Elecciones: maquinarias para todos los gustos

Hay candidatos que dicen que representan la nueva manera de hacer política y niegan acuerdos burocráticos con el fin de evitar cuestionamientos y mostrarse transparentes; otros se la juegan por lograr la mayor cantidad de alianzas posibles de diversas tendencias ideológicas con el fin de mostrar que son representativos de las mayorías, así tengan que comprometer algunos cargos. En esencia, se pretende lo mismo: atraer el electorado.
 
Aquellos que rechazan la tradicional forma de hacer política, que, según ellos, se basa en recibir apoyos electorales a cambio de la cesión de puestos importantes en la administración de ciudades y departamentos, privilegian las propuestas programáticas y advierten que toda adhesión está despojada de todo interés particular o privado. Quienes llegan allí están más interesados en un proyecto de largo plazo, en el que todos deben aportar para sacarlo adelante.
 
Del otro lado, están los que se han movido desesperadamente en sumar adeptos de diversas tendencias ideológicas queriendo mostrar con ello que son representativos, pluralistas e, incluso, tolerantes, pues tienen la capacidad de recibir en sus campañas sectores que, en el pasado, fueron opositores. Históricamente se ha evidenciado que quienes se mueven de esa manera están dispuestos a negociar la carga burocrática, circunstancia que se presta para cálculos no sólo políticos, sino económicos, de sectores codiciosos, tanto públicos como privados.
 
Lo que me pregunto al ver las dos maneras de hacer campañas es si, realmente, son tan distintas las unas de las otras, o, por el contrario, insisten en alejarse tanto que acaban tocándose irremediablemente.
 
Las maquinarias son necesarias en cualquier proceso electoral. No me cabe duda que los partidos políticos necesitan de una estructura jerárquica en la que deben trabajar, de manera mancomunada, los candidatos con aquellos que diseñan los lineamientos de la campaña y los que mueven las ideas en los barrios. ¿Se imaginan ustedes una campaña de muchos jefes y pocos obreros? ¿Quién haría el trabajo difícil, cotidiano, duro, de pregonar en las calles las bondades de un proyecto político?
 
Pero esas estructuras también requieren aportes económicos. Y allí las maquinarias también se requieren. ¿O acaso la plata para financiar una campaña llega por sí sola? Se necesita un grupo de personas que esté promoviendo a su candidato ante los industriales, ganaderos, comerciantes, transportadores, banqueros y grupos económicos. Ahí también hay que hacer un esfuerzo grande para lograr que todos ellos inviertan en un candidato.
 
Al revisar las discusiones electorales de los últimos años, los analistas políticos, las organizaciones no gubernamentales y los medios de información no le han dado un papel relevante al tema de los aportantes a las campañas de aquellos capitales considerados “legales” como parte de la maquinaria de una campaña política.

Desde hace un tiempo se nos habla de “infiltración mafiosa”, de “ilegales en las estructuras de poder”, como si esas organizaciones de tipo delictivo fueran las únicas interesadas en cooptar el poder local, regional o nacional. ¿Acaso el capital “legal” no se interesa en ello también? ¿Es mentira que algunos invierten en determinadas campañas con el fin de obtener privilegios en contratos con el Estado? ¿No se pagan esas “donaciones” con contratos públicos? Sería interesante que algunas instituciones dedicadas a la investigación político-electoral abordaran el asunto y cruzaran donantes de campañas con contratistas en un periodo determinado de gobernaciones y alcaldías. No dudo que algunos discursos políticos de aquellos que están en campaña y se proponen repetir perderían su valor argumentativo.
 
Ahora, por mucho que algunos sectores políticos nieguen las maquinarias, no pueden prescindir de ellas. Son tan necesarias que pensar en una campaña electoral sin un nivel mínimo de organización no es realista. Lo que si se debe preguntar es quiénes hacen parte de ella, a qué sectores representan, cuál es el rol que asumen durante el proceso electoral y, mejor aún, el que asumirán después de ganadas las elecciones. En la medida que se conozcan los integrantes de las maquinarias, los niveles de transparencia serán mayores o menores.
 
Y más allá de esas preguntas, también es importante conocer cómo se mueven las maquinarias en la calle, allá donde está el electorado. Y de nuevo volvemos al pasado y encontramos noticias relacionadas con la compra de votos, el pago de salarios a líderes barriales para que influyan en sus comunidades, ayudas materiales como mercados, tejas y ladrillos; o la promesa de puestos en la administración y contratos del Estado. Así se ha hecho política en este país y esa cultura es la que realmente pervive en todo proceso electoral.
 
¿Es posible romper ese círculo vicioso? No creo, aunque algunas campañas se precian de haberlo logrado. Lo que he visto es que son más sutiles gracias a una escala de influencias que es bien interesante. No necesariamente el candidato ganador es quien concreta ese tipo de acuerdos. Bajo él están los concejales que lo apoyaron y quienes reciben, en pago, cargos burocráticos.
 
Conozco un caso en el que para lograr un puesto en una entidad del orden municipal había que pedirle el puesto al concejal de un partido hegemónico en la coalición que respaldaba el gobierno municipal de turno y que tenía poder real sobre diversos cargos. Esa historia, sin nombres, se puede contar en ciudades donde gobernador personas que reivindicaron todo el tiempo la transparencia. No nos engañemos, ese tipo de acuerdos son necesarios, aún en las administraciones más transparentes, porque es una manera, en teoría, de blindarse. ¿Alguien, como gobernante, le daría un puesto clave a nivel local o regional, como las secretarías de Hacienda o Gobierno, a la oposición? No creo.
 
En esencia, siempre habrá maquinarias, lo que interesa conocer a fondo, aún después de que pase el día de elecciones, es qué tipo de actores se sumaron a ellas, sobre todo a las de las campañas que alcanzaron el triunfo en las urnas, con el fin de establecer los niveles de legalidad que tendrán los nuevos gobernantes locales y de vulnerabilidad ante influencias, tanto legales como ilegales.
 
(*) Periodista y docente universitario