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Opinión

  • | 2006/01/27 00:00

    El Triángulo de Hierro

    Juan Carlos Palou, experto en temas anticorrupción, analiza las propuestas "contra la politiquería" de los candidatos a la Presidencia

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La lectura de las primeras propuestas de los precandidatos a la Presidencia de la República, permite concluir que el tema de la corrupción no va a tener mucho protagonismo en la próxima contienda electoral. Sólo Rodrigo Rivera y Antonio Navarro hacen directa alusión al asunto. El primero propone un gran pacto entre los partidos políticos para erradicar la violencia, la corrupción y la pobreza; el segundo, más concreto, propone una drástica reforma a la ley de contratación administrativa, la despolitización de los órganos de control, sobre todo en el nivel territorial, y la implementación de presupuestos participativos en todos los niveles del Estado. En cuanto a Mockus, si bien no se refiere directamente al tema, se puede considerar incluido en su propuesta de iniciar un "proceso por la legalización de Colombia". Para ello propone apoyarse en la familia como principal fuente de regulación de los comportamientos cotidianos. Los demás candidatos se refieren a la corrupción de manera apenas tangencial.

Aunque es prematuro pronosticar que el tema mantendrá ese bajo perfil durante toda la campaña por la Presidencia, cabe preguntarse si esta poca relevancia inicial se debe a que el Gobierno ha tenido un buen desempeño en la lucha contra la corrupción. Si eso no fuera así, las fallas de Uribe serían un "Talón de Aquiles" explotable por los contrincantes para obtener réditos electorales.

La verdad es que el gobierno ha sido más bien discreto en este frente. Su éxito podría sintetizarse en que ha demostrado habilidad para esquivar los costos políticos derivados de los problemas de corrupción, pero sin tener una elaborada estrategia para resolver de fondo esos mismos problemas. Además, aunque ha sufrido algunos notables "traspiés" éstos no han sido interpretados como prueba de complicidad o de falta de voluntad política para combatir la corrupción. La derrota del referendo contra el "clientelismo y la corrupción" ejemplifica muy bien esa situación. El Presidente se empleó a fondo para lograr su aprobación, pero fracasó en las urnas.
Las denuncias de manipulación de la nómina del servicio exterior o de las partidas presupuestales regionales para garantizar la aprobación en el Congreso del proyecto de reelección, en un ambiente altamente politizado, terminaron apareciendo como pataleos de la oposición o como "males necesarios" ante las dimensiones de la apuesta reeleccionista.

El escándalo del control de los paramilitares sobre los recursos del régimen subsidiado en salud, no le hizo mucha mella al Presidente. En asocio con la Fiscalía, actuó con rapidez y los hechos reforzaron la tesis, sostenida por el mismo gobierno, de que la corrupción se ha trasladado a la periferia debido a la descentralización.

Por otra parte, algunos hechos que amenazaron con convertirse en escándalos, fueron rápidamente neutralizados por las renuncias de los altos funcionarios señalados o por la reversión de decisiones controvertidas. No sobra mencionar que en las últimas mediciones de percepción de corrupción y de gobernabilidad de Transparencia Internacional y del Banco Mundial, respectivamente, el país mejoró levemente su calificación, aunque en las mediciones de desempeño efectuadas por Transparencia por Colombia (socio local del Transparencia Internacional) los resultados no han sido tan halagadores. 

Cabe preguntarse si en el futuro esa tibia estrategia de "contención" del problema será viable o si la lucha contra la corrupción tendrá que ser asumida con mayor énfasis y compromiso por cualquiera que sea el próximo gobierno. De hecho el Programa Presidencial Anticorrupción ha promovido los Pactos por la Transparencia en todos los departamentos del país y en el 30% de los municipios, con lo cual agita el tema de la corrupción en lo local y le permite al gobierno central mostrarse activo en ese frente.

En mi opinión, un indicio de que el tema adquirirá protagonismo se puede encontrar en el hecho de que todos los candidatos, sin excepción, se refieren a la necesidad de llevar a cabo una reforma tributaria "estructural" o "integral" o "progresiva y justa". Es claro que el intento de aumentar los ingresos fiscales, por racional y necesario que pueda parecer el propósito, enfrentará la resistencia de ciudadanos y empresarios. Estos, con seguridad, condicionarán la aceptación de la reforma a una estrategia eficaz de lucha contra la corrupción.

Entre los precandidatos, Mockus es el único que abiertamente asocia la reforma tributaria con la corrupción al afirmar que tal reforma deberá estar acompañada de un proceso pedagógico orientado a "aumentar la confianza pública en el uso de lo tributado". Y es que aunque son válidas las dudas sobre la verosimilitud de unas cifras que intentan dimensionar hechos ocultos, invisibles o cuando menos opacos, no es desdeñable que el Banco Mundial estime los costos de la corrupción en Colombia en un 3% del PIB. Ese costo, desde luego, es atribuible a la "gran corrupción" y no a la "pequeña", pues frente a esta última el país ha tenido reconocidos avances. 
Por ello adquiere relevancia la excelente aproximación contenida en el libro sobre la "La lucha anticorrupción en Colombia", publicado por la Contraloría General de la República, como producto de la investigación coordinada por el profesor Gabriel Misas Arango. Una de las ideas más fuertes del mismo, que es simultáneamente diagnóstico y pauta de acción contra la "gran" corrupción, es que nuestro régimen político, con su tradición clientelista y particularista, ha creado las condiciones para el establecimiento de lo que los investigadores denominan el "triángulo de hierro de la corrupción". Los vértices de dicho triángulo son: los líderes políticos que requieren ingentes recursos financieros para renovar su poder electoral; los empresarios que aportan a las campañas con la aspiración de obtener retribución a través del presupuesto público, vía contratos leoninos, decisiones de política o control de entidades estratégicas; finalmente, los altos funcionarios del Estado, cuyo acceso y estabilidad en los cargos están condicionados a que cumplan el papel de mandatarios de sus jefes políticos.  Este panorama se complica por el narcotráfico y, en algunas regiones del país, por la presencia de actores tan poderosos como los paramilitares y la guerrilla, que se alimentan de las regalías o de los recursos de salud o infraestructura pública.

De lo anterior se concluye que una estrategia contra la gran corrupción que sea verdaderamente integral debe apuntar a romper dicho 'triángulo de hierro'.  Eso implica trabajar sobre la clase política, la alta administración pública y el mundo de los negocios. El libro mencionado contiene propuestas de reforma legal o medidas preventivas para atacar esa perversa coalición, algunas de las cuales están previstas en la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción que entró a regir en el mundo el 14 de diciembre de 2005.

Si, tal como se plantea aquí, es probable que la lucha contra la corrupción adquiera protagonismo al unísono con la casi inevitable reforma tributaria, el próximo gobierno, cualquiera que sea, debería utilizar las conclusiones de esa investigación para formular una estrategia realmente efectiva contra la gran corrupción y poner en obra las disposiciones de la Convención de Naciones Unidas que pueden sustentar las políticas de ataque a ese desangre nacional. 

Las opiniones contenidas en este artículo son estrictamente personales y no comprometen a la institución con la que trabaja el autor.

*coordinador de Proyectos Anticorrupción. Oficina de la ONU contra la droga y el delito (Unodc).

*Experto en temas anticorrupción, analiza las propuestas 'contra la politiquería' de los candidatos a la Presidencia.

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