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El secuestro: un problema político

El gobierno puede proponer una negociación realista que conduzca al desmonte definitivo del secuestro.

Semana
5 de octubre de 2008

Desde hace mas de una década la organización humanitaria IKV-Pax Christi (Holanda) ha venido investigando y buscando salidas al problema del secuestro. En su primer informe de 2001 sus tesis fundamentales eran que el secuestro es una industria que involucra a diversos sectores nacionales e internacionales además de la guerrilla, y que existe una corresponsabilidad, razón por la cual los gobiernos y las multinacionales extranjeras deben participar en políticas y acciones conjuntas con el Estado colombiano para poder erradicarlo.

Hoy la situación presenta una sensible mejoría. De 3000 secuestrados en 2000 se redujo a 520 en 2007. Sin embargo el problema persiste y a octubre de 2008 hay más de 3000 personas en cautiverio, y de más de la mitad no se sabe de su suerte; ni siquiera en manos de quien están. Es una emergencia humanitaria manifiesta.

En su segundo informe IKV-Pax Christi reconoce los avances de la política de Seguridad Democrática que en la práctica acabó con el secuestro político en las grandes ciudades y los secuestros masivos o “pescas milagrosas” en las carreteras. Evalúa el fracaso del secuestro como arma política por ser un obstáculo grande para el gobierno y la comunidad internacional en un diálogo de paz.
 
También dice: “Es muy probable que la liberación exitosa de Ingrid Betancourt, los tres norteamericanos y los once militares, va a estimular el uso del instrumento del rescate. Sin embargo, es obvio que la problemática del secuestro económico o político no se pueda resolver completamente a través del rescate. Para poder terminar la práctica del secuestro, por parte de los grupos armados ilegales, se requiere una solución negociada al problema”.

Esta organización propone que cualquier negociación debe conducir no sólo a la liberación de todos los secuestrados por razones económicas o políticas sino a la proscripción definitiva de esta práctica y al desmonte serio y organizado de la industria del secuestro.

Para que la guerrilla tenga una actitud colaboradora, es necesario que el gobierno proponga de negociación de paz realista, que reconozca que tanto las Farc como el Eln tienen una capacidad militar y financiera que les permite su permanencia en zonas del país, el mantenimiento de centenares de secuestrados y la fuerza suficiente para seguir secuestrando.

El gobierno colombiano también debe reconocer que existen sectores internacionales a los cuales no se les ha convocado todavía, que quieren colaborar en reconstruir las relaciones entre gobierno y guerrilla para generar condiciones de confianza y garantías que permitan el inicio de una negociación seria.


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