El síndrome de resignación democrática

A raíz del proceso de desmovilización de los paramilitares y de la aprobación de la llamada ley de Justicia y Paz, se empieza a dar en Colombia un fenómeno que llamaré 'Síndrome de resignación democrática'. Los puntos de vista de dos destacados intelectuales son un buen ejemplo de este cambio de actitud.
 
En efecto, tanto Eduardo Pizarro -hoy presidente de la Comisión de Reparación y  Reconciliación- como Iván Orozco, profesor de Ciencia Política de los Andes, han sostenido públicamente que la Ley de Justicia y Paz es un buen punto de partida para iniciar un proceso de reconciliación nacional en medio del conflicto, donde las concesiones a la justicia y a la verdad son razonables y entendibles en el proceso democrático de un país como Colombia. Se puede deducir de sus declaraciones que en las circunstancias actuales era difícil obtener una ley más equilibrada que la aprobada por el Congreso de la República, y de ahí su valía y su legitimidad.

Pizarro no sólo ha defendido públicamente las bondades de la ley, sino que ha sugerido que una excesiva ponderación del derecho a las víctimas podría ser contraproducente para el proceso de paz. Orozco, por su parte, ha señalado que una vez aprobada la ley, es deber de las organizaciones de derechos humanos trabajar con ella sin cuestionar su legitimidad. Ambos, a su manera, han relativizado las posibilidades que ofrece el derecho internacional de derechos humanos y sobreestimado los resultados de la acción política bajo la premisa no explícita de la especificidad de la situación colombiana que parecería estar al margen de la discusión mundial sobre la justicia en situaciones de conflicto. Orozco ha agregado que el movimiento internacional de derechos humanos se ha formado en el contexto de conflictos de victimización vertical -donde se sabe quiénes son los buenos y quiénes los malos, como en las dictaduras- y que no es viable aplicar en Colombia ese enfoque, donde lo que existe es un proceso de victimización horizontal: muchos victimarios han sido víctimas, y viceversa.

No estoy de acuerdo. Creo que se puede cuestionar la legitimidad de la Ley de Justicia y Paz, tanto por la forma como fue aprobada, como por los fines que se propone. Otra cosa es que por razones de pragmática política aceptemos su contenido como un mal menor, argumento que está bien como planteamiento de parte de un gobierno, pero no sé si por parte de intelectuales que han dado evidencias de compromiso democrático. Si tomamos como cierta la cifra del porcentaje de representatividad de los grupos paramilitares en el Congreso de la República vs. la nula representatividad de las víctimas en el debate democrático, podríamos decir que esas víctimas tienen el derecho de no sentirse representadas en esa ley. Someterse al designio de la mayoría es un sacrificio adicional que se les exige en nombre de la sostenibilidad de la democracia y de la reconciliación nacional.

Lo cierto es que las víctimas de la violencia en Colombia, las de ayer y las de hoy, son una minoría discriminada que no tiene posibilidad de hacerse oír en el debate democrático. Además, son una minoría discriminada por partida doble. No sólo el Estado no les aseguró el derecho a la vida y a la integridad cuando fueron objeto de ataques violentos por parte de distintos grupos armados ilegales, sino que en el proceso de deliberación que dio origen a la ley, sus legítimas expectativas de justicia y verdad no fueron atendidas de manera razonable. La misma conformación de la Comisión tampoco es suficientemente representativa.

Uno de los argumentos que se han usado para deslegitimar el derecho de las víctimas a la verdad y a la justicia, de parte de quienes defienden la importancia de la ley -y no es el caso de Pizarro y Orozco- radica en que no es deseable entrar en una cadena interminable de venganzas recíprocas. En que no es deseable conocer la verdad porque ella no nos llevaría a buen puerto. En el caso de las dictaduras como en Chile y en Brasil, eso fue posible gracias a que los victimarios perdieron importancia política y dentro de la democracia se aprobaron leyes contrarias a sus intereses. En el caso de Colombia, los paramilitares -y qué decir de las guerrillas- no han sido derrotados ni política, ni militar, ni moralmente, y por eso imponen condiciones que las víctimas están en su derecho de no aceptar. 

No puedo compartir el entusiasmo de Pizarro y de Orozco, no puedo acompañarlos en esta suerte de abdicación ética. La democracia no sólo se legitima en sus procedimientos, sino también en sus resultados, y la Ley de Justicia y Paz es el resultado de una derrota ética y política de las víctimas propiciada por un gobierno y un sistema político que han hecho como universales y válidos los valores de un poder que, como ha señalado atinadamente el propio Orozco, ha triunfado en su contra-revolución conservadora. 

Cuando la democracia no es lo suficientemente democrática, el déficit de representatividad -en este caso de las víctimas- se debe corregir con otros dispositivos como el de la tutela de los tribunales constitucionales del derecho fundamental a la justicia, o el de los tribunales internacionales de derechos humanos para, de esa manera, equilibrar el contenido ético de las decisiones soberanas de los países. Esa es una aspiración legítima que en modo alguno excluye la posibilidad de contribuir a una buena implementación de la ley. Y no es una manifestación de "fundamentalismo justiciero", como lo ha llamado algún otro analista.

Esa es la gran lección del derecho internacional de los derechos humanos luego de la Segunda Guerra Mundial: que la democracia se legitima y se fortalece en el respeto de los derechos de todos los que hacen parte de ese pacto social institucionalizado en el Estado.

Lo cierto es que la ley de Justicia y Paz establece unos estándares muy altos de sacrificio para las víctimas y unos muy flexibles para los victimarios. Y no basta el poder de la democracia -ni el prestigio de algunos intelectuales- para que aceptemos eso como justo.

* jicuervo@cable.net.co