sólo el Estado suele estar mal representado, sino que se enfrenta a una justicia privada que en muchos casos está administrada precisamente por los abogados que son expertos en representar a las empresas en los pleitos contra el Estado.

Las pérdidas globales para el erario son cuantiosas. En cambio, el Estado tiende a ganar ante los litigantes ocasionales, que suelen ser trabajadores o pequeños contribuyentes. La inequidad es entonces evidente. Muchas veces el Estado pierde los procesos que sería justo que ganara, por ejemplo frente a ciertos contratistas que licitan únicamente para poder demandar posteriormente, asesorados de los mejores abogados. En cambio, el Estado gana muchos otros litigios, que tal vez lo justo es que perdiera, por ejemplo frente a trabajadores que reclaman sus prestaciones pero que recurren a abogados sin pericia.

La actual situación plantea un desafío: es necesario diseñar estrategias que permitan que el Estado colombiano aproveche su experiencia como litigante frecuente para que sea más exitoso judicialmente y deje de ser el litigante novato que es hoy en día.

Eso es difícil, pero no imposible; existen algunas experiencias de las cuales es posible aprender cosas positivas, como los intentos en los últimos años de la secretaría general del Distrito por mejorar la defensa jurídica de Bogotá. Además, algunos te ocasional: sus abogados no suelen ser los mejores y sobre todo no acumulan experiencias ni desarrollan estrategias de largo aliento, entre otras razones porque cambian con frecuencia y no están bien organizados.

Esta paradoja es grave pues tiene implicaciones muy serias sobre los dineros públicos y sobre la igualdad.

Así, el Estado pierde muchos pleitos, sobre todo cuando se enfrenta con otros litigantes frecuentes privados, como los grandes contratistas, porque estos sí aprovechan sus recursos y su experiencia. La situación es peor cuando el Estado es demandado en tribunales de arbitramento, pues no sólo el Estado suele estar mal representado, sino que se enfrenta a una justicia privada que en muchos casos está administrada precisamente por los abogados que son expertos en representar a las empresas en los pleitos contra el Estado.

Las pérdidas globales para el erario son cuantiosas. En cambio, el Estado tiende a ganar ante los litigantes ocasionales, que suelen ser trabajadores o pequeños contribuyentes. La inequidad es entonces evidente. Muchas veces el Estado pierde los procesos que sería justo que ganara, por ejemplo frente a ciertos contratistas que licitan únicamente para poder demandar posteriormente, asesorados de los mejores abogados. En cambio, el Estado gana muchos otros litigios, que tal vez lo justo es que perdiera, por ejemplo frente a trabajadores que reclaman sus prestaciones pero que recurren a abogados sin pericia.

La actual situación plantea un desafío: es necesario diseñar estrategias que permitan que el Estado colombiano aproveche su experiencia como litigante frecuente para que sea más exitoso judicialmente y deje de ser el litigante novato que es hoy en día.

Eso es difícil, pero no imposible; existen algunas experiencias de las cuales es posible aprender cosas positivas, como los intentos en los últimos años de la secretaría general del Distrito por mejorar la defensa jurídica de Bogotá. Además, algunos estudios, como el realizado por nuestros colegas Diego López y Helena Alviar precisamente sobre esa experiencia, han planteado propuestas que buscan una defensa del Estado que sea "más moderna y más eficiente desde el punto de vista burocrático y más democrática e incluyente desde el punto de vista social". Estas propuestas -y otras encaminadas al mismo propósito- ameritan ser reflexionadas y discutidas El debate queda abierto.

* Profesor Universidad Nacional, miembro del Centro de Estudios DJS.

**te ocasional: sus abogados no suelen ser los mejores y sobre todo no acumulan experiencias ni desarrollan estrategias de largo aliento, entre otras razones porque cambian con frecuencia y no están bien organizados.

Esta paradoja es grave pues tiene implicaciones muy serias sobre los dineros públicos y sobre la igualdad.

Así, el Estado pierde muchos pleitos, sobre todo cuando se enfrenta con otros litigantes frecuentes privados, como los grandes contratistas, porque estos sí aprovechan sus recursos y su experiencia. La situación es peor cuando el Estado es demandado en tribunales de arbitramento, pues no sólo el Estado suele estar mal representado, sino que se enfrenta a una justicia privada que en muchos casos está administrada precisamente por los abogados que son expertos en representar a las empresas en los pleitos contra el Estado.

Las pérdidas globales para el erario son cuantiosas. En cambio, el Estado tiende a ganar ante los litigantes ocasionales, que suelen ser trabajadores o pequeños contribuyentes. La inequidad es entonces evidente. Muchas veces el Estado pierde los procesos que sería justo que ganara, por ejemplo frente a ciertos contratistas que licitan únicamente para poder demandar posteriormente, asesorados de los mejores abogados. En cambio, el Estado gana muchos otros litigios, que tal vez lo justo es que perdiera, por ejemplo frente a trabajadores que reclaman sus prestaciones pero que recurren a abogados sin pericia.

La actual situación plantea un desafío: es necesario diseñar estrategias que permitan que el Estado colombiano aproveche su experiencia como litigante frecuente para que sea más exitoso judicialmente y deje de ser el litigante novato que es hoy en día.

Eso es difícil, pero no imposible; existen algunas experiencias de las cuales es posible aprender cosas positivas, como los intentos en los últimos años de la secretaría general del Distrito por mejorar la defensa jurídica de Bogotá. Además, algunos estudios, como el realizado por nuestros colegas Diego López y Helena Alviar precisamente sobre esa experiencia, han planteado propuestas que buscan una defensa del Estado que sea "más moderna y más eficiente desde el punto de vista burocrático y más democrática e incluyente desde el punto de vista social". Estas propuestas -y otras encaminadas al mismo propósito- ameritan ser reflexionadas y discutidas El debate queda abierto.

