Eligiendo a ciegas

El 20 de junio pasó, y llegó a su fin la legislatura del Congreso de la República. Sin embargo, la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional parece haber quedado entre el tintero. Hasta la fecha, el Gobierno ni siquiera ha hecho público el nombre de los tres integrantes de la terna que presentará ante el Senado para reemplazar al Magistrado Alvaro Tafur Galvis, quien abandona la Corte tras cumplirse su periodo.

Del otro lado de la frontera, en el Perú, la ciudadanía todavía no se recupera del remesón político que se desató la semana pasada después de que fuera anulada la elección de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional. Tras ser confirmados los nexos entre uno de los nominados y Vladimiro Montesinos, el Congreso, presionado por las bancadas opositoras, los medios y la opinión pública, resolvió anular por completo la elección. Este hecho, que se convirtió rápidamente en un escándalo nacional, puso en el centro del debate político dos temas relacionados con la nominación de jueces que ocuparán posiciones en las altas cortes. Primero, la idoneidad del sistema de elección de magistrados al tribunal constitucional, y segundo, el papel que juegan la opinión pública, así como los medios de comunicación y los partidos políticos, dentro de dicho proceso.

Si bien existen algunas diferencias entre los mecanismos de elección de los jueces del Tribunal Constitucional peruano y el caso de la Corte Constitucional colombiana, el debate que surgió en el Perú debería servir para que reflexionemos acerca de la importancia que tiene discutir abiertamente acerca de quienes serán los futuros jueces de la Corte Constitucional. La salida de Tafur Galvis es tan solo el abrebocas de un periodo de grandes cambios en la Corte Constitucional, con la salida de seis de sus nueve magistrados en el 2008. En este contexto, resulta clave que los ciudadanos conozcan desde ya algunos de los temas que están en juego con la elección de los magistrados, pues aun cuando estos no son elegidos por voto popular, el proceso de selección es un importante pulso político en el que la opinión pública, los medios de comunicación y los partidos políticos deberían desempeñar un papel determinante.

En primer lugar, está en juego la composición de un tribunal que ha tomado y tomará decisiones de gran impacto para nuestra sociedad. Estas decisiones están directamente relacionadas con el doble compromiso que tienen los tribunales constitucionales en relación con la materialización de la democracia: por un lado, deben garantizar la supremacía de la Constitución, y por el otro, asegurar que los derechos de los ciudadanos sean efectivamente protegidos. En el contexto político colombiano, este doble compromiso ha llevado a que la Corte Constitucional tome algunas de las decisiones judiciales más controvertidas de los últimos años, entre ellas, reelección, justicia y paz, aborto, y más recientemente el reconocimiento de los derechos patrimoniales de las parejas del mismo sexo.

En segundo lugar, está en juego la independencia judicial del tribunal, en la medida en que la elección de los magistrados de la Corte Constitucional trae consigo el encuentro de dos mundos que algunos prefieren seguir pensando como separados: justicia y política. Si es el Senado quien tiene en nuestro país el poder para elegir a los magistrados de la Corte Constitucional, de ternas presentadas por el Presidente, el Consejo de Estado y la Corte Suprema, entonces no se puede desconocer la dimensión política del proceso. Por lo tanto, si queremos garantizar la independencia de nuestro tribunal constitucional, debemos comenzar por asegurarnos de la independencia de los candidatos que buscan ocupar un puesto dentro del mismo.

En tercer lugar, está en juego el equilibrio de las fuerzas políticas dentro de la Corte Constitucional durante los próximos ocho años. En efecto, en un país donde las fuerzas políticas de la oposición al interior del legislativo y del ejecutivo representan tan sólo una minoría, y donde el Congreso se encuentra bajo examen por parte de la Corte Suprema de Justicia debido a los vínculos de varios de sus miembros con el paramilitarismo, no debería ser tomado a la ligera el siguiente hecho: los actuales miembros del Senado, serán los encargados de nombrar en menos de dos años a siete nuevos magistrados de la Corte Constitucional, los cuales permanecerán en ese cargo hasta el año 2017. Haciendo un poco de matemática, esto quiere decir que este Congreso elegirá al 77% de los Magistrados que ocuparán la Corte Constitucional hasta el final del periodo de Uribe y por dos periodos presidenciales más.

Sin embargo, el desconocimiento por parte de los ciudadanos frente a los procesos de elección de magistrados, no se limita al caso de la Corte Constitucional. La elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, también continúa siendo un tema de segunda categoría en la agenda de la opinión pública colombiana. Para la muestra un botón. ¿Cuántos colombianos sabrán que actualmente uno de los candidatos que aspira a ser elegido como Magistrado de la Sala Plena de la Corte Suprema, ha sido cuestionado por haber militado dentro del partido político al cual pertenecen varios de los congresistas investigados por ese mismo tribunal? Los ciudadanos tenemos no solamente el derecho, sino el deber de conocer – como mínimo – si los aspirantes a magistrados tienen potenciales conflictos de intereses que les impiden decidir de manera independiente y autónoma los casos que lleguen a sus despachos.

Lamentablemente, en Colombia, a diferencia de otros países, como es el caso de los Estados Unidos, no existe una cultura de la transparencia en la elección de jueces para las altas cortes del país, como tampoco un debate sobre la idoneidad de los candidatos. Mientras que los estadounidenses, a pesar de tener una Corte Suprema cuyos magistrados son elegidos de manera vitalicia por el presidente de turno, debaten públicamente el perfil de sus potenciales jueces, nosotros, aún cuando gozamos de un sistema de elección de los magistrados de la Corte Constitucional que garantiza cierto grado de representación democrática, ignoramos cuales son los debates detrás de la nominación de los miembros de la terna, así como los criterios de idoneidad que llevan al Senado a elegir a uno de los tres aspirantes.

Sin embargo, mientras la opinión pública no exija la visibilización de los candidatos, Colombia seguirá eligiendo magistrados a ciegas. Por lo tanto, la academia y los medios tienen el reto y la responsabilidad de difundir de manera rigurosa los aspectos de la vida de los futuros jueces que como ciudadanos nos concierne conocer. No se trata de someter a escrutinio público la vida de estos individuos, sino de reconocer que los magistrados, aún cuando no son elegidos democráticamente de manera directa, también son actores políticos dentro de las democracias contemporáneas.