Bien dice el adagio popular que “El que tiene plata marranea y el que no, arrea”. Los lujos y excesos, elementos característicos de las clases altas colombianas, que sin importar las normas o el bienestar colectivo les han permitido apropiarse de los tesoros ambientales de los bogotanos para satisfacer sus excentricidades, como la construcción de lujosas mansiones en la zona de reserva de Cerros Orientales.

A excentricidades me refiero a lo que viene pasando en la zona de Bagazal, un sector identificado por la Secretaría Distrital del Hábitat como el polígono de monitoreo 17, denominado Bosque Rosales–Club Metropolitan, en el que se encuentran 39 ocupaciones ilegales, la mayoría de ellas con megaconstrucciones en extremo lujo y como pocas en el país.

Las áreas de reserva forestal son, por mandato constitucional, inoponible, imprescriptibles, inalienables e inembargables. Las más de 13.400 hectáreas de zona de reserva de Cerros Orientales cuentan hoy con más de 60 ocupaciones ilegales.

Desde el año 2013, con un famoso fallo del Consejo de Estado, producto de una acción popular, han sido cientos los expedientes, sentencias y conceptos que han emitido diferentes entidades administrativas, policivas y judiciales, con el fin de recuperar los terrenos usurpados. Ordenes de demolición, sentencias y condenas en primeras instancias, titulares de prensa que anuncian justicia ambiental y al final, como muchas cosas en nuestro país, nada en concreto.

En Bogotá hay más de 63 ordenes de demolición vigentes, sin que a la fecha se cuente con información de cuántas se han materializado, la restricción presupuestal y el elemento político son las causas centrales del problema, pues una sola demolición puede costar cerca de 1.000 millones pesos, y a vuelo pájaro, recuperar este sector de los Cerros podría costar al erario público más de 25 mil millones, sin contar con el proceso de restauración ecológica, presupuesto inexistente en cualquier entidad relacionada con el tema, sin contar con las recurrentes llamadas de prestigiosos y reputados políticos a funcionarios públicos de diferentes niveles.

Ser ingeniero ambiental, defensor del medio ambiente y de los Cerros, ahora alcalde de Chapinero, me ha permitido conocer en detalle la triste realidad administrativa y las miles de complejidades jurídicas que orbitan alrededor de la defensa de los recursos ambientales. Veo con tristeza cómo el predio objeto hoy de sanción en primera instancia por el Tribunal Superior de Bogotá fue investigado en pasadas administraciones, siendo archivadas estas con argumentos poco consistentes y superficiales, que abren un serio debate respecto de cómo quienes tienen poder y dinero pueden permear la administración pública y de justicia a beneficio propio.

La compra de los predios, como la construcción de las mansiones, han sido desarrolladas por empresas con objetos sociales dudosos y difusos y la representación legal de los titulares de los predios ha sido ejercida por prestigiosas firmas de abogados, quienes han empleado toda clase de estrategias dilatorias que dificultan el desarrollo de los procesos administrativos sancionatorios.

Quienes propendemos por la defensa del patrimonio ambiental de los bogotanos recibimos con alegría y entusiasmo el fallo del Tribunal Superior de Bogotá, que en principio representa un hito jurídico significativo en la lucha por la recuperación de los Cerros Orientales de la ciudad, pues se trata de la primera condena penal a los responsables de cometer los delitos ambientales de urbanización ilegal con daño en los recursos naturales agravado e invasión de áreas de especial protección ecológica.

Sin embargo, el fallo deja un sabor amargo que empaña el panorama de la justicia ambiental, pues abre la puerta a un recurso especial de apelación en segunda instancia, siendo esta la Corte Suprema de Justicia, donde ojalá el poder y el dinero no logren tener cabida con argumentos débiles y superfluos, y se permita reafirmar lo que se convertiría en el primer acto concreto de justicia ambiental con los Cerros de Bogotá, y permitiría marcar la pauta de la efectividad en la recuperación de este valioso y fundamental elemento de la estructura ecológica principal de los bogotanos.