* Profesor Universidad Nacional, miembro del Centro de Estudios DJS.

**El texto de Galanter fue publicado en 1974 en la revista Law and Society. Fue publicado en español dentro del libro editado por Mauricio Villegas. Sociología jurídica: teoría y sociología del derecho en Estados Unidos. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2001. En Colombia, en el punto 3 del artículo 'te ocasional: sus abogados no suelen ser los mejores y sobre todo no acumulan experiencias ni desarrollan estrategias de largo aliento, entre otras razones porque cambian con frecuencia y no están bien organizados.

Esta paradoja es grave pues tiene implicaciones muy serias sobre los dineros públicos y sobre la igualdad.

Así, el Estado pierde muchos pleitos, sobre todo cuando se enfrenta con otros litigantes frecuentes privados, como los grandes contratistas, porque estos sí aprovechan sus recursos y su experiencia. La situación es peor cuando el Estado es demandado en tribunales de arbitramento, pues no sólo el Estado suele estar mal representado, sino que se enfrenta a una justicia privada que en muchos casos está administrada precisamente por los abogados que son expertos en representar a las empresas en los pleitos contra el Estado.

Las pérdidas globales para el erario son cuantiosas. En cambio, el Estado tiende a ganar ante los litigantes ocasionales, que suelen ser trabajadores o pequeños contribuyentes. La inequidad es entonces evidente. Muchas veces el Estado pierde los procesos que sería justo que ganara, por ejemplo frente a ciertos contratistas que licitan únicamente para poder demandar posteriormente, asesorados de los mejores abogados. En cambio, el Estado gana muchos otros litigios, que tal vez lo justo es que perdiera, por ejemplo frente a trabajadores que reclaman sus prestaciones pero que recurren a abogados sin pericia.

La actual situación plantea un desafío: es necesario diseñar estrategias que permitan que el Estado colombiano aproveche su experiencia como litigante frecuente para que sea más exitoso judicialmente y deje de ser el litigante novato que es hoy en día.

Eso es difícil, pero no imposible; existen algunas experiencias de las cuales es posible aprender cosas positivas, como los intentos en los últimos años de la secretaría general del Distrito por mejorar la defensa jurídica de Bogotá. Además, algunos estudios, como el realizado por nuestros colegas Diego López y Helena Alviar precisamente sobre esa experiencia, han planteado propuestas que buscan una defensa del Estado que sea "más moderna y más eficiente desde el punto de vista burocrático y más democrática e incluyente desde el punto de vista social". Estas propuestas -y otras encaminadas al mismo propósito- ameritan ser reflexionadas y discutidas El debate queda abierto.

* Profesor Universidad Nacional, miembro del Centro de Estudios DJS.

**El texto de Galanter fue publicado en 1974 en la revista Law and Society. Fue publicado en español dentro del libro editado por Mauricio Villegas. Sociología jurídica: teoría y sociología del derecho en Estados Unidos. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2001. En Colombia, en el punto 3 del artículo 'te ocasional: sus abogados no suelen ser los mejores y sobre todo no acumulan experiencias ni desarrollan estrategias de largo aliento, entre otras razones porque cambian con frecuencia y no están bien organizados.

Esta paradoja es grave pues tiene implicaciones muy serias sobre los dineros públicos y sobre la igualdad.

Así, el Estado pierde muchos pleitos, sobre todo cuando se enfrenta con otros litigantes frecuentes privados, como los grandes contratistas, porque estos sí aprovechan sus recursos y su experiencia. La situación es peor cuando el Estado es demandado en tribunales de arbitramento, pues no sólo el Estado suele estar mal representado, sino que se enfrenta a una justicia privada que en muchos casos está administrada precisamente por los abogados que son expertos en representar a las empresas en los pleitos contra el Estado.

Las pérdidas globales para el erario son cuantiosas. En cambio, el Estado tiende a ganar ante los litigantes ocasionales, que suelen ser trabajadores o pequeños contribuyentes. La inequidad es entonces evidente. Muchas veces el Estado pierde los procesos que sería justo que ganara, por ejemplo frente a ciertos contratistas que licitan únicamente para poder demandar posteriormente, asesorados de los mejores abogados. En cambio, el Estado gana muchos otros litigios, que tal vez lo justo es que perdiera, por ejemplo frente a trabajadores que reclaman sus prestaciones pero que recurren a abogados sin pericia.

La actual situación plantea un desafío: es necesario diseñar estrategias que permitan que el Estado colombiano aproveche su experiencia como litigante frecuente para que sea más exitoso judicialmente y deje de ser el litigante novato que es hoy en día.

Eso es difícil, pero no imposible; existen algunas experiencias de las cuales es posible aprender cosas positivas, como los intentos en los últimos años de la secretaría general del Distrito por mejorar la defensa jurídica de Bogotá. Además, algunos estudios, como el realizado por nuestros colegas Diego López y Helena Alviar precisamente sobre esa experiencia, han planteado propuestas que buscan una defensa del Estado que sea "más moderna y más eficiente desde el punto de vista burocrático y más democrática e incluyente desde el punto de vista social". Estas propuestas -y otras encaminadas al mismo propósito- ameritan ser reflexionadas y discutidas El debate queda abierto.

* Profesor Universidad Nacional, miembro del Centro de Estudios DJS.

**El texto de Galanter fue publicado en 1974 en la revista Law and Society. Fue publicado en español dentro del libro editado por Mauricio Villegas. Sociología jurídica: teoría y sociología del derecho en Estados Unidos. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2001. En Colombia, en el punto 3 del artículo 'Entre el protagonismo y la rutina: analisis sociojurídico de la justicia en Colombia',